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Hundido por sus abultadas deudas y pésimas administraciones, el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), tiene prácticamente sus días contados.
Una auditoría realizada por la Contraloría del Estado, encontró graves irregularidades en el manejo administrativo y áreas operativas, que literalmente hacen imposible que la empresa camionera estatal pueda seguir funcionando y aspirar a contar algún día con números negros.
La anterior gestión encabezada por Lázaro Salas, había dejado endeudada a la empresa paraestatal con 200 millones de pesos, lo que según el entrante director Javier Contreras Gutiérrez era “impagable”. Pero con Contreras, Sistecozome cerró 2015 con una deuda acumulada de 510 millones de pesos.
Ex funcionarios con prestanombres obtuvieron decenas de permisos del servicio subrogado y la corrupción galopante llegó al extremo de venderlos hasta en 400 mil pesos, ingresos que eran reportados como “donaciones” amparadas en facturas de obras que jamás se realizaron.
Cuando la ley obligó a que el diez por ciento de las rutas incluyeran camiones adaptados con rampa, los vivos directivos encontraron otro negocio. La ley señala “por lo menos un diez por ciento”, lo que significa que puede haber más y por eso vendieron nuevos permisos a 400 mil pesos por unidad.
Hay por lo menos 18 denuncias penales contra el anterior director, Lázaro Salas, por abuso de autoridad ya que por años impuso una cuota a los trabajadores por una supuesta mutualidad que no fue aprobada por el trabajador. El cobró se mantuvo incluso con el propio Javier Contreras hasta fines de agosto de 2015.
Sistecozome llegó a contar con 16 rutas pero actualmente sólo opera seis: la 51C, 200, 19, 19A, 500 y una en Puerto Vallarta que funciona con 5 unidades. En el pasado reciente se perdieron 7 rutas, la 300, 60, 600, 174A del Hospital Civil Nuevo, dos de Vallarta y la 400 operada por los nuevos trolebuses que pasaron a formar parte del Sistema del Tren Eléctrico Urbano.
Javier Contreras también contribuyó con clavos para el ataúd de la empresa. Con el pretexto de reducir la nómina, despidió a 300 trabajadores con tácticas intimidatorias a los operadores.
Pero de los despedidos, al menos 150 presentaron demandas laborales que van acumulándose y que podrían sumar en laudos poco más de 20 millones de pesos.
Existe otra demanda, la 1111/2002, donde se reclama el pago de prestaciones y condiciones laborales mínimas para 350 trabajadores y que sumaría ya más de 25 millones de pesos.
Además del recorte indiscriminado, la administración de Javier Contreras ha profundizado la crisis. Se estima que hay unos 2,400 subrogatarios (minibuseros) que pagan mensualmente por gastos administrativos a Sistecozome casi cuatro millones de pesos.
Para ellos aumentaron los costos por cambio de propietario de tres mil a 15 mil pesos; por sustituir una unidad vieja por nueva, 15 mil pesos; los gafetes de 100 a 160 pesos, además de las multas que son motivo de corrupción.
La Contraloría del Estado terminó recientemente una auditoría al organismo, ante lo cual su titular, María Teresa Brito, con tibieza (ante tremendo lodazal), simplemente dijo que Sistecozome está “enfermo”.
Lo que no dijo es que se trata de una enfermedad terminal, ni tampoco señaló a los responsables de la misma.
Por ejemplo, el actual director, Javier Contreras, fue expuesto por su proclividad de celebrar juntas de trabajo en restaurantes con cargo a las maltrechas finanzas de la empresa camionera.
Hace unos días, quien esto escribe, lo encontró en un restaurante en una reunión. Extrañamente se marchó aprisa del lugar oculto tras su teléfono celular.
