Artículos relacionados
A diferencia del optimismo desbordado de los empresarios promotores de Chalacatepec, el arranque del mega desarrollo turístico de la Costa Alegre todavía está muy lejano.
Deberá superar primero los escollos legales que incluyen el amparo 711/2013, la impugnación de la Manifestación de Impacto Ambiental SGPA/DGIRA/DG/04452 y la controversia agraria 15/2016, misma que tendrá una sesión clave el próximo dos de septiembre a las 13 horas en un tribunal agrario.
Curiosamente, uno de los actores que contribuyó a que el conflicto se enredara al menos tres años más, fue el propio gobierno estatal con una maniobra burda orquestada y ejecutada en un domicilio particular del ejido José María Morelos, la tristemente célebre “Casa Sarita”.
La delegación de la Procuraduría Agraria en contubernio con la Dirección de Asuntos Agrarios del Estado, fraguaron una asamblea general de ejidatarios el primero de octubre de 2013 convocada directamente por la dependencia federal que solamente puede intervenir en caso que el comisariado o el consejo de vigilancia se negaran a realizarla, que no era el caso.
En dicha asamblea, acuerdan el desistimiento del amparo 711/2013 que mantiene detenidos los trabajos del también llamado Nuevo Cancún.
Los acuerdos fueron firmados por un secretario suplente habilitado en el cargo e ignorado al titular, cuando la ley agraria establece que éste sólo puede ser relevado previa destitución en asamblea. Tan fue irregular, que mediante el recurso de queja 219/2013, en enero de 2014 el Segundo Tribunal Colegiado de lo Administrativo resuelve que quedan sin validez los acuerdos de la asamblea y deja en firme el amparo.
Durante la misma sesión impugnada, se convoca para el 14 de octubre de 2013 para renovar a la directiva del ejido en una primera convocatoria que no cumple el quórum, por lo que citan a una segunda reunión para el 23 de octubre de 2013.
Cleofas Rodríguez terminó su función como presidente del ejido el 17 de octubre de 2013 y la ley agraria marca que en caso de no haberse elegido nuevos representantes, los suplentes entran en funciones y el consejo de vigilancia del ejido tiene 60 días para convocar a elecciones.
Aún así, el 23 de octubre coinciden en la casa ejidal dos bandos antagónicos: el encabezado por el presidente del consejo de vigilancia, Guadalupe Valadez Parra y el del ex presidente, Cleofas Rodríguez, quien ante la imposibilidad de realizar la reunión en ese sitio, convoca a celebrar la “asamblea” en “Casa Sarita”, una finca particular.
Entre las graves irregularidades, destaca que Cleofas no tenía representación legal para convocar a la asamblea (su periodo había terminado seis días antes) y además que una convocatoria debe ser con ocho días de anticipación.
La renovación es celebrada en “Casa Sarita” y sancionada por autoridades estatales y federales que validan la elección de la directiva y hasta expiden credenciales. Un servidor fue testigo que en el lugar apenas había unas 20 personas, pero el acta levantada afirma que fueron 80 los ejidatarios que eligieron a los representantes.
Estos actos fueron impugnados por Guadalupe Valadez, en calidad de representante del ejido y el Segundo Tribunal Colegiado de lo Administrativo, concede las ejecutorias de queja favorables 66/2014, 71/2014 y 72/2014 al considerar que está fundado el recurso interpuesto.
Ahora, tras la controversia 15/2016, el tribunal agrario resolverá en septiembre quién es la verdadera directiva que representa al ejido.
Si la ley se impone, toda la maniobra montada para fabricar un comisariado ejidal a modo de los intereses de Rasaland y el megadesarrollo turístico, tendría que venirse abajo.
