Chalacatepec, el edén prometido

El sueño del exgobernador Emilio González Márquez de convertir un jirón de la paradisiaca Costalegre en un “Nuevo Cancún, pero bien hecho”, sigue muy lejano.

La división de ejidatarios, un amparo que frena las obras y las dudas legales sobre las mil 200 hectáreas del proyecto, forman parte de este rompecabezas.

En una visita a Chalacatepec que incluyó conversaciones con ejidatarios y pescadores; recorrido por playas, lagunas y hasta la aeropista que se construye entre dos sitios Ramsar, se constató la fragilidad ambiental de la zona.

Pese a esto, el gobierno de Aristóteles Sandoval resolvió impulsar el polémico desarrollo detonado en el gobierno panista con 89 millones de dólares provenientes de cuotas de Pensiones del Estado, al conseguir nuevos socios que aportarán 80 millones de dólares…

El 26 de enero de 2010, Emilio González Márquez anunció la alianza entre la empresa Rasaland y Pensiones del Estado que con su aportación adquiría 48.5 por ciento del proyecto. Tres años después, las indefiniciones legales mantienen todo estancado.

El enredo comenzó desde el nacimiento del ejido José María Morelos en 1960. El presidente Adolfo López Mateos dota de 12 mil 400 hectáreas al núcleo agrario ubicado en Tomatlán, pero comete varias omisiones como detalla el abogado Pedro León Corrales, asesor de los ejidatarios.

“En todos los decretos presidenciales, primero hay que promulgar el decreto, registrarlo en el Registro Agrario Nacional y luego inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y aquí vino la primera omisión porque este último paso no se realizó”, apunta el litigante.

La empresa Rasaland siempre argumentó que las compras de tierras en Chalacatepec, eran de pequeños propietarios de un sitio llamado Paramán y Xola y que aceptó pagar a los ejidatarios porque tenían la posesión, pero que no eran dueños.

Sin embargo, el abogado Pedro León Corrales denuncia que esto es falso porque el citado rancho de Paramán y Xola nunca existió.

Dice que empezaron a sembrar supuestas pequeñas propiedades dentro de las tierras de la que era la hacienda de La Nancy, que perteneciera al general Roberto Fierros. Empezaron a ostentarse como particulares de un predio llamado Paramán y Chola, pero que en realidad eran los mismos terrenos del ejido.

Trabajos de deslinde realizados entre 1982 y 1984 por el Consejo Agrario Técnico de la Secretaría de Reforma Agraria concluyeron mediante dictamen 3826 que dichas tierras pertenecían a la ex hacienda de la Nancy de la que nació el ejido Morelos y que había una marisma llamada Paramán y Chola pero que nunca hubo una propiedad que llevara ese nombre.

Rasaland, a través de su director Ricardo Santacruz, compró en 15, 25 y 30 pesos metro cuadrado, aunque reportó al interior del fideicomiso que pagó a 13 dólares el metro cuadrado.

El abogado Pedro León Corrales asegura que estas operaciones son nulas y argumenta: “Una persona que vive en Guadalajara (Ricardo Santacruz, director de Rasaland) y que no es avecindado de José María Morelos ni es ejidatario, no puede comprar tierras ejidales. La ley contempla la venta de parcelas, pero solamente entre miembros del ejido. Esto quiere decir que todas las compras realizadas por esta persona son ilegales”.

Un ejido con aeropuerto

El canto de sirenas de Rasaland, ha provocado divisiones en el pueblo. Hay quienes vendieron y se sienten estafados; otros, los menos, están conformes.

Lo que es real es que el comisariado ejidal está partido en dos.

El día de la visita hay una asamblea informativa. El salón de la casa ejidal se queda vacío cuando llegan los contrarios acompañados del presidente del ejido Cleofas Rodríguez y funcionarios estatales.

Y es que el comisariado ejidal tiene dos bandos. El primero que encabeza el presidente y que está ligado al gobierno estatal y a la empresa Rasaland; el otro es el que aglutina el presidente del consejo de vigilancia del ejido, Guadalupe Valadés, quienes tendrían hasta ahora la mayoría.

Según los planes de Rasaland, el proyecto de Chalacatepec en el municipio de Tomatlán, es una apuesta a largo plazo que alcanzaría los 20 años con una inversión de 4 mil 500 millones de dólares.

En una primera etapa, con la construcción de tres hoteles boutique y otras obras de infraestructura, se invertirían mil millones de dólares.

Para dar atención a los visitantes, la empresa aprovecharía el aeropuerto que se construye en el municipio de Tomatlán. Sin embargo, la aeropista para variar fue construida en forma irregular, advierte la doctora en derecho ambiental Raquel Gutiérrez Nájera.

Según la ambientalista, la obra que se hizo en el período de Emilio González Márquez fue construida sin estudios de impacto ambiental, sin autorizaciones de dependencias ecológicas, permisos municipales y federales.

A la luz del derecho, Gutiérrez Nájera advierte que nunca debió hacerse en ese lugar.

“Las normas ambientales así lo señalan y además se encuentra junto a dos sitios Ramsar, dos humedales que México se comprometió a proteger de acuerdo con convenios internacionales”, agrega.

Asegura que la construcción del aeropuerto junto a dos humedales, trastocará la vida de la fauna y los escurrimientos de agua. Por todo esto, debe ser reubicada a un sitio donde no afecte el entorno.

Por su parte, el abogado Pedro León Corrales, asesor de los ejidatarios de José María Morelos, asegura que se trata de un fraude. El gobierno estatal firmó un convenio de ocupación temporal de los terrenos para hacer la aeropista mientras expropiaba, pero nunca realizó el trámite.

Dice que era un convenio de ocupación previa a expropiar, pero el gobierno estatal no hizo este trámite. Indica que en lugar de hacer esto, gestionó una donación por parte de Reforma Agraria de los terrenos.

“Y Reforma Agraria no puede donar terrenos ejidales, no está en sus facultades, por lo que estas tierras siguen siendo ejidales y esta operación fue absolutamente ilegal”, denuncia.

Según el documento 13562 ante el notario público Enrique Ramos Ruiz en julio de 2006, un grupo de particulares que se ostentaban como dueños de predios en las inmediaciones de las lagunas de Chalacatepec y Paramán y Xola, donan y transmiten gratuitamente las tierras para que se construya el aeropuerto.

Entre los donantes aparece Javier Dueñas García, entonces oficial mayor de la Secretaría de Reforma Agraria.

De acuerdo con el abogado Pedro León, el acto es irregular porque los terrenos pertenecen al ejido, no hubo acto expropiatorio ni la asamblea aprobó el convenio de ocupación temporal de los terrenos.

Ahora la terminal suspendida no es de Costalegre, ni de Chalacatepec. Los ejidatarios de José María Morelos, sin tener aviones, tienen su propio aeropuerto, aunque por el momento lo único que aterriza en el lugar es el excremento de las vacas que cruzan la extensa plancha camino a mordisquear el pasto que circunda la zona.

Un paraíso

Los terrenos donde se pretende construir el “Nuevo Cancún” no dejan lugar a dudas de que la empresa Rasaland tiene buen ojo. El impresionante paisaje compuesto por laguna, mangle y mar, dan un toque diferente a la ya de por si exuberante Costalegre.

Además del conflicto por la indefinición legal de las tierras y la fragilidad ambiental, la fauna local también está amenazada.

Hay en el lugar serpientes, tejones, armadillos, venados y hasta jaguares, todos afectados por mallas ciclónicas instaladas por Rasaland.

En el paradisiaco sitio hay otras especies en riesgo: los salineros y los pescadores.

Antonio Valadés es presidente de la Cooperativa de Salineros de Paramán y Xola. Desde hace más de medio siglo, cada año, durante tres meses, los 75 socios de la cooperativa extraen 15 mil toneladas de sal de la laguna en una actividad en la que participa casi todo el pueblo de José María Morelos.

Ante la llegada del desarrollo turístico, los cooperativistas buscan que les concesionen la laguna para que no los quiten de ese lugar.

En la laguna de Paramán y Xola, uno de los dos sitios Ramsar de Chalacatepec, la doctora en derecho ambiental Raquel Gutiérrez Nájera advierte que los salineros estarían condenados a ser expulsados.

Otro grupo vulnerable es el de los pescadores. Agrupados en la cooperativa de la Laguna de Chalacatepec, los pescadores tienen temor de ser alejados de la playa y las palapas levantadas a orillas del mar.

El ejido José María Morelos generosamente acordó entregarle a los pescadores tres hectáreas, pero el presidente del Consejo de Vigilancia del ejido, Guadalupe Valadés, señala que Rasaland no quiere ni a los pescadores ni al campamento tortuguero.

En pocas palabras, “los de Rasaland no quieren mugrosos aquí. Ni a los ejidatarios, ni a los pescadores”, apunta.

En el campamento tortuguero mientras tanto, continúan su labor de cuidar los huevos de tortugas. El día de la visita un grupo de niños está presente para liberar a unas 500 tortugas.

En su portal de internet, Rasaland asegura que las tortugas estarán mejor protegidas con la presencia del hombre, lo cual es totalmente desmentido por la doctora Raquel Guitérrez Nájera.

La ambientalista dice que el hombre es el principal depredador del medio ambiente y especialmente en el caso de las tortugas, sobre todo con el desarrollo turístico que viene y que contempla por lo menos ocho mil habitaciones de hotel.

Precisamente ante la fragilidad de la zona, Rasaland decidió manejar la gestión de Manifestación de Impacto Ambiental prácticamente a escondidas.

Un resumen ejecutivo de este documento en poder del reportero, señala que habrá más de ocho mil cuartos, un campo de golf de 18 hoyos, lotes y bodegas.

Sin embargo, la misma Manifestación de Impacto Ambiental denominada “Vistas” pero que habla de Chalacatepec, reconoce que en la preparación, construcción y operación y mantenimiento, hay el doble de impactos negativos que positivos para la zona.

Tal vez por eso fue retirado el trámite.

Un predio fantasma

Parte fundamental en la enredada historia de Chalacatepec, es el gobierno federal al no culminar el proceso de resolución presidencial que creó el ejido José María Morelos en 1960.

Sin embargo, otra parte de la culpa la tiene la Suprema Corte de Justicia que otorga dos amparos encontrados sobre los mismos terrenos, como detalla el abogado Pedro Léon Corrales, asesor de los ejidatarios:

“Por una parte, la justicia federal ordena la ejecución de la resoluciónn presidencial que dota de 12 mil 400 hectáreas al ejido José María Morelos; pero al mismo tiempo otorga un amparo a supuestos pequeños propietarios para que no toquen 600 hectáreas que reclaman como suyas y que no eran del ejido. Son dos resoluciones encontradas”.

El amparo que otorgó la Corte a particulares, fue sobre terrenos de un supuesto predio llamado Paramán y Chola que nunca existió, como demuestran los trabajos de la misma Reforma Agraria.

Con fundamento en éstos y otros documentos técnicos, los ejidatarios interpusieronel amparo 711/2013 donde reclaman: que se ejecute la resolución presidencial que dota de 12 mil 400 hectáreas al ejido Morelos y que se elimine del Registro Público la ex hacienda La Nancy porque ya no existe.

Según el abogado Pedro León, de ganar el amparo el ejido recuperaría sus tierras y Rasaland y el gobierno estatal, perderían la inversión que siempre fue de alto riesgo.

León Corrales afirma que es irresponsable la actitud del gobierno estatal de sostener un proyecto cuya propiedad de tierras está en el aire. Dice que es doblemente riesgoso que invierta otros 80 millones de dólares provenientes del gobierno federal en el desarrollo turístico que está pensado sobre bases tan endebles.

El abogado vaticina que el caso de Chalacatepec podría convertirse en el conflicto agrario más importante del sexenio de Aristóteles Sandoval, como lo que fue en los gobiernos panistas el tema de Arcediano o la presa del Zapotillo.

En Guadalajara, el secretario de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortes, denuncia que el proyecto de Chalacatepec es un fraude maquinado.

Dice que con el mismo dinero que les entregó Pensiones (89 millones de dólares), la empresa Rasaland compró las tierras y todavía se dio el lujo de conservar el 51.5 por ciento del proyecto.

Para Cuauhtémoc Peña, es inconcebible que el gobierno estatal anuncie que hay una inyección de otros 80 millones de dólares por parte de Banobras al proyecto y que la participación de los trabajadores baje de 48.5 al 25 por ciento.

Dice que hagan o no hagan el proyecto, Rasaland ya hizo el negocio. Estima que de los mil 200 millones de pesos que recibieron de Pensiones, habrán destinado cuando mucho 300 millones para compra de tierras y otros gastos, por lo que ya se quedaron con 900 millones de pesos, lo que considera “un negocio redondo”.

Cuauhtémoc Peña pide al gobernador Aristóteles Sandoval, que forme una comisión especial que investigue el que califica como un auténtico fraude en perjuicio de los trabajadores del estado…

Dos panoramas se abren frente al proyecto del llamado “Nuevo Cancún”. De prosperar el amparo de los ejidatarios, gobierno y empresa tendrían que sentarse a negociar con los auténticos dueños de las tierras en otras condiciones.

Pero si el desarrollo turístico de Chalacatepec se impone con la fuerza del estado, los ejidatarios estarían condenados a ser peones en el edén que les habían prometido, como describe el ex regidor Ricardo Serrano:

“Están haciendo un desarrollo para beneficiar a unos cuantos y condenando a todo un pueblo a trabajar como peones, recamareras y cargando maletas en una tierra que antes era suya”.