El Gobierno del Estado a través de la OPD Servicios de Salud Jalisco, estaría condenado a pagar una indemnización a un despacho fiscal debido a una licitación ilegal, que habría sido preparada para favorecer a uno de los participantes.
La justicia federal a través de un amparo, otorgó la razón a Núñez López Consultores, S.C., quien habría participado en una convocatoria de prestación de servicios profesionales para defender al gobierno estatal por un crédito fiscal de más de 500 millones de pesos.
A pesar de haber hecho la propuesta más baja con una diferencia de más de cinco millones de pesos, el fallo de la licitación le fue otorgado a otra empresa; por si fuera poco, el juez que conoció la causa, resolvió que se trató de un proceso ilegal que tendría que anularse.
La historia
Entre las herencias que dejó el exgobernador Enrique Alfaro, figura el caso de una licitación ilegal que coloca al Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Jalisco, en la antesala de pagar una millonaria indemnización.
Se trata de un amparo que fue promovido por una empresa afectada por una presunta convocatoria “amañada” para favorecer a una empresa especializada en temas fiscales, en un proceso desaseado que provocó que la justicia federal les diera la razón.
Aunque el caso del manejo inadecuado de finanzas públicas habría ocurrido desde la administración estatal que encabezó Aristóteles Sandoval, la Secretaría de Hacienda llegó a reclamar al gobierno Alfaro por un adeudo fiscal de más de 4 mil millones de pesos.
Se trató del resultado de una auditoría que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la administración de Jalisco sobre el año fiscal 2017, misma que arrojó la aplicación indebida de estímulos fiscales y que ahora abriría un boquete a las finanzas del estado por más de tres mil 500 millones de pesos.
La historia comienza el cinco de diciembre de 2008, cuando Felipe Calderón publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto para regularizar los adeudos fiscales históricos de municipios y entidades, donde se debió retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a 2005 y ejercicios anteriores, por lo que se condona el pago de impuestos retenidos.
Los beneficiados serían entidades, organismos públicos descentralizados y municipios, pero tenían como obligación firmar un convenio con el gobierno federal a más tardar el 30 de abril de 2009.
El decreto, en su apartado tercero, establecía: “A partir de 2009 y hasta 2012, por cada ejercicio fiscal concluido en que, una vez acreditado el estímulo fiscal a que se refiere la fracción anterior, las entidades federativas o municipios realicen el entero total del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, obtendrán la condonación total de sus adeudos por ese mismo concepto, incluyendo sus accesorios”.
No obstante que el acuerdo el acuerdo presidencial tenía vigencia hasta 2012, en el gobierno de Aristóteles Sandoval, que inició en marzo de 2013, buscaron estos beneficios fiscales a través de la entonces Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF), lo cual no pudo acreditarse.
El Servicio de Administración Tributaria, emitió la orden de visita domiciliaria VRM6300018/19 en contra de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual derivó en el oficio 500-30-2019-05577 del 3 de octubre de 2019.
A raíz de esta auditoría de 2017, el SAT encontró que la dependencia encargada de las finanzas estatales aplicó indebidamente los beneficios del citado decreto de 2008, ya que nunca enteró a Hacienda de su interés de acogerse al mismo y éste ya no estaba vigente.
El SAT reclamó a la administración de Alfaro, que cubriera o garantizara 3 mil 555 millones 381 mil 094 pesos con 60 centavos, más actualizaciones y recargos que se sumen en el juicio.
“Ni un solo peso”
El 29 de octubre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que los estados mantenían una deuda con Hacienda de unos 70 mil millones de pesos. Tras tomar posesión como gobernador y librar en el primer año un crudo enfrentamiento con el gobierno federal por escamotearle recursos al estado, Enrique Alfaro respondió al presidente que Jalisco no debía un solo peso a la federación.
Solo que los adeudos fiscales de Jalisco en su momento rebasaron los 3 mil 500 mil millones de pesos, por retenciones del Impuesto Sobre la Renta por la aplicación equivocada de un supuesto beneficio extemporáneo.
Una auditoría efectuada por el SAT a Servicios de Salud Jalisco en 2015, arrojó incumplimientos en las obligaciones fiscales del organismo, por lo que le fincó el crédito fiscal 500-30-00-04-02-2022-02062, de fecha 26 de abril de 2022, por el orden de 515 millones 892 mil 442 pesos con 24 centavos.
Para hacer frente a esta situación y en virtud que el área jurídica de la OPD no tiene personal especializado en temas fiscales, el gobierno estatal lanzó el 15 de septiembre de 2022 la licitación pública local LCC-041-2022 con Concurrencia de comité, denominada “Consultoría en asesoría y defensa en materia fiscal para el O.P.P. Servicios de Salud Jalisco”, con el fin de realizar la defensa del crédito fiscal.
Fue publicada la convocatoria para se buscaba a un despacho especializado y para esta licitación acudieron cuatro empresas que cumplieron con los requisitos marcados en la invitación: Monty Servicios Contables, S.C. con una propuesta de 17 millones 953 mil 056 pesos; Yalet Servicios, S.C., con 17 millones, 999 mil 999 pesos; Corporativo Intec Sol, S.A. de C.V., 17 millones 991 mil 600 pesos y Núñez López Consultores, S.C., con un planteamiento de 12 millones 760 mil pesos.
Extrañamente, el 30 de septiembre de 2022, el comité de adquisiciones resolvió que la ganadora de la licitación era Monty Servicios Contables, S.C., porque su oferta “resulta solvente, cumple con los requisitos financieros, contables y de seguridad social” y además agrega que cumple “con los parámetros económicos de la licitación y de ofrecer el precio solvente más conveniente”, a pesar de que su oferta era más de cinco millones de pesos superior a la firma que presentó la propuesta más baja.
El despacho Núñez López Consultores, S.C., decidió recurrir a un amparo para impugnar el fallo de la licitación no solamente porque había presentado la oferta más económica de 12 millones 760 mil pesos contra los 17 millones 953 mil pesos de Monty, Servicios Contables S.C., sino que la que consideraba ilegal.
La razón principal fue la conformación del comité que sancionaba el proceso, ya que cuando se hizo la presentación y apertura de postulaciones, estaba integrado por cierto número de personas y funcionarios; pero el día del fallo, el comité contaba con número y miembros diferentes, con lo que se violentó la seguridad jurídica.
El juez Ángel Eduardo Herrera Rodríguez, Titular del Juzgado Quinto de Distrito, dentro del expediente 1996/2022, decidió otorgar el amparo a la empresa quejosa y ordenó dejar sin efecto la licitación y el posterior contrato de prestación de servicios.
La titular de la Dirección Jurídica del OPD Servicios de Salud Jalisco, alegó que el amparo era improcedente ya que los actos reclamados se han consumado de modo irreparable, se otorgó el contrato, se brindaron los servicios para anular el crédito fiscal y se hicieron los pagos correspondientes.
Además, el área legal argumentó que condenar al organismo a un cumplimiento sustituto (un pago), provocaría más daño a la sociedad que el beneficio que pudiera obtener la parte quejosa.
Sin embargo, el juez argumentó que el hecho está consumado en forma irreparable, ya que puede darse la indemnización y que de no resolverse el asunto, se “convalidarían las ilegalidades eventualmente generadas en su perjuicio, por lo que decidió otorgar la protección de la justicia federal al despacho Núñez López Consultores, S.C.
Como era de esperarse, el OPD Servicios de Salud Jalisco impugnó la sentencia y en la revisión 261/2024 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el magistrado Mario Alberto Domínguez Trejo, confirma la sentencia.
De esta manera, el gobierno estatal deberá acatar la resolución y proceder a indemnizar al despacho afectado por una licitación ilegal, donde los integrantes del despacho fiscal afectado, tienen la sospecha de haber sido utilizados en una farsa donde se pretendía beneficiar desde el principio a la empresa “ganadora”.