Porque se trata de un nuevo crédito fiscal con un número de oficio distinto, el Gobierno del Estado mantiene su negativa de incumplir una sentencia de amparo por una licitación ilegal.
Mediante el oficio OPDSSJ/DJ/CONT/2478/2025 dirigido al juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa dentro del amparo indirecto 945/2024, José Luis De Lara Huerta, coordinador jurídico del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, insiste que no puede reponer la licitación como ordena el juzgador.
Expone que la resolución contenida en el oficio 500-30-00-04-02-2022-02062 fue declarada nula por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no existen las condiciones establecidas en la convocatoria para defender al estado del crédito fiscal.
Señala que la autoridad fiscal emitió una nueva resolución mediante oficio 500-30-004-02-2025-03967 que ya no tiene que ver con las bases de la Licitación Pública LCCC-041-2022.
Y textualmente señala: “Se dejaron sin efectos los actos originalmente emitidos, entre ellos la resolución que sirvió de sustento a las bases de la convocatoria de la Licitación Pública LCCC-041-2022, consecuentemente, el nuevo acto emitido por la autoridad fiscal, no guarda relación con los términos previamente establecidos en dicha convocatoria”.
El coordinador jurídico explica que la licitación impugnada por uno de los despachos afectados, Núñez López Consultores, S.C., ya que esto implicaría modificar las bases de la convocatoria y el oficio que contenía el crédito fiscal fue anulado y ratificado por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en expediente 8339/22-07-02-2-OT y entonces ya no existe la causa que dio origen al contrato de servicios especializados.
De acuerdo con el área legal del organismo, el despacho que ganó el contrato, Monty Servicios Contables, S.C., consiguió que se anulara el oficio que contenía el crédito fiscal 500-30-00-04-02-2022-02062, por lo que el nuevo resolutivo de número 500-30-004-02-2025-03967 no tiene nada que ver con la licitación.
Pero una revisión a las bases de la licitación pública, señala que el objeto del servicio incluía la elaboración de demandas, asesoría fiscal y legal relacionada al crédito fiscal determinado mediante el citado oficio.
Y el despacho especializado se centró en impugnar el requerimiento el requerimiento de información contenido en el oficio del crédito de Hacienda, mismo que excedía las atribuciones del código Fiscal de la Federación. El Tribuna Federal le concedió la razón y anuló el oficio 500-30-00-04-02-2022-02062 porque la autoridad fiscal se extralimitó, pero al mismo tiempo en la sentencia dejó a salvo las facultades para que repusiera el procedimiento.
De esta forma el despacho se concentró en anular el oficio con el requerimiento del crédito fiscal pero no resolvió el tema de fondo que es la deuda ante Hacienda. Al contrario, el SAT emitió una nueva resolución de número 500-30-004-02-2025-03967 que ahora supera los 575 millones de pesos.
En la respuesta que da ante el juez, el área legal del OPD Servicios de Salud Jalisco, elude mencionar otro aspecto de la sentencia emitida por el Tribunal de Distrito que menciona que existen métodos administrativos alternos para reparar el daño a la empresa afectada Núñez López Consultores, S.C.
Curiosamente, mientras el organismo a través de su área legal argumenta que el crédito fiscal fue anulado, al mismo tiempo inició el proceso legal en contra del nuevo crédito fiscal 500-30-004-02-2025-03967 con el expediente 6111/25-07-02-2-OT, con lo que quedó evidenciado que la deuda fiscal sigue activa.
Ahora, los representantes legales de Núñez López Consultores, S.C., han solicitado al juez que conoce la causa que solicite una copia del nuevo crédito fiscal para que coteje con el anterior que supuestamente fue anulado.
La intención es demostrar que se trata del mismo crédito fiscal con actualizaciones lo que probaría que nunca fue eliminada la deuda fiscal por lo cual también sigue vigente el origen de la licitación que buscaba anular el cobro de Hacienda al gobierno estatal.