Lunes 16 de Noviembre de 2026
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Caen los capos, pero no el crimen

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La caída de un jefe criminal suele presentarse como una gran victoria del Estado. Despliegues espectaculares, enfrentamientos armados, fotografías de detenidos y declaraciones triunfalistas ocupan los espacios informativos durante días. Pero México lleva décadas capturando capos y anunciando golpes históricos contra la delincuencia organizada, mientras las extorsiones, los asesinatos y el control criminal de amplias regiones del país continúan. Algo evidentemente no está funcionando. Y la reciente detención de Rafael Álvarez Ayala, alias el R2, presunto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, en pleno corazón de Zapopan, vuelve a colocar sobre la mesa una realidad incómoda: de poco sirve cortar una cabeza cuando el monstruo conserva intacto el cuerpo, sus negocios y su capacidad para seguir sembrando el terror.

La detención ocurrió el domingo 8 de noviembre, durante un operativo de fuerzas federales en un restaurante de Zapopan. La intervención terminó en un enfrentamiento armado, con personas heridas y más de veinte detenidos, entre ellos quien es señalado como uno de los principales operadores de una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades de Michoacán. También se contó con información compartida por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, cuya colaboración volvió a poner de manifiesto la importancia de los mecanismos internacionales de inteligencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Rafael Álvarez Ayala es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región y que cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en Michoacán, además de un requerimiento relacionado con su posible extradición a Estados Unidos.

Las autoridades atribuyen a la célula conocida como Los Rs actividades de extorsión, tráfico de drogas, homicidio, secuestro, privación ilegal de la libertad y ataques contra corporaciones de seguridad. Son acusaciones de enorme gravedad que deberán acreditarse mediante investigaciones sólidas y procedimientos judiciales respetuosos de las garantías constitucionales.

Entre los detenidos también fue identificado Fernando Omar Farías Chávez, apodado el Fénix, señalado como presunto operador regional del CJNG en Uruapan. Las investigaciones difundidas por distintos medios han referido posibles vínculos de integrantes de esta estructura con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de ese municipio michoacano, ocurrido en 2025. Sin embargo, resulta indispensable distinguir entre los señalamientos de inteligencia y las responsabilidades que puedan demostrarse ante los tribunales.

Pero más allá de los nombres, los apodos y las acusaciones, el operativo deja al descubierto un problema mucho más profundo. ¿Cómo es posible que organizaciones señaladas por ejercer violencia en regiones productivas de Michoacán mantengan capacidad para desplazarse, reunirse y operar en importantes centros urbanos de Jalisco?

Guadalajara y su zona metropolitana representan uno de los principales polos económicos y financieros del país. Su dinamismo y conectividad son fortalezas indiscutibles, pero también pueden representar oportunidades para quienes buscan utilizar actividades aparentemente legítimas como espacios de movilidad, ocultamiento o articulación de operaciones ilícitas.

Esto no significa convertir a los establecimientos comerciales en lugares de sospecha permanente. Significa reconocer que el combate a la delincuencia organizada exige inteligencia financiera, identificación de redes de apoyo y capacidad institucional para actuar antes de que las estructuras criminales consoliden su presencia.

Porque ninguna organización de esta naturaleza funciona exclusivamente por la voluntad de un individuo. Necesita dinero, armas, vehículos, inmuebles, operadores y mecanismos de cobro. También requiere estructuras capaces de sostener sus actividades aun cuando alguno de sus dirigentes sea detenido.

Y ahí se encuentra una de las grandes debilidades históricas de las estrategias de seguridad en México. Durante años se ha privilegiado la captura de personajes de alto perfil, bajo la expectativa de que su ausencia provocará el debilitamiento de las organizaciones que encabezan.

La experiencia demuestra que no siempre ocurre así. En ocasiones, las detenciones generan disputas internas, enfrentamientos por el control territorial o la aparición de nuevos dirigentes que reproducen las mismas prácticas de violencia.

No se puede asegurar que ese será el escenario después de la captura del R2, pero tampoco sería responsable descartar los riesgos. Las autoridades tienen la obligación de evitar que la detención termine convertida en un simple relevo dentro de la estructura delictiva.

Particularmente preocupante resulta la situación de los productores agrícolas de Michoacán, especialmente quienes participan en actividades relacionadas con el aguacate. Durante años se han documentado denuncias de extorsión, amenazas y cobros ilegales que afectan a empresarios, trabajadores, transportistas, comerciantes y familias enteras.

Cuando una organización criminal exige dinero para permitir que alguien produzca, transporte o venda mercancías, está imponiendo un sistema paralelo de control económico. El productor pierde parte de sus ingresos, el comerciante enfrenta mayores costos y la comunidad termina pagando las consecuencias.

La extorsión constituye una de las expresiones más perversas del crimen organizado porque transforma el esfuerzo de quienes trabajan legalmente en una fuente de financiamiento para quienes viven de la amenaza y la violencia.

Y mientras esas estructuras de cobro continúen funcionando, poco importará para las víctimas que uno de sus presuntos dirigentes haya sido detenido.

Por eso resulta indispensable que las investigaciones no terminen con las personas capturadas en el restaurante. Deben avanzar hacia las redes financieras, los mecanismos de extorsión y los posibles colaboradores. También es necesario proteger a quienes denuncian, pues de nada sirve pedir colaboración ciudadana si después quedan expuestos a represalias.

Existe, además, otro aspecto del operativo que merece especial atención. Entre las personas detenidas podrían encontrarse músicos, meseros y otros trabajadores que prestaban servicios en el establecimiento cuando comenzó la intervención.

Sus familiares han reclamado que no se les considere automáticamente integrantes de una organización criminal por el simple hecho de encontrarse en el lugar. Trabajar en un restaurante o participar en una presentación musical no constituye por sí mismo prueba de pertenencia a un grupo delictivo.

Si existen elementos concretos que vinculen a determinadas personas con actividades criminales, corresponde investigarlas y presentar las pruebas ante las autoridades competentes. Pero si otras simplemente realizaban su trabajo, deben respetarse sus derechos y resolverse su situación jurídica conforme a la ley.

La presunción de inocencia no es un obstáculo para combatir la delincuencia. Es una garantía constitucional que impide convertir las sospechas en condenas anticipadas.

Tampoco se trata de desconocer el riesgo enfrentado por los elementos de la Marina, quienes, según los reportes oficiales, fueron recibidos con disparos durante la intervención. Su actuación merece reconocimiento, pero precisamente por la gravedad de los acontecimientos resulta indispensable que cada detención esté debidamente sustentada.

La firmeza del Estado y el respeto a la legalidad no son objetivos incompatibles. Una investigación rigurosa aumenta las posibilidades de que los responsables reciban sanciones y de que las resoluciones judiciales resistan los recursos legales correspondientes.

La colaboración de la DEA también abre una discusión que no debería limitarse a los reconocimientos diplomáticos. México y Estados Unidos mantienen una relación compleja, marcada por diferencias políticas, tensiones comerciales y debates sobre seguridad fronteriza.

En ese contexto, el intercambio de información de inteligencia puede resultar útil para enfrentar organizaciones criminales transnacionales, siempre que se respeten la soberanía mexicana y las atribuciones de las instituciones nacionales.

No debemos confundir cooperación con subordinación, pero tampoco sería sensato renunciar a mecanismos que pueden contribuir a localizar personas investigadas por delitos graves.

El narcotráfico, además, no pertenece exclusivamente a México. La demanda internacional de drogas, el tráfico de armas y las operaciones financieras ilícitas obligan a establecer responsabilidades compartidas. Ninguna estrategia bilateral será suficiente si se limita a exigir capturas de un lado de la frontera mientras permanecen intactos los negocios criminales del otro.

En el ámbito nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad enfrentan una responsabilidad que va mucho más allá de presentar resultados operativos. Las detenciones deben acompañarse de investigaciones financieras, coordinación entre fiscalías y mecanismos efectivos de protección a víctimas.

También resulta indispensable fortalecer los ministerios públicos y los procedimientos judiciales. No puede construirse una política de seguridad duradera cuando las denuncias permanecen sin investigar o las víctimas consideran que acudir ante las autoridades puede ponerlas en mayor peligro.

Jalisco y Michoacán enfrentan realidades distintas, pero comparten problemas de delincuencia organizada que no reconocen fronteras administrativas. Una estructura puede ejercer violencia en una región productiva, trasladarse por carreteras de otra entidad y utilizar infraestructura urbana para sus operaciones.

Por eso la coordinación entre gobiernos no puede depender de afinidades partidistas ni de disputas por el reconocimiento público. La seguridad constituye una responsabilidad compartida que exige colaboración permanente y evaluación de resultados.

Los gobiernos municipales tampoco pueden quedar al margen. La vigilancia territorial, la prevención del delito y la atención a denuncias requieren corporaciones preparadas y mecanismos efectivos de coordinación con las autoridades estatales y federales.

Hay, sin embargo, una responsabilidad que suele quedar relegada cuando se anuncian las grandes capturas: la atención a las víctimas.

¿Qué ocurre con el empresario que ha pagado extorsiones durante meses? ¿Quién protege al productor que se negó a entregar dinero? ¿Qué garantías recibe el comerciante que denunció amenazas? ¿Quién responde por las familias que han tenido que abandonar sus actividades por temor a los criminales?

Esas preguntas deberían ocupar un lugar central en cualquier evaluación de los resultados obtenidos.

La seguridad no puede medirse exclusivamente por el número de detenidos, las armas aseguradas o la espectacularidad de los operativos. Debe medirse por la reducción de los delitos, la tranquilidad de las comunidades y la posibilidad de trabajar sin amenazas.

También será indispensable dar seguimiento al proceso judicial de las personas detenidas. Las autoridades deberán acreditar las responsabilidades individuales, esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar la situación jurídica de quienes pudieron encontrarse circunstancialmente en el establecimiento.

Una detención no equivale a una sentencia. La justicia necesita pruebas suficientes, investigaciones profesionales y resoluciones sustentadas en derecho, no solamente expedientes acompañados de anuncios espectaculares.

La captura del R2 representa, sin duda, un resultado operativo relevante que merece ser reconocido. Pero su verdadera trascendencia dependerá de lo que ocurra después.

Si las investigaciones permiten desmantelar redes criminales, interrumpir mecanismos de extorsión y reducir la violencia en Jalisco y Michoacán, estaremos ante un avance importante.

Si, por el contrario, la estructura continúa operando bajo nuevas órdenes, los productores siguen pagando cuotas y las familias permanecen sometidas al miedo, la detención habrá sido significativa, pero insuficiente.

No podemos seguir evaluando la seguridad pública como si se tratara de un marcador donde cada captura representa una victoria definitiva. La delincuencia organizada ha demostrado una enorme capacidad de adaptación y supervivencia porque sus operaciones no dependen exclusivamente de una persona.

La detención del R2 podrá sumarse a las estadísticas oficiales como un golpe importante contra el crimen organizado. Pero sería un grave error convertirla en una victoria definitiva mientras permanezcan intactas las redes de complicidad, los mecanismos de financiamiento y las estructuras que permiten a estas organizaciones controlar territorios y someter comunidades enteras.

El verdadero desafío comienza después de las capturas, cuando desaparecen los reflectores y las autoridades dejan de ofrecer conferencias de prensa. Es entonces cuando debe demostrarse si el Estado recuperó realmente el control o si simplemente abrió la puerta para que otro delincuente ocupe el lugar del detenido.

México no puede seguir conformándose con una interminable sucesión de capos capturados y reemplazados. Tampoco puede aceptar que las víctimas sean apenas una referencia secundaria en los informes oficiales, mientras los responsables de garantizar su seguridad celebran resultados que todavía están lejos de traducirse en tranquilidad.

Y hay que decirlo con claridad, mientras un productor tenga que pagar para cosechar, un comerciante deba entregar parte de sus ganancias para seguir trabajando y una familia viva bajo la amenaza de los criminales, ninguna captura será suficiente.

opinionsalcosga23@gmail.com

@salvadorcosio1 ‎

(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.

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