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Por Carlos Martínez Macías
El programa de Verificación Vehicular Responsable, implementado por el Gobierno de Jalisco, pasará a la historia como un proyecto con buenas intenciones, deficiente implementación y muy malos resultados.
La impopular medida, seguirá la ruta de anteriores mecanismos de afinación controlada, con la que gobiernos en turno pretendieron combatir la evidente contaminación ambiental que padece la zona metropolitana de Guadalajara debido principalmente a los automotores.
Pero, si justificar y poner en marcha este programa ha sido complejo, ponerle un alto, desmantelarlo y que el gobierno estatal asuma su costo como plantea el candidato Pablo Lemus –con todavía mejores intenciones–, es una cuesta muy empinada que tendría que analizarse.
Lo primero que tendría que sortearse es el contrato 452/2019 signado con la concesionaria, la estadounidense Worldwide Environmental Products, Inc. (WEP), quien ganó la licitación por 19 años para operar este sistema, a partir del 12 de septiembre de 2019, con ganancias estimadas de más de cuatro mil millones de pesos.
Según dicho documento, la empresa que aporta la tecnología, recibiría una cuota anual garantizada sin importar el volumen de unidades que acudan a los centros de verificación, lo que ha sido evidente en los primeros años de su aplicación donde no se cumplieron las expectativas de afluencia de unidades y ni siquiera estaban construidas las líneas de revisión prometidas.
La cláusula novena del contrato, señala un porcentaje mínimo ascendente a partir de 2020 y un porcentaje por cada holograma expedido.
Por ejemplo, para el 2024, debe acudir el 66 por ciento como mínimo del padrón de vehículos registrados estimado en más de cuatro millones, pero de no cumplirse, debe pagarse la cuota sobre esa base y además 20 por ciento de los hologramas aunque no fueran emitidos.
Hay además un contrato suministro-franquicia, firmado con WEP y los particulares para instalar las líneas de los centros de verificación, donde hay penalidades hasta de un millón de dólares, para quienes alteren la tecnología proporcionada por la concesionaria.
De acuerdo con datos de la propia Secretaría del Medio Ambiente, se necesitan al menos 284 líneas instaladas en los también llamados verificentros, para poder atender al padrón de unidades que existen en Jalisco.
Pero hasta ahora, apenas han sido construidos unos 20 centros y suman 78 líneas en servicio.
No obstante, de acuerdo con las estimaciones de flujo consideradas en el contrato, cada línea tendría capacidad de atender unos 20 vehículos por día, lo que representa unos cinco mil pesos de ganancia, una vez descontado el reparto para cada una de las demás partes, el concesionario y el gobierno estatal.
Si el Gobierno de Jalisco culminara todas las líneas –que todavía no llega ni al 50 por ciento—y las pusiera en funcionamiento, tendría que subsidiar con más de mil millones de pesos anualmente a los particulares que invirtieron en los centros de verificación.
Además de la concesionaria estadounidense, son una empresa alemana y una argentina, las que han invertido en el mayor número de líneas y centros de verificación, en parte por la elevada inversión que debe hacerse. Un sitio de estos con dos líneas requiere once millones de pesos, pero hay otros más grandes que requirieron hasta cinco millones de dólares.
Sin embargo, se subsidie o no, los particulares van a la segura. La Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 72 inciso L, plantea para el programa de verificación vehicular, que la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Participación Ciudadana, evaluarán mecanismos para procurar el retorno de las inversiones para los particulares.
Por eso, el programa de verificación, siempre ha tenido un aire contaminado con olor a negocio, más que un programa de protección ambiental.
