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El destino definitivo del conflicto entre la mina Peña Colorada y la comunidad nahua de Ayotitlán en la Sierra de Manantlán, podría dar un vuelco el próximo domingo cuando finalmente la compañía consiga doblegar a los ejidatarios y lograr que se desistan del amparo que mantiene en jaque el yacimiento de hierro más rico de América Latina.
Según la segunda convocatoria del Comisariado Ejidal de Ayotitlán en el punto seis del orden del día contempla:
“Poner a consideración de la asamblea la autorización para que el comisariado ejidal presente y ratifique el desistimiento del juicio de amparo indirecto 462/2013, que se tramita ante el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa y del trabajo del Estdo de Jalisco, para que se concluya el expediente en forma definitiva”.
El 19 de Septiembre de 2014, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, emitió ejecutoria en el amparo en revisión 462/21013 mediante el cual otorga la suspensión de pleno de los actos reclamados que abarcan entre otros las concesiones mineras, autorizaciones ambientales para su operación, usos de suelo, explotación minera, convenios de ocupación y la privación de posesión de bienes agrarios.
Sin embargo, el 16 de noviembre de 2014 es electo como presidente del ejido Ernestino Ciprián Ocaranza, un personaje cercano a los intereses de Peña Colorada quien comenzaría su labor para conseguir el desistimiento del amparo.
El 22 de julio de 2015, 33 indígenas nahuas son detenidos cuando reclamaban frente a la empresa minera el respeto de la suspensión y el pago por convenios de ocupación de sus tierras.
Fueron acusados de despojo, robo calificado y privación ilegal de la libertad y obtuvieron el “perdón” de la compañía a cambio del compromiso de que se desistirían del amparo 462/2013 que protege unas 60 mil hectáreas de la dotación y ampliación de las tierras ejidales.
La defensa legal de los ejidatarios del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), presentó la controversia agraria 314/2016 que pide la nulidad de la asamblea donde fue electo Ciprián Ocaranza, por no haberse ajustado a lo que marca la ley agraria.
La asamblea de ese 16 de noviembre de 2014, fue convocada por la mesa directiva que ya había terminado su encargo (caso similar al de José María Morelos en Chalacatepec), además, según IDEA, fue falsificada el acta por lo que pide que se deje sin efecto todos los actos posteriores a la elección.
Dentro de la misma controversia, los abogados piden medidas precautorias para que se impida la asamblea el próximo domingo 21 de mayo de 2017 y que se dejen sin efecto los acuerdos tomados en la misma.
También dentro del proceso de amparo 462/2013, tramitaron un incidente de falta de personalidad de quienes se ostentan como representantes ejidales ya que la elección está controvertida (sic) y denuncian que quienes dirigen el comisariado pretenden desistirse del amparo y beneficiar a Peña Colorada y afectar al núcleo ejidal por arreglos “bajo el agua”.
De prosperar el punto seis del orden del día y aprobarse el desistimiento, la resolución estaría también impugnada por la controversia agraria que dejaría sin efecto los acuerdos.
No obstante, el episodio que se vivirá este domingo en Ayotitlán, podría dejar al descubierto una historia aún más oscura: la compra de voluntades del consorcio minero hacia ejidatarios que ahora estrenan camionetas y compran propiedades en la región.
La lista de los beneficiados está en el abultado expediente de amparo, donde figuran hasta recibos de quienes recibían pagos de Peña Colorada y que hoy al desistirse, literalmente pretenden dinamitarlo para no dejar huella.
