El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, promovió un nuevo juicio de amparo en el que acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer 17 presuntas irregularidades durante su detención, traslado y reclusión.
El político panista se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México, desde el pasado domingo 19 de julio de 2026. Su captura se llevó a cabo días antes, el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California.
La detención de Ruffo Appel obedece a una investigación federal por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Específicamente, las autoridades lo vinculan con el ingreso irregular de combustibles al país, una modalidad delictiva que ha sido identificada por el gobierno federal como “huachicol fiscal”.
Las 17 irregularidades que denuncia la defensa
A través de sus abogados, el exmandatario estatal impugnó la emisión y ejecución de la orden de aprehensión, señalando múltiples violaciones a sus derechos durante el proceso de custodia federal. Entre los principales actos reclamados ante el juez de amparo destacan:
Incomunicación: Denuncian que tras su captura, Ruffo Appel fue incomunicado, impidiendo a su familia y abogados conocer su ubicación. Además, se le habría negado conversar de manera privada con su defensa.
Negligencia médica: La FGR presuntamente se negó a recibir y suministrarle sus medicamentos, interrumpiendo su tratamiento. Tampoco se le realizó una valoración médica que certificara que estaba en condiciones de ser trasladado desde Baja California hasta el Estado de México.
Traslado forzoso: Reclaman la instrucción de sacarlo de Ensenada por vía terrestre o aérea hacia otra entidad sin el debido proceso.
Ocultamiento de información: Señalan la ausencia o irregularidad de sus datos en el Registro Nacional de Detenciones (RND).
Con este recurso, Ruffo Appel busca la protección de la justicia federal contra cualquier acción gubernamental que obstaculice la ratificación de su demanda, impida conocer su localización exacta o reduzca la eficacia de una suspensión provisional.
Cabe destacar que los actos mencionados forman parte de los argumentos de la defensa y serán analizados por un juzgado de amparo. Su sola inclusión en la demanda no acredita la responsabilidad de la FGR, será el juez quien determine la legalidad o ilegalidad del actuar de las autoridades.