“Donde la fosa deja de ser noticia, porque la frecuencia la ha vuelto paisaje”.
Diputada Cayetana Álvarez de Toledo
La crisis de desapariciones en Jalisco ha dejado una de las mayores tragedias forenses del país: familias que buscaron durante años a sus hijos, hermanos o esposos, sin saber que sus cuerpos ya estaban bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En varios casos, los cadáveres ingresaron al Servicio Médico Forense poco después de su muerte, pero errores administrativos, retrasos en confrontas genéticas, fallas en bases de datos y saturación institucional impidieron notificar a sus familiares. El resultado fue una revictimización brutal: personas que recorrieron fosas clandestinas, hospitales y oficinas públicas mientras sus seres queridos permanecían almacenados en cámaras frigoríficas o fosas comunes.
Uno de los casos más conocidos fue el de César Ulises Arellano Camacho, desaparecido en 2020. Su familia emprendió búsquedas durante años, difundió fichas y acudió constantemente a fiscalías y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Tiempo después descubrieron que el cuerpo había ingresado al Semefo poco tiempo después de su desaparición, pero permaneció sin identificación oficial. El caso exhibió problemas en las confrontas genéticas y en la coordinación entre autoridades investigadoras y peritos forenses.
Otro caso que generó indignación fue el de José Refugio González, buscado por sus familiares durante un largo periodo mientras participaban en jornadas ciudadanas de búsqueda. Posteriormente fueron informados de que sus restos ya habían sido recuperados por autoridades y almacenados por años en instalaciones forenses sin ser vinculados oportunamente con la carpeta de desaparición. Colectivos denunciaron entonces que existían cientos de cuerpos y restos bajo resguardo oficial pendientes de confronta genética.
La historia de María del Rosario Hernández también evidenció la dimensión humana del problema. Sus familiares acudieron durante años a marchas y protestas para exigir apoyo institucional. Finalmente recibieron la noticia de que existían coincidencias genéticas con restos que habían sido procesados tiempo atrás. Para las familias, el impacto psicológico fue devastador: descubrir que mientras exigían búsquedas, los restos permanecían bajo custodia gubernamental sin nombre.
En varios expedientes, las familias denunciaron que entregaron muestras de ADN desde los primeros meses de desaparición y aun así los procesos de identificación tardaron años. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos donde hubo errores en registros de tatuajes, prendas, fotografías o huellas, además de expedientes incompletos y deficiencias tecnológicas para cruzar información genética.
La magnitud de la crisis quedó expuesta nacionalmente en 2018 con el escándalo de los llamados “tráileres de la muerte”. Dos cajas refrigeradas transportaban más de 300 cadáveres sin identificar por distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara debido a la saturación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Las imágenes de los tráileres recorrieron el país y mostraron el colapso absoluto de la capacidad forense estatal.
A partir de entonces comenzaron a revelarse más historias de cuerpos olvidados en el sistema. Familias descubrieron que sus seres queridos habían sido enterrados en fosas comunes pese a existir denuncias formales de desaparición. En algunos casos, las identificaciones solo ocurrieron años después gracias a nuevas confrontas genéticas impulsadas por presión de colectivos de madres buscadoras.
La Ley General en Materia de Desaparición establece que las autoridades tienen obligación de preservar e identificar los restos humanos antes de enviarlos a disposición final. También exige tomar perfiles genéticos, huellas dactilares, fotografías y resguardar pertenencias personales. Aunque por razones sanitarias o de espacio los cuerpos pueden ser trasladados a fosas comunes después de determinado tiempo, la ley obliga a mantener condiciones para una futura exhumación e identificación.
La tragedia ocurre en paralelo al crecimiento de fosas clandestinas en Jalisco. Desde diciembre de 2018 hasta 2025, autoridades estatales reportaron el hallazgo de alrededor de 187 fosas clandestinas con aproximadamente mil 882 cuerpos y restos humanos recuperados. Los municipios con más sitios detectados son Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, El Salto y Guadalajara, zonas donde operan distintos grupos criminales y donde colectivos ciudadanos realizan búsquedas permanentes.
Tlajomulco se convirtió en símbolo de esta crisis por la enorme cantidad de entierros ilegales encontrados en casas, ranchos y brechas. En varios predios fueron localizadas decenas de bolsas con restos humanos, muchos de ellos fragmentados o calcinados. Zapopan y Tlaquepaque también concentran numerosos hallazgos vinculados a casas de seguridad y cementerios clandestinos operados por la delincuencia organizada.
Peritos forenses trabajan frecuentemente con restos incompletos, cuerpos deteriorados o segmentos anatómicos mezclados, lo que complica enormemente las identificaciones. A ello se suma el rezago histórico del sistema pericial mexicano: falta de laboratorios suficientes, escasez de personal especializado y miles de muestras genéticas pendientes de análisis.
Mientras tanto, cientos de familias continúan buscando. Muchas madres revisan fotografías de ropa, tatuajes y objetos personales en plataformas oficiales esperando reconocer algo familiar. Otras recorren predios con picos y palas, convencidas de que encontrarán antes a sus hijos por cuenta propia que mediante investigaciones gubernamentales. La tragedia de Jalisco no solo habla de desapariciones, sino también de cuerpos que sí fueron encontrados, pero quedaron atrapados durante años en un sistema incapaz de devolverles identidad.