Artículos relacionados
Para advertir sobre el riesgo del colapso del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), su presidente Héctor Pizano Ramos, compartió cifras espeluznantes.
Tiene reservas por 38 mil millones de pesos, pero si en el corto plazo no se realizan las reformas a la ley, en cuatro o cinco años el gobierno estatal deberá subsidiar el pago de los pensionados y las finanzas seguirán en caída libre.
Un estudio realizado por el despacho Valuaciones Actuariales del Norte, que sirvió para fundamentar las reformas legales que requiere el organismo, advirtió de un déficit de 326 mil millones de pesos que en 2029 representaría que se rescate a Ipejal porque no podrá cubrir el pago a sus agremiados.
Para enfrentar este panorama, la firma urge a aumentar los años de cotización, fijar topes de pensiones, indexar el aumento al salario mínimo, aumentar la edad de retiro, entre otras acciones.
Curiosamente, en agosto de 2010, el mismo despacho había presentado una corrida financiera a 100 años con motivo de las reformas que dieron vida al Instituto de Pensiones, donde auguraba una vida financiera “perenne” (para siempre).
Una fórmula con la que el Ipejal podría atenuar sus apuros económicos, sería recuperar los recursos invertidos en disparados proyectos como el de Chalacatepec, donde aportó casi 89 millones de dólares; los 604 millones aportados a Abengoa mediante fondos bursátiles; los 340 millones de las Villas Panamericanas y los 390 millones destinados para el fideicomiso de Santa Cruz de la Soledad.
De acuerdo con el organismo, hay además unas 20 denuncias por un presunto fraude cometido por compras a sobre precio que ampararía un monto de mil millones de pesos.
Pero otra fuga constante ha sido la mala operación del Ipejal en su relación con las entidades públicas que retienen las cuotas de trabajadores y aportan la parte correspondiente patronal.
Una revisión a la situación de adeudos hasta agosto de 2021, mostraba cuotas pendientes de pago a Pensiones por mil 109 millones de pesos y aquí el ayuntamiento de Puerto Vallarta acumulaba 95 quincenas de retraso, para una deuda de 489 millones 580 mil pesos; el municipio de Chapala sumó 129 quincenas atrasadas de cuotas lo que representaba 37 millones 772 mil pesos.
El Grupo 20 de la policía auxiliar alcanzó 62 quincenas para 21 millones 417 mil pesos y el caso más emblemático, el de Tamazula, acumuló 43 quincenas con una deuda de 24 millones 587 mil pesos y donde el ex alcalde José Luis Amezcua enfrenta una denuncia por desvío de recursos ya que retuvo cuotas de trabajadores y en lugar de reportarlas a Pensiones las destinó a otros fines.
Curiosamente, en el cambio de gobierno, en el último mes varias administraciones municipales decidieron pagar a Ipejal. En la página del organismo, figura que tras 96 quincenas pendientes, Puerto Vallarta pagó 490 millones de pesos y Tonalá habría pagado más de 45 millones de pesos.
En la lista de morosos, hasta el 30 de septiembre de 2021, figura Tlajomulco de Zúñiga con la mayor deuda con 325 millones 248 mil pesos.
Aunque la ley faculta medidas de apremio para que Pensiones cobre las cuotas pendientes como retener las participaciones municipales, el ayuntamiento de Chapala llegó a acumular cinco años y cuatro meses sin entregarlas.
