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La aeropista que el Gobierno del Estado comenzó a construir en la Costalegre como factor detonante del desarrollo turístico de la región, fue literalmente realizada sobre suelos inestables.
Primero, porque está asentada junto dos humedales considerados sitios Ramsar que el gobierno mexicano está obligado a proteger según convenios internacionales firmados.
Segundo, porque las decenas de hectáreas ocupadas para colocar la plancha de la pista y las edificaciones que compondrán la obra civil, fueron recibidas de extrañas “donaciones” de tierras que en realidad pertenecen al ejido José María Morelos.
Y por si fuera poco, otra superficie entregada por el ejido al gobierno estatal para la misma terminal aérea, fue en realidad un convenio de ocupación temporal para que las autoridades locales promovieran la expropiación de las tierras lo que nunca sucedió.
El enredo de la aeropista tiene el mismo origen de todo el proyecto de Chalacatepec. Propiedades particulares supuestamente ubicadas en la superficie que ocupaba la ex hacienda de La Nancy, fueron empleadas para consolidar el paño que se necesitaba para el proyecto de la pista.
Curiosamente ciudadanos desinteresados aparecieron para donar distintas superficies al gobierno estatal para que pudiera construir la aeropista.
Por ejemplo, ante el notario público número 20 Jesús Enrique Ramos Ruiz, con escritura 13,061 el 25 de enero de 2006, los hermanos Luis Arturo, maría Virginia y Alfredo Villarruel Pérez, acceden a donar poco más de dos hectáreas de un lote rústico de 25 hectáreas que formaba parte del predio conocido como Param y Chola.
Quienes reciben los terrenos es el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, el secretario de gobierno Gerardo Octavio Solís Gómez y el secretario de Finanzas Ignacio Novoa López.
En el documento (en poder de este columnista), los funcionarios estatales señalan en la cláusula primera que aceptan la donación del inmueble el cual se destinará “para la construcción en un futuro de la pista de aterrizaje para aviones en la Costalegre de Jalisco”.
Otra escritura la 13,562 ante el mismo notario con fecha 27 de julio de 2006, figuira el oficial mayor de la Secretaría de la reforma Agrafia, Javier Dueñas García, junto a los particulares Manuel Ignacio y José Luis Arias García, representados por el arquitecto Carlos Felipe Arias García, para donar al mismo gobierno estatal tres lotes que suman 135 hectáreas.
Uno de los lotes de 68, otro de 63 y el tercero de 4 hectáreas, mismos que formaban parte de una propiedad de Carlos Felipe Arias García de 200 hectáreas pertenecientes también al predio de Param y Chola.
Sólo que estos terrenos en realidad fueron adquiridos previamente por la Secretaría de la Reforma Agraria para cumplimentar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia 2466/66 que ordenaba dejar sin efecto la resolución presidencial que dotaba al ejido de José María Morelos de 12,400 hectáreas y amparaba cientos de hectáreas de supuestos “particulares”.
Una vez con los lotes en su posesión, reforma Agraria dona al gobierno estatal la superficie para que las autoridades construyan la aeropista, en una maniobra completamente ilegal porque las tierras fueron pagadas a los particulares para cumplir con la resolución presidencial que creó el ejido y porque además esa dependencia no tenía personalidad jurídica para “donar” las citadas hectáreas.
Además, como la misma Reforma Agraria probó en trabajos realizados por su Consejo Agrario Técnico entre 1982 y 1984, en esa zona nunca existió un predio denominado Param y Chola (oficio 3826 de la SRA) sino que fueron propiedades “sembradas” contando con la complicidad de una serie de funcionarios agrarios y del Registro Público de la Propiedad.
Una perla más. El 24 de septiembre de 2006, el Gobierno del Estado firma un convenio con el ejido José María Morelos para ocupar tres hectáreas que necesita para la construcción de la aeropista Chalacatepec de la Costalegre, en tanto realiza los trámites ante la Secretaría de la Reforma Agraria para su expropiación.
Por esta ocupación acuerda pagar 197 mil 847 pesos a tres ejidatarios que tenían la posesión de las tierras.
Sin embargo, según el documento (también en poder de quien esto escribe), entre las cláusulas de rescisión del mismo, figura que el gobierno estatal no realice el trámite expropiatorio ante las autoridades federales, lo que efectivamente pasó.
Por todas estas razones, los terrenos que ocupa la aeropista continúan siendo del ejido José María Morelos.
