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El anuncio multimillonario de ampliación del aeropuerto de Guadalajara del Grupo Aeroportuario del Pacífico, fue como la maqueta que mostraron: de cartón.
La firma de origen español, anunció ante autoridades estatales y empresarios de Jalisco, la inversión de 12 mil millones de pesos para la construcción de una nueva terminal y una segunda pista para la terminal aérea y argumentaron que no utilizarían un solo metros del ejido El Zapote sino las tierras compradas al ejido Santa Cruz del Valle.
Según los directivos, habrían invertido 750 millones de pesos en la compra de los terrenos que albergarían las obras de ampliación.
No obstante, según el acuerdo firmado el 29 de julio de 2019 (en poder de Paralelo 20) y que fue incluido en el convenio que resuelve la sentencia del amparo 528/1997 que obliga al gobierno federal a pagar la indemnización, el GAP habría entregado solo una parte de los recursos y quedarían pendiente de cubrir casi 280 millones de pesos.
La historia
Como sucedió con El Zapote, al ejido de Santa Cruz del Valle también lo afectaron con el despojo de 198 hectáreas, primero por la fuerza y después mediante un decreto expropiatorio del diez de septiembre de 1975.
Pero los ejidatarios han conseguido sentencias favorables con resoluciones que declararon nulo el proceso y ordenan la indemnización de las tierras a precios comerciales.
A los campesinos de Santa Cruz del Valle les arrebataron 298 hectáreas que cercenaron el ejido formalizado en 1935, para utilizar la superficie en el proyecto de lo que ahora es el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo.
Los primeros planes para una aeropista comenzaron en 1928 con el presidente Plutarco Elías Calles, quien buscaba construir un aeródromo para la Secretaría de Guerra y Marina.
En 1947 durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, comenzaron formalmente los trabajos de la terminal pero ahora como “campo de aterrizaje”, obras que fueron realizadas por Construcción Latina, S. A.
En 1951 utilizando la fuerza del estado a través del ejército mexicano, el gobierno federal toma posesión de las hectáreas que necesitaba para el proyecto del aeropuerto arrebatando 307 hectáreas al ejido del Zapote, 198 a Santa Cruz del Valle, 14 al ejido Toluquilla y cuatro a San José del Valle.
Según cuentan ejidatarios de Santa Cruz, el desalojo fue violento pues los militares entraron arrasando todo y golpeando a quienes se oponían. Como consecuencia de este atropello, algunos fueron procesados y otros enviados al hospital.
Aunque mantuvo ocupadas las tierras desde 1951, es hasta el 10 septiembre de 1975 cuando el gobierno federal expropia 298 hectáreas de Santa Cruz del Valle.
Por las tierras expropiadas a Santa Cruz del Valle, el gobierno otorga una supuesta indemnización de ocho millones de pesos, un promedio de tres pesos metro cuadrado; al Zapote, el pago es de 40 millones de pesos por 307 hectáreas, poco más de 37 pesos por metro cuadrado; mientras que familias como los Jarero, los Barba y Ramírez, pequeños propietarios afectados, habían recibido en 1971 un pago de 40 pesos por metros cuadrado.
En 1997 el ejido de Santa Cruz del Valle interpone el amparo 528/1997 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, donde piden la nulidad del decreto. El juez resuelve a su favor y declara nula la expropiación por violaciones a los derechos de garantía de audiencia y una inadecuada indemnización.
El amparo se fue a revisión pero la sentencia es confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado al pronunciarse el tres de octubre de 2013 según expediente 761/2013.
Y por último, el Segundo Tribunal Colegiado resuelve el dos de marzo de 2017 el recurso de inconformidad 30/2016 donde establece los criterios con los que debe indemnizarse las tierras de los afectados.
Los ejidatarios de Santa Cruz del Valle conservaron 101 hectáreas de la superficie expropiada y el aeropuerto mantuvo la posesión de 197 hectáreas.
En la relación con las autoridades federales, al ejido siempre le ha ido mal. En 1975, cuando les expropiaron, fijaron ocho millones como indemnización, recursos que fueron entregados en forma extemporánea al Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), pero cuando recogieron el dinero apenas obtuvieron la mitad pues la otra parte se la quedaron funcionarios corruptos.
Pero al ejido Toluquilla le fue peor. Cuando el mismo Fifonafe “indemnizó” al ejido Toluquilla, acordaron la entrega de ocho cabezas de vaca y 40 puercas de vientre. Nunca recibieron ni las vacas, ni los puercos.
Acuerdo ignorado
Tras meses de negociaciones, finalmente los ejidatarios llegaron a un acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico para que con recursos propios pagara la indemnización por las tierras expropiadas.
De acuerdo con el documento, cuya copia posee Paralelo 20, el convenio fue aprobado por el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, donde se llevó el juicio de amparo 528/1997.
El ejido “quejoso” acepta que la concesionaria o tercero perjudicado (el GAP), pague la indemnización de las 298 hectáreas a cambio de reconocer que son propiedad del gobierno federal quien las transmitirá a la empresa concesionaria.
En la segunda cláusula del convenio, se señala que los 134 ejidatarios recibirán la cantidad de 378 millones 284 mil 369 pesos con 46 centavos, por concepto de contraprestación económica complementaria a la indemnización constitucional.
Cada uno de los 134 miembros del ejido recibirá 2 millones 823 mil 017 pesos con 68 centavos.
En el acuerdo se estipula además otro pago por 279 millones 005 mil 658 pesos para cubrirse a más tardar en el mes de enero de 2020 y un pago más por 34 millones de pesos para cuatro personas (los abogados) por concepto de reintegración de gastos y de asesoría por la gestión y trámite de recursos legales.
En el convenio dan como un hecho que se ha pagado casi todo. Los 34 millones de los abogados, además de los montos fijados por la indemnización para los ejidatarios.
Solamente aclara que falta el pago a 10 personas por distintas razones. En algunos casos porque los titulares de los derechos agrarios fallecieron y figura además el expediente de Manuel Rafael Fierros Magdaleno, quien aparece como dueño de 4 hectáreas y media por las que recibirá 13 millones 287 mil pesos.
Fierros Magdaleno argumentó ante el juzgado la imposibilidad de entregar el predio ya que se encuentra “invadido” y no tiene la posesión del mismo. Pese a esta situación, en el documento que sancionó el juez, el entonces presidente del comisariado ejidal, Jorge Flores, le pide al juzgador que realice las gestiones para que con apoyo de la fuerza pública efectúe el “lanzamiento” de la parcela 4 (propiedad de Manuel Fierros) para de esta manera entregar las hectáreas determinadas en el acuerdo.
Sin embargo, la “invasión” que denuncia el ejidatario, en realidad es un conflicto que éste mantiene con el ejido El Zapote por 6 hectáreas, 3 de las cuales forman parte del predio que requiere el grupo aeroportuario y que están en poder del ejido vecino y no de Santa Cruz del Valle.
La lista de los 10 ejidatarios que no entregaron sus parcelas al GAP, es la siguiente:
María de Jesús López Quesada, ejidataria fallecida.
José González Uribe, quien tiene un conflicto con un tercero a quien cedió los derechos.
Roberto Mosqueda Quezada, fallecido.
José Pedro González Bogarín, fallecido.
María Teresa Yñiguez Giménez, quien no ha querido recoger el cheque de 2 millones 823 mil 017 pesos.
Ascención Fonseca López, fallecido.
Mariana Alvarado Rodríguez, fallecida.
José Antonio Mosqueda Díaz, no aparece como ejidatario en el Registro Agrario Nacional.
Juan Yñiguez Quezada, fallecido.
Manuel Rafael Fierros Magdaleno, por no tener la posesión.
No obstante estar sancionado el convenio ante un juez, el grupo aeroportuario no ha pagado la segunda parte del monto prometido para cubrirse en el mes de enero de 2020, como confirmaron distintas fuentes incluidos algunos ejidatarios.
Por eso, pese a que el Grupo Aeroportuario del Pacífico presume de inversiones millonarias para las ampliaciones de la terminal aérea, en realidad no ha cumplido con el pago estipulado para los ejidatarios de Santa Cruz del Valle y tampoco cuenta con la superficie completa de las tierras que todavía enfrentan distintos conflictos legales.
