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Para sortear la muralla que implicaba el amparo 711/2013 que frenaba las obras del proyecto de Chalacatepec, el gobierno estatal encabezado por Aristóteles Sandoval, decidió saltarla en lugar de hacer un largo rodeo.
Y para conseguirlo, recurrió a la vieja fórmula de dividir a los ejidatarios para en río revuelto convertirse en pescador.
Confrontados desde años, los habitantes de José María Morelos, en Tomatlán, escucharon el canto de sirenas de la compañía Rasa Land quien comenzó a comprar tierras en la zona.
Personaje central en esta historia es Ricardo Santa Cruz Mahoney quien adquirió terrenos a supuestos particulares que tenían lotes en el ficticio predio de Paramán y Chola hasta consolidar las mil 200 hectáreas que aportaría al Fideicomiso que daría vida al proyecto de Chalacatepec.
Es Santa Cruz Mahoney quien firma el citado fideicomiso F/380 como representante legal de las empresas Chala Mar, Paraland y Chalalegre de Responsabilidad Limitada y Capital Variable, todas subsidiarias de Rasa Land.
Asociado a través del Instituto de Pensiones, el gobierno estatal tuvo una participación activa en el conflicto, al abiertamente operar a favor de la compañía que tiene su base en varios paraísos fiscales.
Por ejemplo, la delegación de la Procuraduría Agraria en contubernio con la Dirección de Asuntos Agrarios del Estado, fraguaron una asamblea general de ejidatarios el primero de octubre de 2013. Ahí, acordaron el desistimiento del amparo 711/2013 que mantenía detenidos los trabajos del también llamado Nuevo Cancún.
Tan fue irregular, que mediante el recurso de queja 219/2013, en enero de 2014 el Segundo Tribunal Colegiado de lo Administrativo resolvió dejar sin validez los acuerdos de la asamblea y en firme el amparo.
Otro episodio ocurrió con Casa Sarita. Cleofas Rodríguez terminó su función como presidente del ejido el 17 de octubre de 2013 y convoca para el 23 de octubre a una asamblea donde coinciden en la casa ejidal dos bandos antagónicos y ante la imposibilidad de realizar la reunión en ese sitio, propone cambiarla a “Casa Sarita”, una finca particular.
Entre las graves irregularidades, destaca que Cleofas no tenía representación legal para convocar a la asamblea pues su periodo había terminado seis días antes.
La renovación es celebrada en “Casa Sarita” y sancionada por autoridades estatales y federales que validan la elección de la directiva y hasta expiden credenciales.
Estos actos fueron impugnados por Guadalupe Valadez, en calidad de representante del ejido y el Segundo Tribunal Colegiado de lo Administrativo concede las ejecutorias de queja favorables 66/2014, 71/2014 y 72/2014.
De aquella elección en Casa Sarita, han seguido nuevas directivas del ejido que carecen de validez por los vicios de origen. Los tribunales agrarios que caminan a paso de tortuga, no han resuelto el galimatías que fabricó el gobierno estatal pero que podrían conducir a dejar sin efecto todas las decisiones de los comisariados fabricados a modo.
Esto quiere decir que tanto las tierras “particulares” compradas, la aeropista y hasta el Nuevo Cancún, seguirían siendo solo el sueño de Emilio González Márquez.
