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La crisis, que no es crisis, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), ha rebasado desde hace tiempo al equipo de peritos de los que dispone el organismo.
Un diario local reveló que el instituto ha tenido que ampararse para evitar pagar las multas que les han aplicado por incumplir con la entrega de dictámenes periciales, que son necesarios en carpetas de investigación o en la marcha de distintos juicios.
Pero esta situación no es nueva. Aunque con la tragedia de los desaparecidos en Jalisco que se ha agudizado en los últimos años, las miradas se han centrado en la acumulación de restos y cuerpos sin ser identificados, otras áreas forenses también han fallado por el cúmulo de trabajo y los cientos de asuntos que tienen que atender.
De acuerdo con cifras reconocidas por el IJCF, existen más de cuatro mil restos y personas sin ser identificados de 2018 a la fecha, pero un estudio del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), contabilizó más de nueve mil de 2006 a mayo de 2023.
Además de contar con un escaso cuerpo de especialistas en genética y correspondencia (que identifican restos que corresponden a otras partes de un cuerpo), el Servicio Médico Forense cuenta con otro tipo de peritos que se encargan de múltiples tareas a petición del ministerio público en indagatorias o por los jueces en los casos de algunos litigios.
El personal del instituto es requerido para acudir, por ejemplo, a revisar un predio que forma parte de un delito de despojo, revisar daños a fincas, fraudes en una construcción (que se utilizaron materiales distintos a los ofrecidos) y en ocasiones requieren viajar a Mascota, Atenguillo, El Tuito o Puerto Vallarta, pero no cuentan con los recursos necesarios para los traslados.
A este tipo de trabajos se suman peritajes de documentos, siniestros, escenas de un crimen, accidentes viales, validación de una firma, dictámenes de afectaciones psicológicas, vehículos incendiados, entre muchas otras especialidades que forman parte del catálogo de servicios que deben atender los peritos del organismo en todo el estado.
Las oficinas regionales todavía están en peores condiciones. Hay algunas que disponen de un par de peritos, pero que no abarcan todas las disciplinas que son necesarias para atender las peticiones de las autoridades de administración de justicia y tienen que pedir la intervención de Guadalajara.
En muchos casos, los peritos no acuden a las audiencias para rendir su dictamen ante un juez, debido que no fue realizado el trabajo o se han dado situaciones en que no se presentan porque ya no laboran en la institución y no hay manera de localizarlos para que acudan a la diligencia.
De acuerdo con especialistas del derecho consultados, cualquiera que sea la circunstancia en la omisión en la elaboración de un dictamen pericial, al margen de las multas que fueron aplicadas, los servidores públicos podrían incurrir en el delito de abuso de autoridad enmarcado en el artículo 146 del Código Penal de Jalisco.
Y al final de cuentas, el incumplimiento en la realización y entrega de los dictámenes periciales, contribuye a la impunidad en el estado, ya que el ministerio público no cuenta con las pruebas y el juez no puede dictar sentencia, por lo que es común que se desechen las carpetas de investigación o los juicios queden truncos.
Los familiares de desparecidos, tampoco confían en recurrir a los amparos para presionar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que cumpla con los peritajes de confronta e identificación de restos.
Integrantes de colectivos consultados, narran que han presentado varios y el organismo siempre responde con tácticas dilatorias o les piden a las víctimas que lleven más fotografías o aporten más pruebas para identificar los cuerpos.
A veces son las mismas fotos y obtienen la misma respuesta: el silencio.
