Guadalajara se prepara para sustituir una de las infraestructuras más importantes para su supervivencia cotidiana: el acueducto que transporta agua desde el lago de Chapala hasta la zona metropolitana.
Construida durante la década de los ochenta y puesta en operación en 1991, la tubería fue concebida para garantizar un suministro más eficiente a una ciudad que crecía aceleradamente y cuyas fuentes tradicionales ya no eran suficientes. Hoy, después de aproximadamente 35 años de servicio, la obra enfrenta un deterioro progresivo que ha encendido las alertas de las autoridades. La preocupación no es menor: una falla de consideración podría comprometer el abastecimiento de millones de habitantes y obligar a recurrir, en mayor medida, a sistemas de conducción más antiguos y vulnerables.
El acueducto tiene una longitud aproximada de 42.6 kilómetros y fue diseñado para transportar hasta 7 mil 500 litros de agua por segundo. Su construcción comenzó en 1984 y la conducción entró en funcionamiento en 1991, aunque algunas referencias sitúan su inauguración formal en 1992.
La infraestructura conecta el lago de Chapala con las instalaciones de potabilización de Guadalajara, particularmente la planta número uno de Miravalle. Su principal ventaja frente a los sistemas anteriores consistió en conducir el agua mediante una tubería cerrada, con menores riesgos de contaminación durante el trayecto y sin la exposición directa a la evaporación y a las extracciones irregulares características de los canales abiertos.
La historia de esta infraestructura, sin embargo, comenzó mucho antes. Durante buena parte del siglo XX, Guadalajara dependió de manantiales, pozos y fuentes cercanas que resultaron insuficientes ante el crecimiento de la población. La solución fue buscar agua en el lago de Chapala y aprovechar el río Santiago como vía de conducción.
A partir de los acuerdos impulsados en 1953, se desarrolló el sistema que comenzó a operar en 1956, con una autorización inicial para extraer alrededor de 4 mil litros por segundo. El agua era conducida desde la región de Ocotlán hacia Guadalajara mediante el cauce del Santiago y una red de canales y derivaciones. Aquella obra cambió la historia del abastecimiento de la capital jalisciense, pero también la vinculó de manera permanente con una cuenca compartida por ciudades, industrias, agricultores y comunidades ribereñas.
La construcción del acueducto cerrado pretendía mejorar la eficiencia de ese sistema y ofrecer una conducción más segura. La tubería, de aproximadamente 2.10 metros de diámetro, representó un avance tecnológico importante al reducir la exposición del agua a contaminantes durante su traslado. Su capacidad de diseño, de 7.5 metros cúbicos por segundo, equivalía a 7 mil 500 litros por segundo.
No obstante, el crecimiento urbano y la demanda de agua hicieron evidente que la nueva infraestructura no bastaría por sí sola para eliminar la dependencia de las instalaciones antiguas. El canal de Atequiza y el sistema asociado a Las Pintas continuaron funcionando como complemento del abastecimiento metropolitano, una señal de que la solución construida durante los años ochenta nunca consiguió desplazar por completo a la infraestructura precedente.
El paso del tiempo ha comenzado a cobrar factura. Uno de los principales problemas del acueducto es la acumulación de minerales en sus paredes interiores, que reduce el diámetro útil y dificulta el desplazamiento del agua. La capacidad efectiva de conducción se ha situado alrededor de los 6 mil litros por segundo, de acuerdo con los datos técnicos difundidos durante 2026.
La diferencia respecto de los 7 mil 500 litros por segundo para los que fue diseñado representa una reducción aproximada del 20 por ciento. En términos prácticos, significa que el sistema ha perdido capacidad para transportar el volumen previsto originalmente. A ello se suman las preocupaciones por la corrosión, el desgaste de los materiales, el deterioro de las juntas y las posibles fallas en los componentes electromecánicos que permiten mantener el flujo.
La vida útil es otro de los argumentos que han colocado la sustitución en la agenda pública. Las estimaciones técnicas manejadas para la infraestructura consideran un horizonte de aproximadamente 40 años. Si se toma 1991 como referencia para el inicio de operaciones, ese plazo se cumpliría alrededor de 2031.
En octubre de 2026, el acueducto acumula unos 35 años de servicio. Esto no significa que la tubería vaya a colapsar necesariamente al alcanzar esa fecha, pero sí que el deterioro obliga a planear su reemplazo con anticipación. Una obra de esta magnitud no puede sustituirse de un día para otro: requiere estudios, presupuesto, contratación, fabricación de componentes y trabajos que deben coordinarse para reducir las afectaciones al suministro.
El riesgo de una interrupción constituye una de las principales preocupaciones. El acueducto conduce una parte sustancial del agua procedente de Chapala y abastece instalaciones esenciales para su potabilización. Una avería importante podría exigir reparaciones especializadas y reducir temporalmente el volumen disponible para la ciudad.
El problema es que no existe una segunda conducción cerrada de capacidad equivalente que pueda entrar en operación inmediatamente para reemplazarlo. El sistema antiguo puede complementar el abastecimiento, pero tiene limitaciones de capacidad y calidad. Por ello, la sustitución no se plantea únicamente como una modernización tecnológica, sino como una medida preventiva para evitar que una infraestructura envejecida se convierta en un factor de vulnerabilidad para toda la metrópoli.
Las pérdidas de agua también forman parte del problema, aunque es importante distinguir entre las que se producen durante la conducción desde Chapala y las que ocurren en la red urbana. En la documentación técnica difundida en 2026, el sistema de distribución administrado por el SIAPA registra pérdidas estimadas en 36.9 por ciento del agua que gestiona.
Esa cifra no corresponde exclusivamente al acueducto, pero ilustra el tamaño del desafío. Cada litro que se capta, bombea y potabiliza implica costos de energía, mantenimiento y operación. Si termina perdiéndose por fugas en las tuberías urbanas, el gasto no se traduce en agua disponible para los usuarios. La sustitución del ducto puede mejorar la conducción, pero no resolverá por sí sola el deterioro de la red de distribución, que también requiere inversiones, reparación de fugas, control de presiones y mejores sistemas de medición.
El Gobierno de Jalisco ha impulsado un proyecto para reemplazar la conducción actual por una infraestructura moderna. La propuesta conserva un trayecto aproximado de 42.6 kilómetros y contempla una tubería de acero de 96 pulgadas de diámetro, con recubrimiento interior de poliuretano para protegerla frente a la corrosión.
El análisis costo-beneficio difundido en julio de 2026 calculó una inversión de 10 mil 136 millones de pesos, además de gastos de mantenimiento estimados en 145 millones anuales y una vida útil prevista de 30 años. En octubre, la inversión presentada ante el Congreso estatal ascendió a 11 mil 900 millones de pesos. La diferencia entre ambas cantidades deberá aclararse a medida que se definan el alcance definitivo, los contratos y las condiciones financieras de la obra. La previsión oficial apunta a que el nuevo acueducto pueda entrar en operación alrededor de 2029, siempre que se cumplan los procedimientos presupuestarios y de ejecución.
Las autoridades han sostenido que la sustitución no busca incrementar la extracción del lago, sino transportar con mayor eficiencia el volumen autorizado. La capacidad prevista continúa siendo de hasta 7 mil 500 litros por segundo. En principio, una conducción nueva permitiría recuperar capacidad, reducir los riesgos de fallas y mejorar el control del flujo.
Sin embargo, la construcción de una tubería moderna no garantiza por sí sola que se proteja el lago de Chapala. Para que la inversión se traduzca en una política hídrica sostenible será necesario transparentar los volúmenes extraídos, verificar el desempeño del nuevo sistema y asegurar que las decisiones de operación respeten las condiciones de la cuenca. Chapala no es únicamente una reserva para Guadalajara: también es un ecosistema que sostiene actividades pesqueras, turísticas y económicas, además de ser el hogar de numerosas comunidades ribereñas.
Mientras se prepara el relevo, el antiguo sistema de Atequiza continúa recordando que la historia del abastecimiento metropolitano nunca se ha resuelto con una sola obra. El sistema Atequiza-Las Pintas aprovecha el río Santiago y una red de canales abiertos que conecta la región de Ocotlán con las instalaciones de bombeo próximas a Guadalajara.
Las referencias técnicas sitúan en alrededor de 52.5 kilómetros el tramo del canal Atequiza-Las Pintas, aunque el recorrido completo del sistema antiguo supera los 90 kilómetros cuando se consideran sus cauces y conexiones. Su permanencia obedece a la necesidad de complementar el suministro, pero también plantea dificultades sanitarias y ambientales. A diferencia de una tubería cerrada, los canales están expuestos a escurrimientos agrícolas, descargas residuales, evaporación y extracciones durante el trayecto. Por ello, el agua captada por esta vía requiere controles de calidad y tratamiento antes de su distribución.
La discusión sobre el futuro del acueducto obliga a mirar más allá del concreto y el acero. Guadalajara necesita sustituir una infraestructura que ha cumplido una función fundamental, pero también debe reducir las fugas de su red urbana, mejorar el tratamiento de las aguas residuales, sanear el río Santiago y proteger las fuentes de abastecimiento.
La inversión, cercana a los 12 mil millones de pesos, exige transparencia sobre los costos definitivos, los contratos, los plazos y las garantías de funcionamiento. La experiencia del canal de Atequiza demuestra que las obras pueden permanecer durante décadas como parte indispensable de un sistema, incluso cuando se construyen alternativas supuestamente más eficientes.
El reto para la metrópoli es evitar que el nuevo acueducto se convierta simplemente en otra solución temporal. Porque garantizar el agua de Guadalajara no depende únicamente de reemplazar una tubería envejecida: requiere una política de largo plazo que combine infraestructura, mantenimiento, eficiencia y protección ambiental.