En la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, los partidos políticos convirtieron las acciones afirmativas, concebidas para saldar deudas históricas con sectores vulnerables, en una vía rápida para ubicar a cuadros de élite y operadores tradicionales.
Así lo revela el estudio Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024), elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el cual se evidencia, por ejemplo, que de 49 legisladores indígenas, sólo 10 realmente tienen representación en comunidades de ese tipo.
Se trata de políticos sin antecedentes de trabajo comunitario, sin hablar una lengua originaria ni residir en los municipios indígenas, que obtuvieron el aval del INE para ocupar espacios reservados.
Para registrar a candidatos ajenos a las comunidades, las dirigencias recurrieron a la obtención de constancias comunitarias apócrifas o tramitadas mediante “dádivas, promesas de obras públicas o favores políticos a autoridades locales”.
En tanto, en las acciones afirmativas para la diversidad sexual (LGBTQ+), personas con discapacidad y afromexicanas, basta con que la persona aspirante firme una manifestación bajo protesta de decir verdad para ser considerada parte de la minoría.
Con el argumento de proteger el derecho a la privacidad e intimidad de las personas (evitar que la autoridad obligue a alguien a hacer pública su orientación sexual o condición médica), el sistema electoral creó una laguna que las cúpulas partidistas explotaron para cometer fraude a la ley sin posibilidad de sanción inmediata, indica la investigación.
En el caso indígena, Morena y sus aliados (PT y PVEM) concentran más del 80% de los espacios asignados por acción afirmativa en la actual legislatura.
Además, el estudio indica que 97.4% de las iniciativas presentadas por diputados de acciones afirmativas son congeladas o desechadas, además de que 9 de cada 10 de estos diputados y diputadas son relegados a secretarías y vocalías de comisiones relativas a su condición.
El discurso oficial de las autoridades electorales y las bancadas políticas presume a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados como la más plural e incluyente en la historia de México. Sin embargo, la realidad detrás de las cifras revela un mecanismo sistemático de simulación y usurpación: de 49 legisladores clasificados como indígenas, únicamente 10 tienen una representación orgánica en sus comunidades, mientras que el resto obtuvo las candidaturas mediante intercambio de favores, dádivas y promesas de obras públicas.
En el estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024), se expone la brecha entre la norma y la práctica. El análisis concluye que los partidos políticos convirtieron las acciones afirmativas —concebidas para saldar deudas históricas con sectores vulnerables— en una vía rápida para ubicar a cuadros de élite y operadores tradicionales.
El mercado de la adscripción calificada
El hallazgo más contundente del análisis cualitativo y cuantitativo elaborado por los investigadores de la UNAM se ubica en las curules destinadas a los pueblos y comunidades originarias.
Aunque la normativa electoral asignó formalmente 49 espacios para la representación indígena en el Congreso federal, los testimonios recabados entre los propios legisladores, autoridades comunitarias y expertos concluyen que únicamente alrededor de 10 diputados poseen una adscripción e identidad comunitaria orgánica.
El informe documenta cómo las maquinarias partidistas convirtieron el requisito de la “autoadscripción calificada” en un mercado de favores para asignar los 39 escaños restantes. Para registrar a candidatos ajenos a las comunidades, las dirigencias recurrieron a la obtención de constancias apócrifas o tramitadas mediante dádivas, promesas de obras públicas o favores políticos a autoridades locales.
Así, políticos sin antecedentes de trabajo comunitario, sin hablar una lengua originaria ni residir en los municipios indígenas, obtuvieron del Instituto Nacional Electoral (INE) el aval para ocupar espacios reservados.
Si en el ámbito indígena la adscripción calificada fue burlada, en las acciones afirmativas para la diversidad sexual (LGBTQ+), personas con discapacidad y afromexicanas el problema radicó en el diseño normativo.
En estas categorías rige el principio de “autoadscripción simple”, lo que significa que basta con que la persona aspirante firme una declaración bajo protesta de decir verdad para ser considerada parte de la minoría.
Al basarse en la “autoadscripción simple” sin requerir pruebas documentales para proteger el derecho a la intimidad, las dirigencias usaron las cuotas para diversidad y discapacidad como vía de escape para ubicar a perfiles que no cabían en las listas ordinarias.
El estudio de la UNAM puntualiza que la ausencia de mecanismos de verificación probatoria rigurosa convirtió a estos casilleros en la “puerta trasera” de los partidos para colocar candidaturas en las listas plurinominales o de mayoría relativa que no encontraban espacio en las cuotas ordinarias.
Bajo el argumento de proteger el derecho a la privacidad e intimidad de las personas —para evitar que la autoridad obligue a alguien a hacer pública su orientación sexual o condición médica—, el sistema electoral creó una laguna que las cúpulas partidistas explotaron para cometer fraude a la ley sin posibilidad de sanción inmediata.
El reporte también expone la captura partidista de estas cuotas. En el caso indígena, Morena y sus aliados (PT y PVEM) concentran más de 80% de los espacios asignados por acción afirmativa en la actual legislatura. No obstante, los investigadores señalan que la instrumentalización de las cuotas es una práctica generalizada en todo el espectro político.