La revelación de que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) conservó la aeronave utilizada para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada desde México hasta territorio estadounidense y posteriormente la donó al War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México, abrió un nuevo frente diplomático entre ambos países.
Durante casi dos años, la versión oficial estadounidense sostuvo que ninguna agencia de ese país había participado directamente en la operación del 25 de julio de 2024. Sin embargo, la aparición pública del avión como pieza de museo alimentó las sospechas sobre un involucramiento mucho más amplio de las autoridades federales estadounidenses.
El caso adquirió mayor relevancia porque el propio gobierno mexicano exigió explicaciones formales a Washington. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que, si efectivamente una agencia estadounidense intervino en el traslado de Zambada sin autorización de México, podrían haberse vulnerado principios básicos del derecho internacional, la soberanía nacional y los mecanismos bilaterales de cooperación judicial. La Fiscalía General de la República abrió nuevas líneas de investigación para determinar cómo salió la aeronave del país con sistemas de rastreo alterados y una matrícula presuntamente modificada.
La aeronave convertida ahora en pieza de exhibición corresponde a un Beechcraft King Air 200, un avión ejecutivo bimotor turbohélice ampliamente utilizado por gobiernos, corporaciones y fuerzas de seguridad. El modelo puede transportar entre siete y nueve pasajeros, desarrolla velocidades cercanas a los 540 kilómetros por hora, posee una autonomía aproximada de 3 mil kilómetros y alcanza techos de operación superiores a los 10 mil metros. Su combinación de velocidad, alcance y capacidad para utilizar pistas relativamente cortas lo convierte en un avión ideal para vuelos discretos de larga distancia.
Las investigaciones periodísticas señalan que la aeronave presentaba modificaciones destinadas a dificultar su identificación, incluyendo alteraciones en los sistemas de rastreo y en su matrícula. Tras concluir las investigaciones estadounidenses, el FBI decidió entregarla al museo como un objeto histórico relacionado con uno de los operativos más relevantes contra el Cártel de Sinaloa. Esa decisión terminó provocando el efecto contrario al esperado: reabrió las dudas sobre quién planeó realmente el operativo y cuál fue el nivel de participación directa de las agencias federales estadounidenses.
La polémica también puso bajo escrutinio las declaraciones del entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien había sostenido que ningún agente norteamericano participó en el vuelo. Posteriormente aparecieron versiones contradictorias y la exhibición pública del avión fortaleció la percepción de que la explicación inicial fue, cuando menos, incompleta. Las diferencias entre ambas narrativas han complicado la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico.
El episodio inevitablemente recordó uno de los precedentes más controvertidos en la relación entre ambos países: el secuestro del médico mexicano Humberto Álvarez Machain. El 2 de abril de 1990, el especialista fue privado de su libertad en Guadalajara por individuos contratados por la DEA, quienes lo trasladaron por la fuerza en un avión privado hacia El Paso, Texas, donde quedó detenido para enfrentar cargos relacionados con el asesinato del agente antidrogas Enrique Camarena Salazar. El gobierno mexicano protestó de inmediato por considerar que se había violado su soberanía y el tratado bilateral de extradición.
La acusación sostenía que Álvarez Machain había prolongado la vida de Camarena para permitir que continuara siendo torturado. Sin embargo, después de permanecer más de dos años encarcelado en Estados Unidos, el proceso judicial terminó derrumbándose. En diciembre de 1992, un juez federal concluyó que la fiscalía estadounidense no había presentado pruebas suficientes para sostener la acusación y ordenó su absolución antes incluso de que el caso llegara al jurado. Álvarez Machain recuperó entonces su libertad y regresó a México.
Antes de esa absolución ocurrió otro hecho histórico. En junio de 1992, la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió que el secuestro internacional del médico no impedía que fuera juzgado en tribunales estadounidenses, al interpretar que el tratado de extradición con México no prohibía expresamente ese tipo de capturas. La decisión provocó fuertes críticas de especialistas en derecho internacional y de numerosos gobiernos, al considerar que legitimaba operaciones extraterritoriales incompatibles con la soberanía de otros Estados.
Años más tarde, Álvarez Machain demandó al gobierno estadounidense y a varios de los participantes en su secuestro, buscando una indemnización por la captura ilegal. Aunque obtuvo inicialmente algunos fallos favorables contra particulares involucrados, la Suprema Corte estadounidense determinó finalmente que el gobierno federal no era responsable de pagar una compensación bajo la legislación invocada, cerrando prácticamente la posibilidad de obtener una reparación económica por los daños sufridos durante su traslado forzoso y encarcelamiento.
La comparación entre ambos casos resulta inevitable. En 1990, un ciudadano mexicano fue extraído clandestinamente de Guadalajara para ser llevado a Estados Unidos sin seguir el procedimiento de extradición; en 2024, el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada vuelve a plantear interrogantes sobre los límites de las operaciones estadounidenses en territorio mexicano. Aunque se trata de personajes y circunstancias completamente distintas —un médico posteriormente absuelto y uno de los principales líderes del narcotráfico—, ambos expedientes colocan en el centro del debate el mismo principio jurídico: hasta dónde puede llegar un Estado para capturar a una persona fuera de sus fronteras sin vulnerar la soberanía del país donde se encuentra.