El plan de rescate del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) representa la mayor apuesta financiera anunciada por el Gobierno de Jalisco para enfrentar una crisis que durante años ha deteriorado la calidad del agua que reciben millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.
La estrategia, denominada Plan Estratégico Integral del Agua, contempla una inversión total estimada de 25 mil millones de pesos, de los cuales cinco mil millones corresponden a una primera etapa de ejecución inmediata y otros 20 mil millones dependerán de recursos federales, aprobación legislativa y esquemas de participación privada.
La magnitud del anuncio contrasta con las cifras que el propio gobierno estatal había manejado en años recientes para rescatar al organismo. Primero se habló de una inversión cercana a los seis mil millones de pesos; posteriormente el cálculo aumentó a siete mil millones, después a ocho mil millones y ahora la administración estatal sostiene que serán necesarios 25 mil millones de pesos para corregir décadas de rezago en infraestructura hidráulica. El incremento ha despertado cuestionamientos sobre la evolución del diagnóstico técnico y la justificación financiera del proyecto.
El programa gubernamental comprende 31 obras y acciones, agrupadas en cuatro grandes ejes: 15 acciones para mejorar la calidad del agua potable; cuatro proyectos de abastecimiento; siete obras de saneamiento y cinco intervenciones para mitigación de inundaciones y atención de socavones. Entre las principales medidas figuran la modernización y ampliación de las plantas potabilizadoras de Miravalle y San Gaspar, la ampliación de la planta de Los Agaves, la construcción del nuevo Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, rehabilitación de pozos, renovación de acueductos, eficiencia energética, limpieza de tanques, rehabilitación de redes, nuevos sistemas de bombeo, colectores sanitarios y acciones de recarga de acuíferos.
El gobierno sostiene que el objetivo es beneficiar a más de 3.1 millones de habitantes y resolver la problemática que actualmente afecta a por lo menos 200 colonias donde el agua llega con coloración café, tonalidades amarillentas, presencia de sedimentos, malos olores e incluso apariencia de aguas residuales. Las autoridades aseguran que algunas mejoras podrían comenzar a observarse conforme entren en operación las primeras obras.
Sin embargo, para miles de familias la crisis ha dejado de ser únicamente un problema de imagen del agua. Durante meses se han multiplicado los reportes de líquido con olor a drenaje, espuma, partículas negras, lodo y sedimentos que obligan a desechar el agua que sale de las llaves o utilizarla únicamente para actividades de limpieza. En numerosos hogares los habitantes compran agua embotellada incluso para cocinar, mientras almacenan el agua de la red pública únicamente para usos domésticos, ante el temor de consumir un líquido cuya calidad genera desconfianza.
Los reportes ciudadanos se concentran principalmente en colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Entre las zonas que con mayor frecuencia han denunciado problemas de calidad del agua aparecen Miravalle, Jardines de la Paz, Oblatos, Tetlán, Lomas del Paraíso, Santa Cecilia, Huentitán, Tabachines, La Tuzanía, Arcos de Zapopan, Rancho Nuevo, Santa Margarita, Las Águilas, El Colli, San Andrés y diversas colonias del oriente de Guadalajara, aunque las quejas se han extendido prácticamente por toda la metrópoli conforme cambian las fuentes de abastecimiento.
El gobierno estatal sostiene que buena parte del problema proviene de instalaciones con más de medio siglo de operación. La Planta Potabilizadora No. 1, en Miravalle, por ejemplo, tiene alrededor de 70 años de antigüedad y será objeto de una profunda modernización para incrementar su capacidad de producción, reducir costos de operación y mejorar los procesos de potabilización. También se fortalecerán los sistemas de conducción desde el lago de Chapala, la presa Calderón y diversos pozos metropolitanos.
No obstante, organizaciones ciudadanas, especialistas en hidráulica y académicos han cuestionado que el rescate se presente sin un diagnóstico público suficientemente detallado que permita conocer con precisión el origen de la contaminación, el estado real de cada componente del sistema y los criterios técnicos que llevaron a elevar el presupuesto hasta los 25 mil millones de pesos. También reclaman que el SIAPA mantiene rezagos históricos en materia de transparencia, acceso a información financiera y rendición de cuentas sobre contratos, pérdidas físicas de agua y eficiencia operativa.
Otra de las críticas apunta a que buena parte de la inversión se concentra en plantas potabilizadoras, acueductos y sistemas de conducción, mientras que la red secundaria de distribución, integrada por miles de kilómetros de tuberías con varias décadas de antigüedad, continuará presentando problemas estructurales si no recibe una renovación integral. Expertos advierten que aun cuando el agua salga en mejores condiciones de las plantas, puede deteriorarse durante su recorrido por tuberías corroídas, incrustadas o con constantes fugas.
También existe preocupación porque el proyecto no ataca plenamente las fuentes originales de contaminación de las cuencas y cuerpos de agua que abastecen a la metrópoli. Diversos especialistas señalan que persisten descargas industriales, aguas residuales municipales, escurrimientos agrícolas y contaminación en ríos y canales que alimentan parte del sistema hidráulico, por lo que consideran indispensable combinar las obras de infraestructura con una política ambiental mucho más estricta para proteger las fuentes de abastecimiento.
A ello se suma el reto financiero. Los primeros cinco mil millones de pesos ya cuentan con respaldo presupuestal estatal; sin embargo, el resto de los recursos dependerá de la participación del Gobierno Federal, la aprobación del Congreso local y de esquemas de colaboración con la iniciativa privada mediante modelos de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Esa combinación de financiamiento también ha generado debate sobre los alcances de la participación privada en un servicio público esencial.
El rescate del SIAPA constituye, sin duda, la intervención más ambiciosa anunciada en décadas para el sistema de agua de la metrópoli tapatía. Pero su éxito no dependerá únicamente del monto histórico de la inversión, sino de la capacidad para transparentar cada peso ejercido, atender las causas estructurales de la contaminación, renovar una red de distribución envejecida y devolver la confianza de millones de usuarios que durante años han abierto la llave de sus hogares y han encontrado un líquido turbio, maloliente y muy distante de la calidad que debería garantizar un servicio público de agua potable.