Aunque las campañas para las elecciones de 2027 aún se encuentran lejanas, la disputa política ya comenzó en las calles de Guadalajara. Bardas pintadas, espectaculares, lonas y mensajes promocionales con nombres de aspirantes a cargos públicos han aparecido en distintos puntos de la Zona Metropolitana, desatando acusaciones cruzadas entre Morena, Movimiento Ciudadano y otros partidos políticos sobre presuntos actos anticipados de campaña.
Las pintas se han multiplicado en colonias populares y corredores viales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Entre los nombres que han aparecido destacan los de la diputada federal Mery Pozos, la diputada local Itzul Barrera y el regidor tapatío José María “Chema” Martínez, todos vinculados a Morena. También han surgido bardas con el nombre del diputado federal panista Miguel Monraz, acompañadas de leyendas como “Guadalajara cambia con Monraz”. Los mensajes, aunque no solicitan expresamente el voto, buscan posicionar a diversos personajes ante el electorado.
La confrontación ha escalado a denuncias públicas, acusaciones de promoción ilegal y señalamientos sobre el origen de los recursos utilizados para financiar estas campañas de posicionamiento que se desarrollan cuando el proceso electoral todavía no inicia formalmente. Diversos actores políticos sostienen que las bardas forman parte de estrategias para incrementar el nivel de conocimiento de potenciales candidatos rumbo a la sucesión de 2027.
La dirigencia estatal del PAN ha denunciado lo que denomina una “guerra de bardas” entre Morena y Movimiento Ciudadano, al considerar que ambos partidos están utilizando estrategias de promoción anticipada para colocar a sus aspirantes en el conocimiento público antes de los tiempos legales establecidos. Los panistas han advertido que la disputa ya no sólo ocurre en bardas, sino también en redes sociales, espectaculares y eventos públicos que terminan teniendo un impacto político.
La legislación electoral mexicana establece restricciones claras sobre los actos anticipados de precampaña y campaña. El artículo 41 de la Constitución Federal establece que la propaganda electoral debe realizarse dentro de los plazos fijados por la ley. A su vez, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco prohíben la promoción personalizada y los actos anticipados de precampaña o campaña.
En el ámbito local, el Código Electoral de Jalisco contempla sanciones para quienes realicen propaganda electoral fuera de los tiempos permitidos. Las autoridades electorales pueden ordenar el retiro de la publicidad denunciada, imponer multas económicas, reducir prerrogativas a los partidos e incluso iniciar procedimientos que afecten futuras candidaturas cuando se acrediten infracciones graves.
Los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han establecido que no es necesario que una propaganda diga expresamente “vota por mí” para constituir un acto anticipado de campaña. Los llamados “equivalentes funcionales” pueden configurarse cuando una estrategia de comunicación tiene como propósito posicionar electoralmente a una persona antes del inicio formal del proceso electoral.
Ante la proliferación de estas expresiones políticas, también han comenzado a surgir organizaciones ciudadanas que exigen una actuación más firme de las autoridades. Entre ellas destaca Motor Cívico, agrupación que impulsa una campaña de recolección de firmas para exigir al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que investigue y sancione los presuntos actos anticipados de campaña que se observan en la entidad.
Los integrantes de estas organizaciones sostienen que permitir la promoción política fuera de los tiempos legales genera condiciones de inequidad entre aspirantes y partidos, además de debilitar la confianza ciudadana en las instituciones electorales. Por ello buscan que el IEPC actúe de oficio y establezca criterios claros sobre la propaganda personalizada que ha comenzado a inundar diversas zonas de la metrópoli.
Mientras esta guerra de bardas continúa desarrollándose en calles y avenidas de Guadalajara, la autoridad electoral atraviesa además un momento de incertidumbre institucional. En medio de las críticas por la falta de acciones contundentes frente a los presuntos actos anticipados de campaña, recientemente presentó su renuncia la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, dejando abierto el debate sobre la capacidad del organismo para garantizar equidad y legalidad rumbo a las elecciones de 2027.