Viernes 05 de Junio de 2026
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Envían reforma contra narcocandidatos

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la creación de una comisión que vigile que los candidatos de los partidos políticos no tengan vínculos con el crimen organizado.

Informó sobre la propuesta que ya formaba parte del llamado Plan A y con la cual afirmó que se busca fortalecer la democracia y los procesos electorales del país.

“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada; es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, puntualizó.

Se propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del INE, integrada por cinco consejeros electorales, elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE.

Explicó que esta iniciativa está en el marco de la presunción de inocencia que marca la Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones. Aclaró que, de encontrarse algún posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano presentarán denuncias.

La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, indicó que esta comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.

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