(*)
Durante décadas parecían intocables. Fidel Castro murió sin enfrentar jamás un tribunal internacional y Raúl Castro se retiró del poder protegido por el aparato político y militar que construyó junto a su hermano desde la revolución de 1959. Pero el anuncio realizado desde Estados Unidos cambia radicalmente el escenario. La acusación contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate no es solamente una noticia judicial: es una declaración política de guerra contra el legado del castrismo. Y el mensaje que lanza Washington es brutalmente claro: ya no habrá retiro cómodo ni impunidad histórica para quienes convirtieron a Cuba en una prisión de más de seis décadas.
La acusación revive uno de los episodios más oscuros del régimen cubano. En 1996, dos aeronaves civiles de la organización anticastrista Hermanos al Rescate fueron derribadas por aviones militares cubanos en espacio internacional, provocando la muerte de cuatro personas. Aquella decisión desató indignación mundial y confirmó lo que durante años denunciaron opositores y exiliados: que el régimen cubano estaba dispuesto a utilizar la fuerza letal incluso fuera de sus fronteras para aplastar cualquier desafío político.
Desde entonces, las familias de las víctimas y la comunidad cubana en el exilio reclamaron justicia sin descanso. Pasaron administraciones demócratas y republicanas, cambiaron estrategias diplomáticas, hubo acercamientos, negociaciones y aperturas parciales. Pero el expediente seguía ahí, como una deuda pendiente. Ahora Donald Trump decide convertir ese expediente en un arma política y judicial de alto impacto.
Porque nadie se engañe: esto no es únicamente un procedimiento legal. Es un golpe directo al corazón simbólico de la revolución cubana. Acusar formalmente a Raúl Castro significa romper una barrera histórica que Washington evitó durante años. Estados Unidos había preferido la presión económica, el aislamiento diplomático y las sanciones, pero pocas veces se había atrevido a colocar a un líder histórico del castrismo en el terreno de la persecución penal abierta.
La administración Trump sabe perfectamente lo que está haciendo. Busca dinamitar la narrativa de intocabilidad que protegió durante décadas a la cúpula revolucionaria. Quiere enviar la señal de que los crímenes políticos no prescriben y de que los líderes autoritarios pueden terminar perseguidos incluso después de abandonar el poder. El mensaje no va dirigido solamente a Cuba; también apunta a otros gobiernos latinoamericanos aliados de regímenes autoritarios.
Por eso la reacción de la congresista republicana María Elvira Salazar fue tan explosiva y emocional. Cuando afirmó que “hoy es un día glorioso” y habló del “principio del fin”, no estaba haciendo una simple declaración política. Expresaba el sentimiento acumulado de generaciones enteras de cubanos exiliados que crecieron viendo cómo el castrismo sobrevivía a presidentes, crisis económicas y condenas internacionales mientras miles de familias quedaban destrozadas por la cárcel, el exilio y la persecución.
Y hay algo que resulta imposible ignorar: el enorme desgaste que vive hoy Cuba. El país atraviesa una crisis devastadora. La escasez de alimentos y medicinas es brutal, los apagones se multiplican, la migración masiva vacía ciudades enteras y el descontento social dejó de esconderse. La revolución que prometía dignidad terminó empujando a millones de cubanos a huir desesperadamente de la isla.
El castrismo ya no gobierna desde la épica revolucionaria; gobierna desde el agotamiento, el miedo y el control militar. Y esa debilidad interna es justamente la que aprovecha Trump para endurecer la ofensiva. El cálculo político es evidente: presionar cuando el régimen muestra señales de desgaste profundo.
Sin embargo, esta decisión también abre preguntas incómodas. Porque el uso del sistema judicial estadounidense contra líderes extranjeros siempre genera sospechas de instrumentalización política. Históricamente, Washington ha sido selectivo con los enemigos que decide perseguir. Hay dictaduras aliadas que jamás enfrentan acusaciones similares, mientras otros gobiernos son convertidos en objetivos prioritarios según la conveniencia geopolítica del momento.
Eso alimenta el argumento de quienes sostienen que Trump utiliza la justicia como herramienta política. Sus críticos afirman que el Departamento de Justicia se ha convertido en una extensión de su estrategia de confrontación ideológica. Y aunque el caso de las avionetas posee antecedentes reales y víctimas concretas, resulta imposible separar la acusación del contexto electoral y político estadounidense.
Florida sigue siendo territorio decisivo para Trump y el voto cubanoamericano radicalmente anticastrista representa una fuerza electoral poderosa. Golpear a Raúl Castro tiene enorme rentabilidad política. Refuerza la imagen de Trump como el presidente que nunca cedió frente al socialismo latinoamericano y que está dispuesto a llevar la confrontación hasta las últimas consecuencias.
Pero también existe otra realidad: el castrismo ha sobrevivido precisamente alimentándose de enemigos externos. Cada sanción, cada amenaza y cada confrontación con Washington ha sido utilizada por el régimen cubano como argumento propagandístico para justificar el control interno y alimentar el nacionalismo defensivo. Durante más de sesenta años, la revolución convirtió el conflicto con Estados Unidos en parte esencial de su supervivencia política.
La diferencia ahora es que Cuba enfrenta una erosión social mucho más profunda que en otras etapas. La desesperanza se ha instalado incluso entre sectores históricamente cercanos al gobierno. La vieja narrativa heroica perdió fuerza frente a una generación que solamente ha conocido carencias, censura y falta de oportunidades.
Por eso esta acusación tiene un peso distinto. No ocurre en tiempos de fortaleza revolucionaria, sino en medio del deterioro más severo que ha vivido la isla en décadas. Y aunque probablemente no provoque una caída inmediata del régimen, sí contribuye a debilitar aún más la imagen histórica del castrismo.
Lo verdaderamente simbólico es que Estados Unidos decidió cruzar una línea que durante años evitó tocar. La acusación contra Raúl Castro rompe el pacto tácito de inmunidad política que parecía proteger a los viejos líderes revolucionarios. Y aunque el régimen cubano intentará presentar el caso como otra agresión imperialista, la realidad es que el cerco internacional y político comienza a cerrarse de forma cada vez más agresiva.
Después de más de medio siglo de control absoluto, la revolución cubana enfrenta algo que durante décadas creyó imposible: que la historia empiece finalmente a pasarle factura.
opinionsalcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.