El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas de la entidad, Enrique Díaz, fueron detenidos por Estados Unidos, que los acusa de tener nexos con el narcotráfico, junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha y otros siete exfuncionarios.
Ambos serán juzgados por terrorismo, debido a que la administración de Donald Trump asignó como prioridad a las 93 fiscalías federales perseguir con leyes en esa materia a funcionarios mexicanos coludidos con el narco.
De acuerdo con el documento oficial de la corte e información confirmada por el Gabinete de seguridad, Mérida Sánchez salió desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo y atravesó la Garita de Nogales con dirección a Estados Unidos. Tras su ingreso a Arizona, quedó bajo custodia del Servicio de Marshals de ese país.
En la audiencia de arraigo en el tribunal federal del distrito sur de Manhattan, el exfuncionario se declaró no culpable de cargos relacionados con narcotráfico, porte de armas y secuestro.
Por su parte, Enrique Díaz se entregó ante autoridades estadunidenses, según una fuente del gobierno de Sinaloa, quien refirió que él se encuentra bajo custodia en ese país, pero no dio más detalles.
En el caso abierto por el gobierno estadunidense hay diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. A dos de ellos, Rocha y el senador Enrique Inzunza, la Unidad de Inteligencia Financiera les bloqueó sus cuentas, como parte de una cooperación en indagatorias de carácter internacional, medida que la presidenta Sheinbaum dijo desconocer.
Gerardo Mérida
· Estados Unidos asegura que recibía 100 mil dólares mensuales de Los Chapitos para evitar que los operativos cumplieran su cometido.
· Llegó a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa con la consigna de Rubén Rocha de disminuir los índices de inseguridad. Estuvo en el cargo más de un año.
Enrique Díaz
· Desde el sector inmobiliario y la construcción, saltó a la silla donde se decidía todo: contratos, licitaciones, pago a proveedores y la nómina estatal.
· Bajo su gestión como secretario de Finanzas (2021-2024), se sospecha que las arcas estatales aceitaban la maquinaria que protegía a los hijos de El Chapo.