“Soy inocente”: la farsa final de un régimen acorralado

(*)

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”. Con esa frase —pronunciada sin rubor, sin pudor y sin el más mínimo asomo de autocrítica— Nicolás Maduro compareció ante la Corte de Nueva York para declararse inocente de los cuatro cargos federales que pesan en su contra. Lo hizo como suelen hacerlo los dictadores cuando el cerco se cierra: apelando a la retórica vacía, al victimismo y a la negación absoluta de una realidad que el mundo conoce desde hace años.

Los cargos que enfrenta no son menores ni producto de una conspiración imaginaria. La justicia estadounidense lo acusa formalmente de narcotráfico internacional, conspiración para introducir cocaína a territorio norteamericano, asociación criminal con organizaciones terroristas y uso del aparato del Estado venezolano como plataforma para actividades ilícitas transnacionales. En términos simples: Maduro no está siendo juzgado por diferencias ideológicas, sino por encabezar —presuntamente— una de las estructuras criminales más grandes que haya operado desde un gobierno en el hemisferio occidental.

A la par de su declaración de inocencia, el gobierno de Suiza confirmó lo que durante años fue un rumor persistente: bancos de ese país congelaron cuentas vinculadas al entorno de Nicolás Maduro y de otros altos funcionarios del régimen. Fondos cuyo origen no ha podido ser explicado de manera lícita. Fortunas que no cuadran con salarios oficiales, ni con trayectorias personales, ni con la economía devastada que dicen gobernar. Dinero que aparece, crece y se esconde mientras Venezuela se empobrece hasta límites obscenos.

Porque ahí está una de las grandes contradicciones del madurismo: un país con más del 80 por ciento de su población en situación de pobreza y una cúpula gobernante que exhibe estilos de vida propios de magnates globales. Mansiones, aviones, joyas, cuentas en paraísos financieros. Riquezas inexplicables para quienes, como Maduro, llegaron a la vida pública sin patrimonio, sin empresa y sin mérito profesional alguno.

Conviene recordarlo, aunque a él le incomode: Nicolás Maduro no es un estadista forjado en la academia ni un líder surgido de una trayectoria política sólida. Fue, literalmente, chofer de Hugo Chávez. Un operador menor del aparato bolivariano, catapultado al poder por lealtad ciega y por su disposición a obedecer sin cuestionar. Chávez lo eligió no por brillante, sino por dócil. No por visionario, sino por confiable para preservar el proyecto aun cuando este derivara en autoritarismo y corrupción.

Tras la muerte de Chávez, Maduro heredó el poder y lo convirtió en botín. Lo que siguió fue una combinación letal: incompetencia económica, represión política y criminalización del Estado. Bajo su mandato, Venezuela dejó de ser únicamente una dictadura para transformarse en un enclave donde convergen narcotraficantes, guerrillas, mafias internacionales y redes de lavado de dinero. Un Estado fallido con fachada institucional.

Durante años, el régimen se sostuvo gracias a la pasividad internacional, a la fragmentación de la oposición y a la idea —cómoda para muchos— de que era mejor tolerar a Maduro que enfrentar las consecuencias de su caída. Pero algo cambió. Y ese algo tuvo nombre propio: Donald Trump.

Más allá de simpatías o antipatías, fue durante la presidencia de Trump cuando Estados Unidos decidió dejar de fingir que Maduro era solo un gobernante incómodo. La gota que derramó el vaso no fue únicamente el narcotráfico ni las violaciones a los derechos humanos, sino la evidencia creciente de que Venezuela se había convertido en un nodo estratégico para el crimen organizado que afecta directamente la seguridad estadounidense.

Las investigaciones apuntaron a vínculos directos con el Cártel de los Soles, con disidencias de las FARC y con redes que utilizaron territorio venezolano para el tránsito masivo de cocaína hacia Norteamérica. A ello se sumaron provocaciones constantes, discursos desafiantes y una ostentación grotesca del poder que terminó por irritar a Washington.

Trump, pragmático y visceral, decidió entonces ir por la cabeza. Ofreció recompensas millonarias, activó procesos judiciales y presionó a aliados financieros clave. La captura de Maduro dejó de ser una fantasía retórica para convertirse en un objetivo explícito. De ahí la congelación de cuentas, el aislamiento progresivo y la sensación de asfixia que hoy se refleja en un Maduro que se dice inocente ante un tribunal extranjero.

Su declaración no busca convencer a la justicia; busca alimentar a su base, reforzar la narrativa del “perseguido político” y ganar tiempo. Pero el tiempo se agota. Porque los jueces no se impresionan con discursos revolucionarios, ni con consignas antiimperialistas, ni con recuerdos de Chávez. Se impresionan con pruebas. Y las pruebas —según todo indica— se acumulan.

La imagen del “hombre decente” se desvanece cuando se contrasta con millones de venezolanos exiliados, con hospitales colapsados, con niños que hurgan en la basura y con una élite gobernante que esconde dinero en bancos europeos. Se desvanece cuando quien ayer conducía un autobús hoy no puede explicar cómo administra fortunas que superan por mucho cualquier ingreso legal imaginable.

Maduro puede declararse inocente cuantas veces quiera. Puede bailar, desafiar, gritar y culpar al mundo entero. Pero la historia suele ser implacable con los dictadores que confunden el poder con impunidad. Y esta vez, todo indica que el escenario internacional ya no está dispuesto a seguir tolerando la farsa.

Porque cuando un régimen necesita declararse “decente” frente a una corte extranjera, es señal inequívoca de que el final —aunque aún no llegue— ya se vislumbra en el horizonte.

opinion.salcosga23@gmail.com

@salvadorcosio1

(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.