Termina el año 2025 y la SICT no ha cumplido las sentencias agrarias y mantiene adeudo con la Comunidad Indígena de Mezquitán.
A pesar de contar con sentencias firmes emitidas por Tribunales Agrarios, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continúa sin cumplir el pago por la ocupación de tierras de la Comunidad Indígena de Mezquitán, un adeudo que se originó desde hace más de 21 años y que ha sido calificado por los comuneros como un acto reiterado de desacato a la autoridad judicial.
La comunidad denunció que, aunque en 2004 entregó una superficie de 26.93 hectáreas para la ampliación de la carretera federal Guadalajara–Ixtlahuacán del Río, la dependencia federal no ha cubierto el pago correspondiente, pese a haber firmado convenios y que los tribunales mediante sentencia, ordenaron el cumplimiento conforme a valor actualizado.
El incumplimiento persiste incluso después de que 2025 fuera declarado el “Año de la Mujer Indígena”, periodo en el que los comuneros esperaban que el Gobierno Federal saldara la deuda histórica. Sin embargo, al cierre del año, la SICT mantiene el retraso, lo que ha profundizado el agravio entre mujeres, hombres y adultos mayores de la comunidad.
La Comunidad Indígena de Mezquitán recordó que la propiedad de estas tierras data de hace 335 años, con reconocimiento virreinal desde 1690 y ratificación mediante resoluciones presidenciales, actas de posesión, deslindes técnicos y títulos de bienes comunales plenamente vigentes y sin oposición legal.
Aunque funcionarios de la SICT presentaron recientemente una propuesta de pago, esta fue rechazada por no ajustarse a lo ordenado en las sentencias agrarias ni a lo establecido en la Ley Agraria, al omitir la actualización de los valores comerciales.
Ante la falta de cumplimiento y los reiterados requerimientos judiciales ignorados por la dependencia, por ello, el próximo 25 de enero, durante su asamblea mensual, se analizará la situación y definirá nuevas acciones legales y sociales, incluyendo el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa y legal contra funcionarios públicos por obstrucción de la justicia y desacato a las órdenes de los tribunales.
Los comuneros exigieron la ejecución inmediata y eficaz de las sentencias agrarias, al advertir que el prolongado incumplimiento no solo vulnera sus derechos como pueblo originario, sino que representa un grave precedente de desobediencia institucional frente a resoluciones judiciales firmes.