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Por Carlos Martínez Macías
Ahora que todo el mundo extraña al FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) luego de la tragedia de Acapulco, pocos recuerdan que este modelo fue en su momento elevado a los altares como un ejemplo para el mundo y después descendido al averno como el más puro ejemplo de corrupción, aunque sin mediar juicios, pruebas o responsables que hayan llegado a prisión.
En 2012 en una edición original en inglés, esta figura motivó una obra denominada FONDEN: Mexico’snatural Disaster Fund – a review (FONDEN, El Fondo de Desastres Naturales de México- Una Reseña), con el financiamiento del Banco Mundial, el Programa Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y Recuperación y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) a través del fondo multilateral de Financiamiento y Aseguramiento del Riesgo de Desastres.
En el libro, se hace un recuento de la historia de la protección civil y la gestión integral del riesgo de desastres en México, haciendo énfasis en las condiciones vulnerables en que se encuentra el país debido a su ubicación geográfica.
Menciona que entre 1970 y 2009, unos 60 millones de habitantes se vieron afectados por desastres naturales, ya que México está clasificado como uno de los 30 países en el mundo más expuestos a tres o más peligros naturales.
En concreto, señala que está ubicado a lo largo del llamado “cinturón de fuego”, donde ocurre el 80 por ciento de la actividad sísmica mundial. Cada año registra más de 90 sismos de más de 4 grados y la Ciudad de México está asentada en un eje con nueve volcanes activos.
Y los riesgos son extensos. Por ejemplo, a tormentas, huracanes e inundaciones, está expuesta un área de 815 mil 353 kilómetros cuadrados y unos 31.3 millones de personas; a sismos, son 540 mil 67 kilómetros cuadrados y 31 millones de habitantes; a sequías, 573 mil 300 kilómetros cuadrados y 21.2 millones de ciudadanos y a incendios forestales, 747 mil 574 kilómetros cuadrados y 28.4 millones de mexicanos.
El Fondo de Desastres Naturales de México (FONDEN) fue establecido a finales de los años 90 como un mecanismo presupuestario para responder a la rehabilitación de infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales. En un inicio fue un fondo de reconstrucción, pero a partir del año 2000 incluyó obras preventivas.
A través de un fideicomiso, se destinaban unos 800 millones de dólares anuales de presupuesto federal, pero ante la circunstancia que la necesidad de recursos pudiera variar por los desastres, el FONDEN recurrió al uso de seguros y otros mecanismos de riesgo como los bonos catastróficos.
En 2006 emitió el primer bono catastrófico por un gobierno (Cat Mex) por una cobertura de 450 millones de dólares y en años posteriores siguió replicando la estrategia con decenas de millones de dólares de coberturas para sismos y huracanes.
El resumen ejecutivo del libro financiado por el Banco Mundial, el Programa Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y Recuperación y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, concluye que las lecciones aprendidas en el proceso de evolución del FONDEN, “pueden ser aprovechadas en beneficio de otros países”.
El 21 de octubre de 2021, el senado de la república aprobó la extinción de 109 fideicomisos, incluido el FONDEN. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la decisión con el señalamiento de que era un “barril sin fondo” y un nido de corrupción, aunque no hubo denuncias, ni algún funcionario fue enviado a la cárcel.
Irónicamente, el 26 de octubre pasado, Mexicanos contra la Corrupción, reveló que el ex director del FONDEN, José María Tapia Franco, fue señalado por la Auditoría Superior de desvío de recursos, pero luego hizo negocios en el actual gobierno con el ejército y ahora busca convertirse en candidato a la alcaldía de Querétaro por la coalición Morena, Partido Verde y PT.
