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Durante años hemos discutido el cambio climático como si fuera una factura que alguien tendría que pagar algún día. Se habla de cuánto costará cambiar las ciudades, modernizar los sistemas de agua, proteger las costas, construir infraestructura más resistente, modificar los sistemas agrícolas o sustituir tecnologías contaminantes. La pregunta suele plantearse desde la lógica del gasto: ¿cuánto nos va a costar adaptarnos? Pero quizá llevamos demasiado tiempo haciendo la pregunta equivocada. La verdadera pregunta debería ser mucho más incómoda: ¿cuánto nos va a costar no hacerlo?
Porque adaptarse no es un lujo ni una moda ambientalista. Es una necesidad económica. El planeta ya está mostrando condiciones distintas a las que dieron origen a buena parte de nuestra infraestructura. Los últimos años han confirmado que las temperaturas globales continúan aumentando y que los fenómenos extremos están provocando impactos cada vez mayores sobre sociedades y economías. El problema ya no consiste en imaginar lo que podría suceder dentro de treinta años. Consiste en reconocer que buena parte de los riesgos ya están aquí.
El argumento de quienes se resisten a invertir en adaptación suele parecer razonable a primera vista: no hay dinero suficiente para hacerlo todo. Los gobiernos tienen presupuestos limitados, existen necesidades urgentes de salud, educación, seguridad, infraestructura y desarrollo, y cualquier inversión nueva implica decidir de dónde saldrán los recursos. El problema aparece cuando se confunde el costo de prevenir con el costo de no prevenir. Un puente que se refuerza antes de una inundación cuesta dinero. Reconstruirlo después también, pero entonces hay que sumar las pérdidas económicas provocadas por la interrupción del transporte, los negocios que dejaron de operar, las familias afectadas y los recursos públicos destinados a atender la emergencia.
Es una diferencia fundamental. La prevención aparece en el presupuesto como un gasto. La tragedia aparece después como una factura mucho mayor. Y mientras más tiempo pasa, más cara resulta la adaptación. No solamente porque las obras necesarias pueden ser mayores, sino porque también aumenta la cantidad de infraestructura que debe protegerse. Una ciudad que continúa creciendo sin considerar sus riesgos climáticos acumula viviendas, escuelas, hospitales, carreteras y negocios en lugares que quizá dentro de algunos años sean mucho más vulnerables. Lo que hoy podría resolverse con planeación, mañana puede convertirse en una emergencia.
Pero hay algo todavía más delicado: la improvisación suele castigar primero a quienes menos tienen. Una familia con recursos puede instalar sistemas de captación de agua, mejorar su vivienda, comprar un seguro o mudarse de una zona de riesgo. Una familia con menos posibilidades no siempre tiene ninguna de esas opciones. Una gran empresa puede diversificar proveedores cuando una inundación paraliza una región. Un pequeño negocio puede desaparecer después de una sola temporada de lluvias extraordinarias. Por eso la adaptación climática también es una discusión sobre desigualdad. Quien no puede pagar para protegerse termina dependiendo de que el gobierno lo haga por él.
Y ahí aparece una responsabilidad que los gobiernos no pueden seguir posponiendo. No basta con reaccionar cuando ocurre una emergencia. Hay que saber dónde están los riesgos antes de que se conviertan en tragedias. Hay que revisar los permisos de construcción, actualizar los mapas de riesgo, proteger los bosques y las cuencas, modernizar los sistemas de drenaje, fortalecer las alertas tempranas, mejorar las redes eléctricas y garantizar que la infraestructura crítica pueda resistir temperaturas, lluvias, sequías o tormentas más intensas. No todo requiere megaproyectos. Muchas veces la diferencia entre una emergencia manejable y una catástrofe está en una decisión que pudo tomarse años antes.
México conoce perfectamente esa realidad. Cada temporada de huracanes, cada sequía prolongada y cada inundación nos recuerda que la vulnerabilidad no es una palabra técnica. Es una familia que pierde su casa, un agricultor que pierde su cosecha, una comunidad que queda incomunicada o una empresa que tarda meses en recuperar su actividad. Y frente a eso seguimos cayendo con demasiada frecuencia en la misma lógica: primero ocurre el desastre y después buscamos los recursos para reconstruir. Es una política cara, reactiva y políticamente cómoda porque permite mostrar resultados después de la tragedia, aunque casi nunca permita medir las vidas y pérdidas que pudieron evitarse.
También debemos entender que adaptarse no significa resignarse al cambio climático. Reducir emisiones sigue siendo indispensable. Pero incluso si mañana el mundo lograra detener completamente sus emisiones, los efectos del calentamiento que ya hemos provocado continuarían durante décadas. Por eso adaptación y mitigación no pueden competir como si hubiera que escoger una. Necesitamos ambas. Una busca evitar que el problema siga creciendo; la otra busca aprender a vivir con aquello que ya no podemos evitar.
Y aquí aparece una oportunidad que pocas veces se discute: la adaptación también puede convertirse en una inversión productiva. Modernizar una red de agua puede reducir pérdidas y garantizar suministro para industrias y hogares. Mejorar la infraestructura eléctrica puede evitar interrupciones y atraer inversiones. Capacitar agricultores para utilizar sistemas más eficientes puede proteger cosechas y empleos. Construir ciudades con mejores sistemas de drenaje y espacios verdes puede reducir daños y mejorar la calidad de vida. Prepararse para un clima diferente no significa únicamente gastar dinero para evitar pérdidas; también significa construir una economía más resistente.
El problema es que seguimos pensando demasiado en el corto plazo. Un gobierno piensa en el siguiente presupuesto. Un político piensa en la siguiente elección. Una empresa piensa en el siguiente trimestre. Pero el clima no funciona con esos calendarios. Una obra hidráulica puede tardar años en planearse y décadas en prestar servicio. Una carretera puede permanecer en funcionamiento durante medio siglo. Una ciudad que crece mal puede arrastrar sus errores durante generaciones. Las decisiones que tomemos hoy van a determinar cuánto nos costarán las próximas décadas.
Por eso la discusión debería cambiar de una vez por todas. No debemos preguntarnos únicamente cuánto costará enfrentar el cambio climático. Deberíamos preguntarnos cuánto costará no hacerlo. Porque cada año de retraso significa más infraestructura vulnerable, más ciudades expuestas, más pérdidas económicas y más personas obligadas a abandonar sus hogares. El costo de la adaptación será enorme, nadie debería engañarse al respecto. Pero el costo de la improvisación puede ser todavía mayor.
Tal vez el verdadero problema sea que el precio de prevenir siempre parece demasiado alto hasta que llega el día en que descubrimos cuánto cuesta reconstruir. Entonces ya no hablamos de millones para una obra. Hablamos de viviendas, empleos, comunidades enteras y vidas humanas.
Y esa es una factura que ningún presupuesto debería estar dispuesto a pagar.
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@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.