La administración del presidente Donald Trump acusó al gobernador Rubén Rocha y a otros nueve funcionarios, actuales y anteriores del gobierno de Sinaloa, de corrupción y vínculos con la facción de Los Chapitos en delitos de narcotráfico y armas de fuego.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal de que “como gobernador Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”, por lo que piden su detención, con fines de extradición.
El caso, que ya ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, detalla que los acusados presuntamente utilizaron sus cargos públicos para proteger al Cártel de Sinaloa y asegurar el envío ininterrumpido de narcóticos letales hacia Estados Unidos.
Según la DEA y la fiscalía, “Los Chapitos ayudaron a Rocha Moya a ganar la elección para gobernador en noviembre del 2021, y desde entonces el gobernador de Sinaloa ha ayudado a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmá, entre otras cosas, a secuestrar e intimidar a rivales” de los Chapitos.
Tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha asistió a reuniones con Los Chapitos y prometió protegerlos mientras distribuían cantidades masivas de drogas a Estados Unidos”.
Al fiscal general adjunto de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, se le señala porque “ha recibido aproximadamente once mil dólares estadunidenses cada mes de Los Chapitos y, a cambio, los ha protegido de arrestos y les ha informado sobre las operaciones policiales planeadas respaldadas por Estados Unidos”.
También acusa a Juan Valenzuela Millán, mando de la policía municipal de Culiacán, de recibir sobornos mensuales de mil 600 dólares a cambio de asignar oficiales municipales en apoyo a Los Chapitos y, en octubre del 2023, secuestrar a un informante de la DEA.
El Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina”, declaró el fiscal de Brooklyn, Jay Clayton.
Debe terminar el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas”, agregó.
El fiscal advirtió que “estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su título o cargo, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
El encausamiento dice que los acusados “han vendido sus oficinas a cambio de sobornos masivos y han participado directamente en violencia y represalias del cártel, incluso asesinando a enemigos y secuestrando a personas sospechosas de cooperar con las fuerzas del orden estadunidenses en esta investigación”.
Las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y funcionarios del orden de Sinaloa son parte de las declaraciones que dio Ismael El Mayo Zambada sobre lo que ocurrió cuando lo secuestraron en julio del 2024. Podrían basarse en las declaraciones de El Mayo más que en una investigación.
El Mayo dijo que el Chapito Joaquín Guzmán López, su ahijado, lo citó en un rancho donde lo esperaban Rubén Rocha Moya y miembros de la facción del Cártel de Sinaloa de los Chapitos.
El Mayo narró que, en el camino al rancho, lo emboscaron, mataron a su escolta y a él lo secuestraron. Viejo y enfermo, fue fácil que Joaquín Guzmán lo maniatara, lo subiera a una camioneta abierta o pickup, y luego a una aeronave en la que lo trasladó a la fuerza a Nuevo México, cerca de El Paso, para entregarlo y entregarse.
Luego de su detención, El Mayo Zambada también dijo que la reunión con la que Joaquín Guzmán lo había engañado era para presuntamente hablar sobre la candidatura del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Cuén Ojeda, quien, según su versión, no era del agrado de Rocha Moya para que volviera a ocupar el cargo.
El Mayo declaró que Cuén Ojeda estaba en el rancho y que ahí fue asesinado, presumiblemente durante la presencia de Rocha Moya, a decir de El Mayo.
No anexaron pruebas: SRE
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), lista que encabeza el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Sin embargo, en los documentos que llegaron el 28 de abril a las 6 de la tarde, no se anexan pruebas por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de “diversas personas”, detalla el documento de la cancillería mexicana.
Especificaron que: “de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana. Los documentos que fueron recibidos por parte de la embajada de Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, sostuvieron.
Aclaró la SRE, será la FGR quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.