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Solapar la venta de niñas bajo el argumento de “usos y costumbres”, es una vileza, y una ruindad desde cualquier punto de vista. Pero si además, es el presidente de una nación quien conoce de la comisión de dichos atropellos que constituyen una forma de esclavitud, un atentado contra la dignidad humana, entonces irremediablemente tendremos que señalar al mandatario como cómplice del delito.
Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de críticas en lo que va de su Gobierno por su desinterés hacia con los niños y niñas; la falta de quimioterapias para los tratamientos de los menores, y su negativa a vacunarlos contra COVID-19 son algunos de los más sentidos reproches que se han dirigido al presidente de México. Pero no es lo único que se le puede recriminar en lo que corresponde a los niños, pues también habría que añadir la falta de medicamentos para tratar otras enfermedades, así como la carencia de vacunas de la cartilla nacional de salud, y la desaparición de guarderías, entre otros.
A esta lamentable lista de negligencias por parte del Gobierno bajo la égida de López Obrador, habría que agregar desde el pasado fin de semana, su negativa a tomar acciones para combatir la trata y venta de niñas que principalmente se da en comunidades de la zona sur del país.
Y es que, durante su visita por Guerrero, el presidente restó importancia a la venta de niñas arguyendo que «no es la regla», pues en la región y las comunidades «hay muchos valores culturales, morales, espirituales».
“Ahora que fuimos a La Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera, de quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas, de los pueblos la pregunta que me hacían es ‘¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?’ No, no vengo a ver eso porque eso no es la regla”, dijo el presidente.
“Que, ¿acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres? Entonces toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información o mejor dicho la información que se transmite para distorsionar para deformar las cosas”, sostuvo el mandatario.
La pregunta de los periodistas venía al caso porque en los últimos días trascendió lo ocurrido con un hombre llamado Rutilio Julián Moreno, quien compró a una niña de nombre Angelica cuando tenía 11 años de edad para que se casara con su hijo Rafael Julián en la comunidad de Joya Real en Guerrero. Luego de que su hijo se fue a trabajar a Estados Unidos, Rutilio habría abusado de Angélica quien, al denunciarlo, en represalia, la mandó encarcelar.
Pero al presidente le parece que “no es la regla” este tipo de negociaciones siendo que de acuerdo con reportes de Organismos Públicos, más de tres mil niñas y adolescentes guerrerenses de entre 9 y 17 años parieron el año pasado, algunas de ellas dentro de estos matrimonios arreglados, según cifras oficiales.
“Desde 30 mil pesos (unos US 1.500) hasta los cerca de 400 mil (US 8.000) es el precio que se llega a pagar en algunas comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero en una transacción que, aunque sea manejada como uso y costumbre, no deja de ser indignante: la venta de niñas.
Por la “creciente precariedad” de estos pueblos, contaba hace unos meses a la AFP Abel Barrera, antropólogo y dirigente de la ONG Tlachinollan, “la ritualidad ancestral indígena de entrega de las doncellas por dote desde su primera menstruación se ha ido perdiendo y ahora se mercantiliza a las niñas”.
“Las niñas quedan en absoluta vulnerabilidad. Su nueva familia las esclaviza con tareas domésticas y agrícolas”, y a veces “los suegros abusan sexualmente de ellas”, advirtió”.(Infobae 25/10/21).
En México, cada año más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual, según refiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de ahí que nuestro país ostente el primer lugar mundial en estos delitos, aunque de acuerdo con el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, esta cifra es poco realista porque sólo es denunciado uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil, según publicación de La Jornada del 6 de enero de 2019.
En tanto, la asociación Aldeas Infantiles SOS indicó el año pasado que en México 5.4 millones de menores son víctimas de abuso sexual, lo cual mantiene a nuestro país en primer lugar del mundo.
Quizá porque México es ubicado a nivel mundial en esta categoría, es que ha sido mayor la desaprobación y el reclamo de organismos internacionales ante la apatía manifiesta del presidente mexicano de intervenir para combatir el delito.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de Teresa Manzanares Cruz, Comisionada Nacional de Igualdad, condenó el desinterés mostrado por el Presidente López Obrador en torno al matrimonio infantil y la trata de menores en el estado de Guerrero.
Manzanares Cruz exhortó al Gobierno del Presidente López Obrador que se garantice la protección especial y se refuercen los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
Dijo que la respuesta del Presidente de la República Mexicana violenta claramente lo que suscribe la Convención de los Derechos del Niño; donde señala que la infancia es independiente de la edad adulta, que termina a los 18 años, y que es una etapa especial y protegida durante la cual se debe ayudar a los niños a crecer, aprender, jugar, desarrollarse y prosperar con dignidad.
Además de que transgrede lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en cuanto a lo dispuesto por el artículo 45, sobre el establecimiento en la legislación federal y local de los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.(Diálogos 25/10/21).
Y mientras organismos internacionales se han pronunciado en torno a este tema, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Rosario Piedra, -quien es comparsa del Ejecutivo-, una vez más ha hecho honor a su apellido manteniéndose estática; guardando silencio sepulcral, sin cumplir con unas de las primigenias facultades que el cargo le confiere como es la de defender los derechos humanos de los mexicanos.
En cambio, la nueva gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se dijo decidida a acabar con esa “costumbre” en su estado, y contraviniendo lo dicho por el presidente López Obrador, declaró que no se pueden permitir los matrimonios de niñas amparadas en los usos y costumbres, por lo que esto será una de las prioridades de su gobierno. Ya lo veremos.
El tema es que López Obrador ha vuelto a dar la espalda a niños y niñas. El mismo personaje que recrimina a los pequeños por jugar Nintendo, cierra los ojos y hace oídos sordos ante la gravedad y el abuso que padecen niñas y adolescentes al ser forzadas a casarse, intercambiadas por dinero o bienes, denigradas, esclavizadas, prostituidas y abusadas.
“No es la regla”, ha dicho el presidente, siendo que aún cuando fuere una sola niña vendida, debería actuar y darse la máxima atención. Pero para el Presidente, es peor jugar videojuegos, que vender o prostituir niñas en Guerrero.
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@salvadorcosio1
