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Un convenio que data de 2005, mantiene atado de pies y manos a Jalisco en el tema del agua, toda vez que lo compromete a enviar agua a Guanajuato para solucionar “un problema futuro” en el crecimiento de la zona de León y otras ciudades aledañas a cambio de recibir para Guadalajara agua sucia que deberá ser tratada y utilizada en los problemas de abasto de la urbe tapatía. Dicho acuerdo fue signado de forma ventajosa para favorecer a Guanajuato, estado natal de Vicente Fox Quezada, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de México y se involucró activamente para lograrlo. El convenio plantea la construcción de la presa El Zapotillo a 80 metros, solo para Guanajuato y la zona de Los Altos.
Como diputado local me opuse en forma tajante a la firma de ese polémico acuerdo y mi postura la he mantenido y defendido desde todas las trincheras en que me ha correspondido participar. En la pasada campaña puse de nuevo el tema en la agenda; en Cañadas de Obregón y en Los Altos de Jalisco, prometí que exigiría la revocación de ese convenio abusivo que no tiene razón de ser, ya que mientras se está previendo un problema futuro del estado vecino, en Jalisco existe una grave falta de abastecimiento de agua potable no sólo en el área conurbada de Guadalajara sino también en muchas ciudades medias y poblados de Los Altos e incluso en poblaciones aledañas al lago de Chapala y al río Santiago. La gente exige que no se inunde Temacapulin, Acasico y Palmarejo y que no se le otorguen recursos hídricos a Guanajuato para un tema futuro frente a las carencias que padecen en todos los pueblos de la zona de Los Altos.
En junio pasado los diputados por Jalisco retomaron el tema e interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intentar revocar el convenio, pero la semana pasada la autoridad resolvió en desecho el juicio promovido por los jaliscienses.
El problema del agua entre Jalisco y Guanajuato no es nuevo, data de la época del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, quien en 1987 impulsó un proyecto para aprovechar el caudal del Río Verde, pero intereses mezquinos y políticos le impidieron ver la luz y solo quedó en una buena propuesta que no prosperó. Sin embargo, de ese complejo denominado “La Zurda Calderón” que contemplaba la construcción de cuatro presas se alcanzaron a edificar dos; una en Cañadas de Obregón y la Elías González Chávez. No obstante, ante la salida abrupta del gobernador Cosío Vidaurri se suspendió el apoyo a Jalisco. Carlos Rivera, como gobernador interino no recibió ninguna clase de respaldo y no hubo posibilidad de salir adelante. Pero el tema viene de un poco más atrás; hay que recordar que el sector empresarial de Jalisco se opuso a ese proyecto aun antes de que se firmara y de que se inaugurara la primera obra, en una visita que hizo a Jalisco el presidente Carlos Salinas y en la que por cierto se desvivió en elogios para el gobernador Cosío por la forma en que había gestionado el sistema de La Zurda. Para llegar a ese momento se tuvo que tajar una lucha muy sorda con el empresariado jalisciense, sobre todo con el de la capital del Estado porque consideraban muy caro el costo del bombeo de San Gaspar y decían que no era necesaria tanta inversión para el abastecimiento de agua y ofrecían paliativos, obviamente ni tenían ni tienen razón. Perdieron la discusión y se dio para delante al proyecto que consiguió se construyeran las dos obras que posteriormente se detuvieron por los motivos que ya mencionaba. Aunque sí algo hay que reconocerle al gobernador Cosío, es la defensa del lago de Chapala con ese acuerdo y el tema de evitar que se repartiera el agua del Verde.
Posteriormente, en el Congreso del Estado, siendo gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, los diputados de mi fracción nos opusimos al crédito japonés porque ese proyecto de 7 mil millones de pesos únicamente le daba un metro cúbico de agua a Guadalajara, la mitad para saneamiento y la mitad para abastecimiento, con un costo muy alto cuando por un poquito más de eso se podían construir las dos presas de La Zurda Calderón, pero había una terquedad de no continuar y no usar lo que estaba hecho por el gobernador Cosío. Al final convenimos dividir lo que era para abastecimiento quedó pendiente y lo que era para saneamiento se aprobó pero no se ejerció. Después de eso el proyecto se enterró y vino el que conocemos, el que aprovecha los caudales del Río Verde y viene el tema del reparto de los caudales.
El problema del agua entre Jalisco y Guanajuato no es nuevo, acuerdos, convenios, proyectos, iniciativas y propuestas, han marcado este tortuoso transitar como se observa a continuación:
El 13 de abril de 1987, el entonces gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, logró el acuerdo para preservar el Lago de Chapala, siendo suscrito por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y los gobernadores de Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Asimismo, el 23 de febrero de 1990 se firmó el convenio de colaboración entre Jalisco y Guanajuato, el cual también fue suscrito por el entonces presidente de la República. En este sentido, el 22 de mayo de 1990 se tenía ya aprobado el proyecto La Zurda-Calderón, para darle a la zona conurbada de Guadalajara 12 mil 500 litros por segundo de agua.
En noviembre de 1994, los ciudadanos Carlos Rivera Aceves y Carlos Medina Plascencia, en ese entonces gobernadores de Jalisco y Guanajuato, firmaron el acuerdo por medio del cual se reservaron 504 millones de metros cúbicos, siendo 120 millones de metros cúbicos para León y 384 millones de metros cúbicos para Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. En ese sentido, el 7 de abril de 1995, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, elevó a decreto federal el acuerdo, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, el 17 de mayo de 1996, Alberto Cárdenas Jiménez, entonces gobernador de Jalisco, convino con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que se le despojara de 12 millones de metros cúbicos de agua a la zona metropolitana de Guadalajara.
El 22 de mayo de 1997 se firma el nuevo acuerdo de colaboración entre los entonces gobernadores de Guanajuato y de Jalisco, Vicente Fox Quesada y Alberto Cárdenas Jiménez, respectivamente, estando como testigo el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Este nuevo acuerdo fue elevado a decreto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 1997, y en dicho documento quedó establecida la entrega de 120 millones de metros cúbicos para León y 372 millones de metros cúbicos para Guadalajara y su zona conurbada que incluye Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
En el año 2000, Francisco Javier Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco, creó la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), nombrando como director al ingeniero Enrique Dau Flores. En este tiempo el Ejecutivo estatal gestionó, mediante un proyecto de decreto, un crédito por 6 mil 700 millones de pesos: 3 mil 200 millones para el proyecto de abasto de agua y 3 mil 500 millones para el proyecto de saneamiento. El Congreso de Jalisco aprobó el decreto 19985 por el cual se estipuló construir un sistema de bombeo en el Río Verde.
Con la entrada en funciones de la LVII Legislatura del Congreso de Jalisco, el Ejecutivo estatal envió a dicho poder una iniciativa de decreto en donde sin fundamento ni técnico ni legal, se cambió el afluente de abasto de agua que se establecía en los decretos federales que es el Río Verde incluyendo el Río Santiago que es exclusivamente para saneamiento, uno de los ríos más contaminado de América Latina. El Congreso rechazó la propuesta mediante el acuerdo legislativo 238/04 del 7 de junio del 2004.
No obstante a lo anterior, el Ejecutivo estatal decidió hacer la presa en el Río Santiago y omitió dotar de agua a León, Guanajuato, razón por la cual en 2004 se firmó un acuerdo para construir la presa de San Nicolás en el municipio de Jalostotitlán, en la comunidad del mismo nombre, así como en San Gaspar, comunidad que sería inundada y en la cual los pobladores se opusieron defendiendo su iglesia que data de la época colonial.
Por la oposición social de los pobladores de San Gaspar, que defendieron sus tradiciones y su patrimonio cultural y natural, el entonces gobernador del Jalisco dirigió el oficio número CJ/13/2005 a Cristóbal Jaime Jáquez, director general de la Comisión Nacional del Agua, por el cual notificó la cancelación del proyecto debido a dicha oposición, dando la instrucción de que la presa que sustituyera a la cancelada se realizara en un sitio en donde no se afectara a ninguna comunidad ni tierra agrícolamente rentable, proponiendo con absoluta irresponsabilidad el sitio de El Zapotillo, en donde se inundarían las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, además de 4 mil 500 hectáreas de terreno fértil. El encargado de llevar a cabo dicho proyecto fue el titular del CEA, quien no revisó una nueva propuesta, lo que ha originado un problema social mayúsculo por la afectación y oposición de los habitantes de las tres comunidades antes mencionadas.
El 1 de septiembre de 2005, el entonces gobernador Ramírez Acuña firmó un acuerdo de colaboración con Guanajuato, dando origen formal al proyecto El Zapotillo-Arcediano, por el cual fue instruido el entonces titular del CEA para disminuir la provisión de agua a Jalisco y a su zona metropolitana de Guadalajara a sólo 6 mil 600 litros por segundo de los 9 mil 600 que asignaron los decretos federales multirreferidos que programaron darle a la zona conurbada de Guadalajara solamente 3 mil litros por segundo de los 9 mil 600 litros por segundo a los que la región tenía derecho. De esta manera, le quedaron a Guadalajara solamente 4 mil 400 litros por segundo sumando los mil 400 litros por segundo de la presa El Purgatorio (en proyecto) lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades de la zona metropolitana que crece sin planeación sustentable.
Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, firmó en 2007 un convenio con el gobierno de Guanajuato y el federal, para que la presa fuera a 105 metros a fin de que guardara el doble de agua y ésta se regulara en favor de la Zona Metrópoli de Guadalajara.
En 2008 se publicó la licitación para la construcción de El Zapotillo, quedando a cargo de la empresa española Abengoa.
En mayo de 2014 el juez primero de distrito en Materia Administrativa y del Trabajo concedió “suspensión definitiva” en el sentido de que no debía apoyarse la sobreelevación de la cortina sobre el Río Verde.
En 2017, el gobernador Aristóteles Sandoval demandó la fotos de un nuevo convenio entre Jalisco, Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua, y condicionó el apoyo de Jalisco a la construcción de El Zapotillo a que se garantice abasto de agua tanto para Los Altos como para Guadalajara.
El 21 de junio de 2018, el Congreso de Jalisco interpuso una controversia constitucional contra los acuerdos entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, y el gobierno de la República para el trasvase de agua del río Verde a la ciudad de León, en espera de contravenir el acuerdo de 2005.
En respuesta, el 8 de agosto la SCJN desechó por “notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco”.
Este asunto del agua, junto con el de la seguridad, son sin lugar a dudas, los dos grandes temas que marcarán la gestión del gobernador electo por Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En la medida que logre o no salvar este par de temas de vital importancia, los principales que aquejan a los habitantes de esta entidad, se valorarán sus seis años de administración. Evidentemente, conseguir que se revoque ese leonino y manipulado convenio será una tarea compleja para el nuevo gobernador, que tendrá que conseguir lo que ningún gobernador ha logrado desde hace 13 años.
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