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La más importante obra del gobierno de Aristóteles Sandoval y una de las más relevantes impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es hoy motivo de una averiguación criminal interpuesta por cuatro ciudadanas zapopanas.
De acuerdo con la denuncia de hechos (cuya copia posee este reportero), distintas autoridades y empresas, habrían incurrido en conductas delictuosas por actos u omisiones en perjuicio de los habitantes de Zapopan, así como a fincas y monumentos que constituyen un patrimonio histórico.
María del Pilar Gasio Vera, Verónica Méndez Araiza, Rosa Alejandra Ramírez Jácome e Isabel Eugenia Gómez Macías, presentaron una denuncia en la Fiscalía Central del Estado el 21 de julio de 2016 por las obras de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano, contra las siguientes personas:
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, director del Tren Eléctrico urbano; Arturo Malandrano C., Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH; Pablo Suárez Coello, director general de Transporte Ferroviario Multimodal de la SCT; José Adolfo Bascuñana, representante de Consorcio Túnel Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.; Joao Dos Santos Dinis Parreira, apoderado de Empresa Consorcio Gdl Viaducto, S.A.P.I. de C.V.; así como a las empresas Hol México, Mota Engil, Grupo Promotor y Constructora Tláloc.
Entre otros hechos, las denunciantes refieren que para realizar la citada obra, era necesario que se contara con permisos de construcción que debieron tramitarse en los ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, además de cubrir los requisitos de impacto ambiental establecidos en la ley, para salvaguardar el entorno urbano, histórico, yacimientos y corrientes de agua subterránea y obras sanitarias (colectores).
Señalan que con fecha ocho de de abril de 2015, la delegada del INAH en Jalisco, Martha Lorenza López Mestas Camberos, por oficio 401 F (9) 83 2015/439/Dirección, dirigido a Rodolfo Guadalajara, le menciona que deberán realizarse las siguientes acciones:
Trabajos de salvamento arqueológico; además, un levantamiento actual de los monumentos históricos ubicados en el área de impacto para conocer su estado físico “antes de iniciar los trabajos”; instalar un sistema de monitoreo del comportamiento estructural de cada uno de ellos; un análisis de la capacidad de carga del suelo y técnicas para garantizar resistencias y la no afectación de los monumentos y hundimientos.
Además, se deberá otorgar una fianza por cada uno de los monumentos históricos en la línea de trazo del tren que garantice los daños. Hasta en tanto se cumpla con estos trabajos, el instituto “estará en posibilidades de emitir un dictamen”.
El 19 de febrero de 2015, mediante oficio 401 B (6)83 2015/0219/Dirección, dirigido por la misma delegada al director de Siteur, advierte que no se cumplió con los requerimientos del anterior oficio pese a que en el trayecto hay inmuebles de alto valor patrimonial y zonas de vestigio arqueológico, por lo que señala: “No pueden iniciar cualquier tipo de obra dentro del polígono del centro histórico de Guadalajara hasta en tanto cuenten con la autorización del instituto”.
Las denunciantes concluyen que los trabajos de la línea 3 iniciaron sin permisos de construcción, sin cumplir con normas ambientales, ni permisos del INAH, por lo que la conducta de los denunciados constituyen delitos en perjuicio de los habitantes de la zona metropolitana y de ellas.
Ante esto, pide que se realicen los peritajes por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y que una vez reunidas las evidencias que confirmen la existencia de hechos delictuosos, se sirvan ejercitar la acción penal de su competencia contra los responsables.
