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Nuevamente la entrega de un contrato ha puesto en entredicho la transparencia en los manejos y actuaciones del Gobierno del Estado que tutelado por Enrique Alfaro Ramirez, quien se erigió como adalid de un Movimiento Ciudadano, inmaculado, libre de compromisos, y destinado a ser el impulsor de una refundación necesaria cuando buscaba las simpatías de la gente, ahora desde el poder muestra su verdadero rostro; brinca las leyes y reglamentos, desdeña a las instituciones y se conduce con opacidad y autoritarismo entregando contratos con tufo a corrupción.
El primer ensayo de lo que se venía fue la licitación del multimillonario contrato de “A Toda Máquina”, que el Gobierno jalisciense entregó a un amigo del gobernador y que asciende a casi 3 mil 700 millones de pesos. Una licitación plagada de ilegalidades, con un serio tufo a corrupción por la que pesan denuncias a nivel nacional y estatal.
En los últimos días la administración local ha otorgado dos contratos (uno de ellos por adjudicación directa) al llamado “Cartel de la sangre”, que será interesante saber cuál es el compromiso o lazo que lo une con personajes de primer nivel en el Gobierno y que le ha permitido ser favorecido de esa manera mediante un controvertido contrato con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).
El “Cártel de la sangre”, está conformado por un grupo de empresas a las que se les denominó de esa forma por monopolizar los servicios de banco de sangre y de laboratorio en el sector salud del país y por haberse coludido para fijar precios y repartirse contratos, -según se corroboró al descubrirse audios en los que directivos de empresas se ponían de acuerdo para tal fin así como crear firmas “fachada” para simular competencia o no aparecer directamente en los procesos licitatorios-, participó en un par de licitaciones a través de la empresa “Intermet”, filial de Impromed, una de las empresas del cártel que fue inhabilitada para participar en procesos durante seis meses por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tras comprobarle malos manejos.
Sin importar que había sido inhabilitada, la empresa concursó en un par de licitaciones del gobierno de Jalisco, siendo observada por empresas locales que advirtieron de la ilegalidad, al tiempo que denunciaron una serie de anomalías en la licitación, tales como que se estaban exigiendo equipos e insumos con características que solo tenían las marcas que distribuye en exclusiva Impromed, para garantizar que resultase ganadora su filial Intermet, a pesar de que no estaba ofreciendo los precios más bajos.
GAP, la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria que hasta hace unos días tenía el contrato con la Secretaría de Salud, impugnó ante la Contraloría Interna de la SSJ ambos procesos de licitación por las anomalías encontradas y solicitó su suspensión. GAP advirtió a finales de marzo, que “de seguir el proceso, se estarían cometiendo violaciones graves” al artículo 134 de la Constitución mexicana y a la Ley de Compras estatal “afectando gravemente el patrimonio de la convocante, ya que con las características técnicas de diversos equipos contenidas en las Bases no se estaría en posibilidad de conseguir las mejores condiciones técnicas y económicas, además se estaría violando el principio de libre competencia”.
Sin otra opción Enrique Alfaro Ramírez ordenó la cancelación de la mencionada licitación y mediante un comunicado anunció repondría el primer proceso y lanzaría un segundo concurso, “en virtud de las quejas recibidas en la Contraloría estatal desde hace más de una semana y de las declaraciones hechas por el presidente de la República hace dos días respecto a las prácticas monopólicas de diversas empresas, entre las que se encuentra una presunta filial de las empresas participantes en la licitación (…) para la compra de productos y servicios en materia de salud”.
El Gobierno aprovechó la coyuntura de la cancelación para permitir avanzara el tiempo y se cumplieren los seis meses de inhabilitación que impedían a Intermet participar en la licitación, al tiempo que se modificó una cláusula que también le significaría un obstáculo, al advertir sobre una posible descalificación “de comprobarse su incumplimiento o mala calidad como PROVEEDOR con cualquiera de los tres niveles de Gobierno”.
Lo anterior, de acuerdo con periodistas y medios de comunicación que han dado puntual seguimiento al tema, acentúan que el Gobierno de Jalisco haciendo uso de triquiñuelas allanó el camino para que Intermet pudiese acceder sin obstáculo alguno a ganar el concurso, el cual le fue ratificado el miércoles de la semana pasada, ante la inconformidad de empresas locales que aseguran, la intención de la administración estatal era otorgarle ese y otros contratos que siguen en juego a la firma Intermet.
El pasado martes, la Secretaria de Salud Jalisco en conferencia de prensa anunció la cancelación de un contrato que tenía vigente con Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, con el argumento de que la empresa “retrasó la entrega de 256 muestras de sangre por no contar con el reactivo necesario impactando en la realización de otras pruebas…”, ademas se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, “por el riesgo que la falta de esos servicios conlleva”.
El propio Secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, en un acto de cinismo, anunció que ante esta cancelación, la empresa Intermet, -la misma que forma parte del cartel de la sangre, que había sido inhabilitada, que incumplía con requerimientos en otras licitaciones y que se presume es una empresa fantasma aliada a Impromed-, será la que continúe con el servicio que dejará de ofrecer GAP y que asciende a 15 millones de pesos.
En tanto, la otra licitación en que concursa Intermet (LPN 43068001-015-2019 para el “Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete para la Red de Laboratorios del Estado de Jalisco”), fue suspendida por orden de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), toda vez que la empresa que ofrece el servicio actualmente, Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, se fue a tribunales y obtuvo esa medida cautelar al alegar presuntos concursos dirigidos para dar el gane a la dupla Impromed-Intermet.
A últimas fechas se ha revelado información que nos da algo de luz respecto a quién podría ser el personaje o personajes que están siendo favorecidos con los contratos del gobierno. Por ejemplo, ahora se sabe que fue el propio Enrique Alfaro quien en 2017 inauguró las oficinas de IMPROMED-INTERMET, siendo Marcelo Castillero, delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien presentó al entonces alcalde Guadalajara con los empresarios farmacéuticos.
Sabemos también que desde 2014, el IMSS teniendo como delegado a Castillero, ha entregado alrededor de medio centenar de contratos a Impromed todos de manera directa por casi mil millones de pesos hasta 2017.
Así que será interesante dar puntual seguimiento a este tema que al igual que el programa A Toda Máquina, tiene un tufo terrible a corrupción.
Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
