(*)
Emmanuel Macron está descubriendo que existe algo más difícil que conquistar el poder: conservar la autoridad cuando una parte considerable de la sociedad ha dejado de confiar en quien gobierna. Francia atraviesa una de sus crisis políticas y sociales más delicadas de los últimos años, con protestas multitudinarias, episodios de violencia, deterioro económico y una creciente sensación de ingobernabilidad. Pero el problema del presidente francés no se limita a las manifestaciones que sacuden las calles. Su verdadera tragedia política consiste en que, a pocos meses de abandonar el Palacio del Elíseo, parece haber perdido la capacidad de convencer a sus compatriotas de que todavía tiene respuestas para sus problemas.
La situación adquirió dimensiones particularmente graves después de las movilizaciones del pasado 17 de octubre, cuando las protestas estudiantiles y las expresiones de inconformidad por el costo de la vida desembocaron en enfrentamientos, saqueos y destrucción de establecimientos comerciales y edificios públicos.
Macron compareció ante la nación para expresar su indignación y condenar los actos violentos. Sin embargo, su mensaje no consiguió reducir la tensión. Por el contrario, las críticas surgieron desde prácticamente todos los sectores políticos, incluidos antiguos colaboradores que consideran agotada su capacidad para conducir al país.
Este jueves, el mandatario anunció nuevas restricciones a las manifestaciones que las autoridades consideren ilegítimas, mientras su gobierno endurece las medidas de seguridad y busca impedir nuevos episodios de vandalismo.
El Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, garantizar la seguridad pública y sancionar a quienes aprovechan una movilización para cometer delitos. La protesta pacífica constituye un derecho democrático; incendiar edificios, saquear comercios o agredir personas no forma parte de ese derecho.
Pero sería un error igualmente grave suponer que la inconformidad social desaparece cuando se restringen las manifestaciones.
Las medidas policiales pueden contener disturbios. No necesariamente recuperan la confianza perdida.
Ese es precisamente el dilema que enfrenta Macron. Su gobierno necesita restablecer el orden, pero también explicar por qué, después de casi una década de ejercicio presidencial, amplios sectores de la población consideran que sus condiciones de vida no han mejorado y que las instituciones permanecen indiferentes ante sus preocupaciones.
El descontento no surgió de manera espontánea. Tiene antecedentes que el presidente conoce perfectamente.
En 2018, el movimiento de los chalecos amarillos puso en evidencia la distancia entre las decisiones económicas del gobierno y las dificultades cotidianas de millones de franceses. Las protestas comenzaron alrededor del precio de los combustibles, pero rápidamente se transformaron en una crítica más amplia contra la desigualdad, la pérdida del poder adquisitivo y la percepción de que las élites políticas gobernaban sin comprender la realidad de las familias.
Macron respondió entonces con un gran debate nacional que prometía escuchar a la sociedad. La iniciativa permitió reunir miles de propuestas y expresar inconformidades acumuladas, aunque sus resultados políticos fueron insuficientes para reconstruir una confianza duradera.
Después llegó la controvertida reforma de las pensiones, impulsada pese a una intensa oposición social y parlamentaria.
Aquella decisión reforzó la imagen de un presidente dispuesto a imponer reformas que consideraba necesarias, incluso cuando una parte importante del país las rechazaba.
Sus defensores sostienen que Francia necesitaba modernizar su economía, controlar el gasto público y enfrentar problemas estructurales que anteriores gobiernos habían preferido posponer. No es un argumento menor. Los sistemas de protección social requieren financiamiento y las decisiones impopulares pueden ser indispensables para evitar crisis futuras.
Pero gobernar no consiste solamente en identificar problemas técnicos y aplicar soluciones administrativas.
También exige construir acuerdos, escuchar objeciones y conseguir que los ciudadanos comprendan por qué determinados sacrificios resultan necesarios.
Macron ha demostrado capacidad para formular diagnósticos económicos. Su mayor debilidad ha sido convertir esos diagnósticos en consensos sociales.
La crisis se agravó cuando decidió disolver la Asamblea Nacional en 2024 y convocar elecciones anticipadas. La apuesta buscaba recuperar iniciativa política frente al avance de sus adversarios, pero terminó produciendo un Parlamento fragmentado y una presidencia con mayores dificultades para sostener gobiernos estables.
Desde entonces, Francia vive bajo la amenaza recurrente de bloqueos legislativos y mociones de censura, mientras sus problemas presupuestarios reducen el margen para responder a las demandas ciudadanas.
La economía tampoco ofrece demasiadas oportunidades para aliviar la tensión. El deterioro de las finanzas públicas, el endeudamiento y las dificultades para recuperar el crecimiento limitan la posibilidad de financiar nuevas políticas sociales sin aumentar los desequilibrios.
En otras circunstancias, Macron podría intentar desactivar las protestas mediante concesiones económicas. Hoy dispone de menos recursos y enfrenta una sociedad menos dispuesta a concederle el beneficio de la duda.
La consecuencia política más preocupante es el fortalecimiento de quienes prometen romper con el modelo que representa.
Marine Le Pen y Jordan Bardella, principales figuras de la Agrupación Nacional, observan la crisis como una oportunidad para ampliar su influencia. Su discurso presenta al gobierno como incapaz de garantizar seguridad, estabilidad económica y autoridad institucional.
Las imágenes de saqueos y enfrentamientos proporcionan material para reforzar esa narrativa. La extrema derecha intenta colocarse como defensora del orden frente a un gobierno debilitado y una izquierda radical a la que responsabiliza de alimentar el conflicto.
La estrategia puede resultar electoralmente eficaz, pero conviene examinarla sin ingenuidad.
La indignación ante la violencia es legítima. Convertirla en argumento para descalificar cualquier protesta o reducir problemas sociales complejos a una confrontación entre ciudadanos respetables y enemigos de la nación constituye una simplificación peligrosa.
También sería irresponsable que sectores de izquierda justificaran los destrozos bajo el argumento de que representan una reacción inevitable contra la desigualdad.
La violencia termina perjudicando a quienes ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse y facilita que las demandas sociales queden desplazadas por el debate sobre la seguridad.
En medio de esa confrontación, Macron parece haber perdido la iniciativa.
La decisión de encargar al primer ministro Sébastien Lecornu nuevas consultas con partidos, sindicatos y organizaciones sociales demuestra que el gobierno reconoce la necesidad de buscar una salida política. Sin embargo, el diálogo difícilmente producirá resultados si se limita a exigir condenas de la violencia sin ofrecer respuestas concretas a las preocupaciones económicas y educativas que alimentan el malestar.
Los jóvenes ocupan un lugar especialmente relevante en esta crisis. Las movilizaciones estudiantiles expresan incertidumbre sobre el futuro, dificultades para acceder a oportunidades y una creciente desconfianza hacia las promesas tradicionales de movilidad social.
Para una generación que observa empleos precarios, viviendas cada vez menos accesibles y servicios públicos sometidos a presiones presupuestarias, los discursos sobre estabilidad macroeconómica pueden resultar insuficientes.
Francia conserva instituciones sólidas, una economía importante y una tradición democrática capaz de enfrentar situaciones difíciles. No se encuentra inevitablemente al borde del colapso, como sugieren algunas interpretaciones alarmistas.
Pero sería igualmente equivocado minimizar la profundidad del desgaste político.
Las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027 se aproximan en un ambiente de polarización que podría transformar significativamente el rumbo del país. Macron no puede buscar un tercer mandato consecutivo y su sucesión ocurre cuando el espacio político que construyó ha perdido buena parte de su fuerza original.
La posibilidad de una victoria de la extrema derecha ya no puede tratarse como una hipótesis remota. Tampoco constituye un desenlace inevitable. Dependerá de la capacidad de sus adversarios para presentar alternativas creíbles y de las decisiones que adopten los electores.
Lo que parece indiscutible es que el macronismo enfrenta el cierre de una etapa histórica.
Cuando Macron llegó al poder en 2017 prometió superar la confrontación tradicional entre izquierda y derecha. Se presentó como representante de una nueva generación política, europeísta, reformista y capaz de modernizar las instituciones francesas.
Casi diez años después, el país se encuentra más fragmentado y las fuerzas que pretendía desplazar han recuperado protagonismo.
Su proyecto no fracasó exclusivamente por errores personales. También enfrentó crisis internacionales, dificultades económicas y transformaciones sociales que habrían complicado la gestión de cualquier gobernante.
Pero el liderazgo se mide precisamente por la capacidad de responder a circunstancias adversas sin perder el vínculo con la ciudadanía.
Macron todavía puede contribuir a una transición institucional ordenada. Para conseguirlo necesita comprender que la autoridad presidencial no se recupera solamente mediante discursos severos ni restricciones policiales. Se reconstruye cuando los ciudadanos perciben que sus demandas son escuchadas y que las decisiones públicas responden a necesidades reales.
Francia necesita orden, pero también necesita confianza. Requiere responsabilidad fiscal, pero no puede ignorar el deterioro de las expectativas sociales. Debe combatir la violencia sin confundirla con la protesta legítima y preservar sus instituciones sin convertirlas en instrumentos de una confrontación permanente.
El presidente francés enfrenta, en definitiva, una paradoja amarga: todavía dispone de las atribuciones constitucionales de su cargo, pero cada vez encuentra mayores dificultades para ejercer la autoridad política que esas facultades necesitan.
Y esa diferencia puede definir su legado.
opinion.salcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.