Frente a las crecientes presiones globales que amenazan las libertades individuales y la solidez institucional, los operadores de justicia y las universidades deben asumir una defensa irrestricta de las garantías fundamentales para impedir cualquier retroceso. Así lo advirtió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, al señalar que la judicatura federal tiene la obligación constitucional ineludible de fungir como un garante inquebrantable ante cualquier intento de regresión en los derechos humanos.
Durante la inauguración del séptimo Congreso Internacional de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con sede en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, la ministra subrayó que los derechos humanos constituyen la columna vertebral de la convivencia democrática, por lo que su tutela no admite concesiones ni pasos en falso.
“Hoy los derechos humanos son el pilar sobre el que descansa todo el andamiaje constitucional, y padecen de una presión”, advirtió de manera tajante Esquivel Mossa. Ante este complejo panorama, remarcó que el papel de las autoridades jurisdiccionales debe mantenerse firme: “Frente a las aceleradas transformaciones, la defensa de la dignidad humana exige de todas y todos, pero en particular de los operadores jurídicos, un compromiso ético inquebrantable; este es el compromiso de la judicatura federal. Tenemos la responsabilidad de ser los garantes ante cualquier intento de regresión de las libertades. No podemos dar marcha atrás”.
La juzgadora enfatizó que la calidad misma de la democracia se encuentra en riesgo debido a factores emergentes como el uso desregulado de la inteligencia artificial, la vigilancia masiva, la desinformación sistemática y la proliferación de discursos de odio. En ese sentido, recordó que la histórica reforma constitucional de 2011 y las sentencias obligatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas el emblemático caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, transformaron de raíz la relación entre gobernantes y gobernados, estableciendo un principio irrenunciable de justiciabilidad y exigibilidad que no puede diluirse.
Por su parte, el presidente de la Red Internacional de Derechos Humanos y también ex rector, Trinidad Padilla López, expuso un diagnóstico sobre la gravedad del entorno global que enmarca los trabajos de este encuentro, titulado Derechos humanos, derecho internacional humanitario y desorden mundial. El directivo sostuvo que el mundo no enfrenta un conflicto pasajero, sino una crisis estructural en los equilibrios internacionales.
“Al hablar de desorden mundial, debemos reconocer abiertamente que no nos encontramos ante un desajuste pasajero, sino frente a una transformación estructural del escenario internacional. Asistimos a una progresiva erosión del multilateralismo y del consenso normativo que costó décadas construir”, aseveró Padilla López.
Advirtió además que la efectividad de las normas globales se quebranta cuando imperan los dobles estándares y “cuando la lógica de la fuerza pretende imponerse sobre la fuerza del derecho”.
Sin embargo, Padilla López enfatizó que la labor de los espacios universitarios rechaza el desánimo: “Abordar esta realidad desde un foro universitario e institucional no puede ser un ejercicio de resignación. La perspectiva humanista nos obliga a transformar la preocupación en agenda de trabajo, entendiendo que frente a la fragmentación global, la respuesta no es el repliegue, sino la reafirmación con mayor rigor del estado de derecho y la protección irrestricta de los derechos fundamentales”. Concluyó señalando que “ante la barbarie, el cinismo o el dolor ajeno, la indiferencia no es una postura neutral, es una forma de complicidad”.
En sintonía con estas posturas, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, destacó la responsabilidad de la casa de estudios como tribuna para el pensamiento crítico y la articulación social frente a las crisis de la actualidad. Planter Pérez sentenció que la comunidad internacional y las instituciones locales se encuentran en “un momento insoslayable de nuestra historia, el momento de debatir sobre la importancia de los derechos humanos y colocar la dignidad en el centro de todas las decisiones públicas”. La rectora general llamó a no claudicar en la formación ética ni en la defensa activa de los sectores vulnerables.
El congreso, convocado por más de una treintena de instituciones y organismos civiles, continuará sus actividades con la entrega de la presea María Látigo 2025 y la conferencia magistral de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. A lo largo de la jornada se desahogarán cinco mesas de trabajo enfocadas en inteligencia artificial y prevención escolar, impunidad en conflictos armados, asedio a las democracias y periodistas, protección humanitaria de civiles y el impacto de las tecnologías militares en el orden cívico internacional.