La adquisición de un predio destinado a convertirse en la nueva sede del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) de Jalisco colocó bajo escrutinio a su director general, Guillermo Zepeda Lecuona, y a otros funcionarios del organismo, luego de una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el ex secretario técnico del propio Instituto, Alfonso Rejón Cervantes.
La acusación sostiene que el inmueble fue comprado a un precio considerablemente superior al valor asentado en un avalúo catastral y plantea posibles irregularidades en el proceso de adquisición. Hasta ahora, se trata de señalamientos que deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes.
El inmueble se localiza en el número 1228 de la calle Vidrio, en Guadalajara, y tiene una superficie aproximada de mil 698 metros cuadrados. De acuerdo con la información difundida sobre la denuncia, un avalúo catastral elaborado por el perito Luis Dagoberto Flores Velazco autorizado por la Dirección de Catastro Municipal de Guadalajara, estableció un valor de 12 millones 423 mil 532 pesos.
Sin embargo, el IJA habría concretado la operación por 28 millones 304 mil pesos, más IVA lo que da un monto de 29 millones de pesos, una diferencia de alrededor de 16.5 millones de pesos respecto de ese valor catastral.
La acusación central de Rejón Cervantes parte precisamente de esa brecha entre el valor catastral y el monto pagado. Bajo esa perspectiva, el denunciante sostiene que el patrimonio público pudo haber sido afectado mediante una adquisición a sobreprecio. La cifra adquiere relevancia porque representa más del doble del valor catastral reportado: el monto de compra equivale aproximadamente a 2.28 veces aquella referencia, es decir, alrededor de 134 por ciento por encima del avalúo mencionado. La investigación deberá determinar, sin embargo, si la comparación jurídicamente válida debe hacerse contra el valor catastral o contra un avalúo comercial del inmueble.
Ese punto es precisamente uno de los principales argumentos de defensa de Guillermo Zepeda Lecuona. El director del IJA rechazó que la compra haya sido irregular y cuestionó que se utilice el valor catastral como equivalente al precio comercial de una propiedad. Según su explicación, el Instituto realizó una valoración comercial de distintas alternativas antes de decidirse por el inmueble de la calle Vidrio y aseguró que la operación se realizó por debajo del precio comercial estimado.
Zepeda Lecuona explicó además que el IJA necesitaba un terreno con una superficie superior a mil 400 metros cuadrados para desarrollar su nueva sede. Entre las características que, según el funcionario, hicieron atractivo el inmueble de Vidrio se encuentra la posibilidad de construir infraestructura propia y disponer de aproximadamente 43 espacios de estacionamiento, una prestación de la que carecería la sede actual. El predio funciona actualmente como estacionamiento y, de acuerdo con la versión del director, sus dimensiones y posibilidades de construcción fueron factores determinantes para elegirlo frente a otras alternativas.
La intención de contar con instalaciones propias no es nueva. Desde enero de 2024, Zepeda Lecuona había anunciado que el IJA trabajaba en el proyecto para construir una sede propia, con una propuesta preliminar de un edificio de tres niveles, alrededor de mil 400 metros cuadrados y estacionamiento. En aquel momento se hablaba de un presupuesto de 40 millones de pesos para ese año y de la posibilidad de recibir una cantidad similar en ejercicios posteriores. El proyecto pretendía fortalecer la capacidad operativa de un organismo encargado de promover mecanismos alternativos de solución de controversias.
No obstante, la controversia actual, no cuestiona solamente la necesidad de que el IJA tenga un inmueble propio, sino la forma en que se determinó el precio y se llevó a cabo la adquisición. Para la Fiscalía Anticorrupción será relevante establecer qué avalúos comerciales fueron solicitados, quién los elaboró, cuáles fueron las propiedades consideradas como alternativas, qué criterios utilizó el comité responsable y qué funcionarios participaron en la autorización de la compra. También tendrá que determinarse si existió una justificación técnica suficiente para la diferencia entre el valor catastral y el precio finalmente cubierto.
La denuncia de Alfonso Rejón Cervantes señala a varios funcionarios, además de Zepeda Lecuona. Entre ellos aparecen Saúl Figueroa López, director de Administración y Planeación; Marina Lima González, coordinadora jurídica y vocal; Alfredo García Amador, representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y vocal; y José Luis Orozco Santacruz, titular del Órgano Interno de Control. La inclusión de estos funcionarios significa que la investigación tendrá que revisar no solamente la actuación del director general, sino también la intervención de las áreas administrativas, jurídicas, de control y del propio órgano colegiado en el procedimiento.
El denunciante, Alfonso Rejón Cervantes, conoce desde hace años la estructura y operación del IJA. Ocupó el cargo de secretario técnico del organismo y durante distintos periodos participó en sus actividades directivas y administrativas. Su conocimiento previo de los procedimientos internos del IJA da un contexto particular a la denuncia, aunque por sí mismo no determina la veracidad de sus acusaciones.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá ahora que establecer si existen elementos suficientes para acreditar alguna conducta ilícita o administrativa. La diferencia entre un avalúo catastral y el precio comercial de un inmueble no constituye por sí misma una prueba de corrupción: el valor catastral tiene una función fiscal y puede ser distinto del valor de mercado. Por ello, una eventual investigación deberá revisar documentos de compraventa, avalúos comerciales, dictámenes técnicos, actas de los órganos colegiados, autorizaciones presupuestales y comprobantes de pago para determinar si el precio correspondió a las condiciones reales del mercado.
De acuerdo con la escritura pública 11,889, hubo un avalúo comercial efectuado por el arquitecto Miguel Ángel Peña Delgado, pero no se incluye el peritaje ni se anexa el documento técnico con las ponderaciones para determinar el precio.
Incluso los vendedores en una de los apartados del régimen fiscal de la operación, reconocen que las condiciones de las construcciones se encuentran en estado “ruinoso”, por lo que acuerdan el valor en cuatro millones 350 mil pesos.
También en las declaraciones, en el apartado tercero, se menciona que el predio goza de protección patrimonial y se encuentra en el inventario estatal del Patrimonio Cultural de Jalisco por ubicarse en la zona de protección del centro histórico como un inmueble de valor artístico.
Esta determinación es importante, ya que especialistas consultados mencionan que la diferencia entre un valor catastral y uno comercial, a menudo alcanza el 40 y hasta el 80 por ciento; en cambio, al existir restricciones de edificación en zonas de valor histórico, la diferencia suele limitarse al 25 y 50 por ciento.
Es decir, que entre el avalúo catastral de 12 millones 423 mil pesos y los 29 millones pagados, hay un incremento de 134 por ciento, lo que supera la realidad.
El caso también abre una discusión sobre los controles que deben existir cuando un organismo público adquiere bienes inmuebles con recursos del Estado. El IJA tiene autonomía técnica y administrativa y forma parte del sistema institucional de justicia de Jalisco.
Precisamente por tratarse de recursos públicos, una operación de casi 30 millones de pesos requiere que las decisiones estén sustentadas documentalmente y que exista trazabilidad sobre quién propuso la compra, quién la evaluó, quién la autorizó y bajo qué criterios se determinó el precio. La transparencia de todo el expediente será fundamental para despejar las dudas.