SAN DIEGO.— Gerardo Mérida, quien fuera secretario de Seguridad del gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, ya no se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).
El pasado 4 de agosto, cuando la primera audiencia previa a juicio fue pospuesta, el general aparecía en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Sin embargo, ayer, la búsqueda de su nombre en la Oficina Federal de Prisiones arrojó “cero resultados”.
Al posponerse la audiencia, la corte, en una acción extraordinaria, no estableció otra fecha para la presentación de Mérida.
Mérida es el único que se ha entregado a EU, de los 10 funcionarios y exfuncionarios de la administración de Rubén Rocha Moya acusados de corrupción y vínculos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Como antecedente, los dos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán López, desaparecieron del registro del BOP antes de que se declararan culpables mediante negociaciones para colaborar con el gobierno.
En tanto, el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadunidenses han intensificado el escrutinio sobre empresas transfronterizas. Esto, luego de que el presidente de EU, Donald Trump, clasificara a ciertas organizaciones criminales vinculadas con México como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Las medidas adoptadas por el Tesoro de EU ya alcanzaron a más de medio centenar de personas y firmas dedicadas a la producción de tequila, agricultura, seguridad y servicios logísticos, entre otras.
Es probable que Mérida Sánchez haya salido de prisión porque está en negociaciones para colaborar con la fiscalía. Como referente, Ovidio y Joaquín Guzmán López, los dos hijos de El Chapo Guzmán, desaparecieron del registro del BOP antes de declararse culpables mediante negociaciones de colaboración con el gobierno.
El 4 de agosto, al posponer la audiencia, la corte en una acción extraordinaria no estableció ninguna fecha posterior para la presentación de Mérida ante el tribunal.
Mérida, de 66 años, cruzó la frontera a Arizona y se entregó el 11 de mayo; tuvo su primera audiencia en ese estado al día siguiente, cuando una corte ordenó trasladarlo a Nueva York, donde enfrenta cargos federales.
En la primera audiencia en Nueva York, el exsecretario no se declaró culpable ni inocente; ante su silencio, la corte determinó que no aceptaba los cargos, por lo que lo declaró inocente, criterio en el que luego estuvo de acuerdo su abogada.
La desaparición de su ficha penitenciaria suele marcar la transición hacia un programa de protección de testigos o la negociación formal de culpabilidad. Dentro del esquema de justicia estadunidense, los procesados que aceptan aportar información sensible contra otros objetivos de mayor relevancia estratégica suelen ser reubicados fuera de las prisiones ordinarias para garantizar su integridad y facilitar las sesiones con los fiscales.