Keiko Fujimori logró finalmente llegar a la Presidencia de Perú tras imponerse en una de las elecciones más cerradas de la historia reciente del país. Con el 100 por ciento de las actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50.135 por ciento de los votos, equivalentes a 9 millones 223 mil 396 sufragios, mientras que su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, alcanzó el 49.865 por ciento, con 9 millones 173 mil 755 votos. La diferencia fue de apenas 49 mil 641 sufragios, suficiente para sellar el regreso del fujimorismo al poder después de más de dos décadas. La proclamación oficial está prevista para los próximos días, aunque el resultado ya es considerado irreversible.
El triunfo representa la culminación de una larga carrera política para Keiko Fujimori, quien alcanzó la Presidencia en su cuarto intento. Anteriormente había perdido las elecciones de 2011 frente a Ollanta Humala, las de 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski por un margen inferior a 45 mil votos y las de 2021 frente a Pedro Castillo, también por una diferencia mínima. Tras tres derrotas consecutivas, la líder de Fuerza Popular consiguió finalmente romper la racha y convertirse en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar Perú.
Sin embargo, la llegada de Keiko Fujimori al Palacio de Gobierno revive uno de los capítulos más polémicos de la historia peruana. Su padre, el expresidente Alberto Fujimori, gobernó entre 1990 y 2000 mediante un régimen que derivó en un autogolpe de Estado, la concentración del poder, graves violaciones a los derechos humanos y una extensa red de corrupción encabezada por su asesor Vladimiro Montesinos. Aunque su administración es reconocida por una parte de la población por derrotar militarmente a Sendero Luminoso y estabilizar la economía, organismos nacionales e internacionales la catalogan como una etapa autoritaria que dejó profundas heridas en la democracia peruana.
El exmandatario terminó enfrentando la justicia. Tras huir a Japón y posteriormente viajar a Chile, fue extraditado a Perú en 2007. Dos años después fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, además de enfrentar diversas sentencias por corrupción y abuso de poder. Falleció en septiembre de 2024, después de haber recuperado la libertad meses antes por decisión del Tribunal Constitucional, sin dejar de ser una de las figuras más divisivas de la política latinoamericana.
La propia Keiko Fujimori tampoco ha estado exenta de controversias. Durante años enfrentó investigaciones por presunto lavado de dinero relacionado con el financiamiento de sus campañas electorales y permaneció en prisión preventiva entre 2018 y 2020. Aunque el proceso fue anulado por el Tribunal Constitucional y deberá reiniciarse bajo nuevas condiciones, sus adversarios sostienen que esas investigaciones seguirán acompañando su mandato, mientras sus simpatizantes afirman que fue víctima de una persecución política.
El nuevo gobierno asumirá en un país profundamente polarizado y con una inestabilidad política que ha convertido a la Presidencia peruana en uno de los cargos más inciertos de América Latina. En las últimas décadas, prácticamente todos los expresidentes vivos han enfrentado procesos judiciales, prisión o investigaciones por corrupción: Alberto Fujimori fue condenado; Alejandro Toledo cumple condena; Ollanta Humala fue sentenciado en un caso de financiamiento ilícito; Pedro Pablo Kuczynski permanece bajo investigación; Martín Vizcarra enfrenta procesos por presuntos actos de corrupción; Pedro Castillo continúa en prisión preventiva tras el fallido autogolpe de 2022, mientras que Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por el caso Odebrecht. Esa sucesión de escándalos ha alimentado la llamada “maldición de los presidentes peruanos”, un fenómeno que Keiko Fujimori intentará romper al iniciar un mandato que estará sometido al escrutinio permanente de la justicia y de una sociedad profundamente dividida.