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La explicación de por qué la obra de la Línea 3 del Tren Ligero ha pasado de poco más de 17 mil a más de 29 mil millones de pesos, es una combinación de improvisación, omisiones y soberbia.
Las empresas encargadas de la administración y de la supervisión de los trabajos, terminaron envueltos en la misma dinámica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en el ámbito federal) y del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (en el ámbito local).
Aunque existían una serie de trámites y requisitos que había que salvar previo a la construcción, la mayor parte de estos fueron ignorados en tiempo y forma y algunos simplemente no se realizaron.
Para arrancar los trabajos debieron presentarse las licencias de construcción, disposición de escombro, permisos o en su defecto cambios de uso de suelo, programa de protección de edificios y monumentos históricos previa aprobación del Instituto nacional de Antropología e Historia (INAH), permisos ambientales, Manifestación de Impacto Ambiental y un largo etcétera.
Una simple revisión a los documentos tramitados ante la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) define que son 43 condicionantes impuestas a los constructores de la Línea 3 para autorizar las obras.
Un ejemplo de los muchos incumplimientos es el Programa de Restauración del predio El Hoyanco, donde fueron depositados cientos de toneladas de escombro y residuos que dejaban los trabajos y que supuestamente sería objeto de recuperación.
Ahí se plantarían decenas de árboles y se realizaría un parque temático con espacios deportivos, culturales, ecológicos y recreativos. Pero en su lugar sólo hay un hoyanco relleno de escombro y aplastado. De las áreas infantiles, pista para correr, asadores y los árboles, no existe nada.
El 21 de julio de 2016, un grupo de ciudadanos acudieron a la entonces Fiscalía Central para interponer una denuncia penal contra Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, director del Tren Eléctrico urbano; Arturo Malandrano C., Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH; Pablo Suárez Coello, director general de Transporte Ferroviario Multimodal de la SCT; José Adolfo Bascuñana, representante de Consorcio Túnel Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.; Joao Dos Santos Dinis Parreira, apoderado de Empresa Consorcio Gdl Viaducto, S.A.P.I. de C.V.; así como a las empresas Hol México, Mota Engil, Grupo Promotor y Constructora Tláloc.
En concreto, los quejosos denunciaron que los trabajos de la Línea 3 iniciaron sin permisos de construcción, sin cumplir con normas ambientales, ni permisos del INAH, por lo que la conducta de los denunciados constituían delitos en perjuicio de los habitantes de la zona metropolitana.
Ante esto, pidieron que se realizaran peritajes por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y que una vez reunidas las evidencias que confirmen la existencia de hechos delictuosos, se sirvan ejercitar la acción penal de su competencia contra los responsables.
La denuncia no prosperó, aunque por las dudas al menos el director de Siteur Rodolfo Guadalajara tramitó un amparo.
Otra muestra de la improvisación fue el escándalo de los neoprenos, los sistemas de amortiguamiento colocados en los pasos elevados de la Línea 3 mismos que resultaron defectuosos y que tendrán que ser sustituidos. Una vez más la supervisión de la obra falló y fue hasta la misma SCT la que habría dado el visto bueno a los neoprenos mediante su Departamento de Pruebas Estructurales.
Un ejemplo más son los errores cometidos en la construcción de los viaductos, según queda confirmado en reportes de la misma empresa constructora.
Y otro caso de las omisiones y deficiente trabajo de la empresa supervisora tiene que ver con las inundaciones que padecen vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas.
¿Quiénes son los responsables de estas inundaciones y por qué graves omisiones ocurrieron?
