La movilidad urbana en la Zona Metropolitana de Guadalajara vive una transformación acelerada. A las tradicionales bicicletas y motocicletas se han sumado scooters eléctricos, patines motorizados, monociclos y otros vehículos ligeros que circulan diariamente por calles, ciclovías y banquetas. Sin embargo, este crecimiento ha ocurrido más rápido que la legislación, generando un escenario de incertidumbre jurídica, conflictos viales y riesgos para peatones y conductores.
El fenómeno es visible en prácticamente cualquier punto de la metrópoli. Mientras las motocicletas se han convertido en una alternativa económica ante el congestionamiento vial y las deficiencias del transporte público, los vehículos de micromovilidad eléctrica han ganado terreno entre jóvenes, repartidores y trabajadores que buscan traslados rápidos para recorridos cortos. El problema es que muchos de estos vehículos operan en una zona gris de la regulación.
Las cifras muestran la magnitud del cambio. Datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco indican que entre 2022 y 2023 se incorporaron más de 104 mil motocicletas al parque vehicular estatal, equivalente a 286 nuevas unidades por día. Para 2024 el estado ya registraba más de 838 mil motocicletas y durante 2025 la cifra se acercó al millón de unidades, convirtiéndose en el segmento vehicular de mayor crecimiento en Jalisco.
En contraste, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco fue diseñada principalmente para peatones, automóviles, motocicletas, transporte público y bicicletas. Aunque reconoce la movilidad no motorizada y la jerarquía de la movilidad, no establece con precisión espacios de circulación, requisitos técnicos ni obligaciones específicas para scooters eléctricos, monociclos y otros dispositivos de movilidad personal que han proliferado en los últimos años.
La consecuencia es evidente en las calles. Usuarios de scooters eléctricos circulan frecuentemente por banquetas para evitar el riesgo de compartir carriles con automóviles y motocicletas. Otros utilizan ciclovías o se desplazan entre vehículos en avenidas de alta velocidad. La falta de criterios uniformes provoca conflictos constantes con peatones, ciclistas y automovilistas, además de dificultar la aplicación de sanciones por parte de las autoridades municipales.
La inseguridad vial también se ha incrementado. Durante el primer semestre de 2024 se registraron 540 accidentes viales con personas lesionadas o fallecidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los motociclistas concentraron la mayor parte de las víctimas, con 339 casos reportados, una señal de alerta sobre los riesgos que implica la convivencia de distintos modos de transporte en espacios urbanos cada vez más saturados.
La experiencia cotidiana refleja esta problemática. Usuarios de movilidad alternativa señalan que en numerosas zonas metropolitanas las banquetas son insuficientes, las ciclovías son discontinuas y no existe infraestructura específica para scooters o vehículos eléctricos ligeros. Esto obliga a elegir entre circular junto a peatones o compartir carriles con automóviles que viajan a velocidades considerablemente mayores.
Mientras Guadalajara debate cómo ordenar este fenómeno, la Ciudad de México ha avanzado en la construcción de un marco regulatorio específico. El Congreso capitalino aprobó reformas a su Ley de Movilidad para crear categorías especiales destinadas a scooters eléctricos, bicicletas eléctricas y otros vehículos de movilidad personal. La regulación contempla definiciones técnicas, restricciones de circulación y obligaciones para los usuarios.
Las reformas capitalinas incluso establecen que determinados vehículos eléctricos deberán contar con placas, licencias y registro oficial cuando superen ciertos límites de potencia y velocidad. Asimismo, se prohíbe su circulación por banquetas, ciclovías y vías de acceso controlado, buscando reducir accidentes y brindar certeza jurídica tanto a usuarios como a autoridades.
En Guadalajara, el desafío apenas comienza. La expansión de la micromovilidad parece irreversible y responde a necesidades reales de transporte. Sin embargo, especialistas advierten que, sin una regulación clara, infraestructura adecuada y mecanismos efectivos de vigilancia, los scooters, bicicletas eléctricas, monociclos y motocicletas continuarán compartiendo espacios de manera improvisada. La discusión ya no es si estos vehículos deben formar parte de la movilidad urbana, sino cómo integrarlos de forma segura en una ciudad que aún no termina de adaptarse a la nueva realidad de sus calles.