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Nicolás Maduro finalmente frente a una corte extranjera. La escena, por sí sola, rompe décadas de impunidad envuelta en discursos incendiarios, arengas ideológicas y una narrativa cuidadosamente construida para justificar lo injustificable. Ver al hombre que durante años se asumió intocable comparecer ante un tribunal, no es solo un hecho judicial: es un golpe simbólico que desnuda la fragilidad de los regímenes sostenidos por el miedo, la propaganda y la simulación.
Pero conviene no caer en el entusiasmo fácil. La comparecencia de Maduro no es, ni de lejos, el cierre de una historia. Es apenas un capítulo, y uno que además exhibe con crudeza la complejidad de llevar a cuentas a quienes han hecho del poder un escudo personal.
El fondo del asunto es mucho más profundo que una audiencia o un expediente. Lo que está en juego es la posibilidad real de que un jefe de Estado —o quien se ha comportado como tal— enfrente las consecuencias de decisiones que han devastado a todo un país. Porque Venezuela no es solo una crisis política: es una tragedia humanitaria que se arrastra desde hace años, con millones de personas desplazadas, una economía colapsada y una institucionalidad hecha pedazos.
Maduro llega a la corte con el discurso conocido: víctima de persecución, blanco de una conspiración internacional, defensor de la soberanía frente al “imperialismo”. Nada nuevo. Es el libreto de siempre, repetido hasta el cansancio, diseñado para consumo interno y para sostener la lealtad de quienes aún dependen del aparato estatal. Pero fuera de esa burbuja, el relato se desmorona.
Porque lo que se ventila en tribunales no son consignas, sino hechos. Y los hechos, por incómodos que resulten, suelen ser menos maleables que la propaganda. Las acusaciones —más allá de su desenlace legal— colocan sobre la mesa temas que el régimen ha intentado evadir: presuntos vínculos con redes ilícitas, uso del poder para fines personales y la consolidación de una estructura que ha operado al margen de cualquier control democrático.
El problema, sin embargo, no es solo Maduro. Sería ingenuo pensar que todo se reduce a una sola figura. El sistema que lo sostiene es amplio, complejo y profundamente arraigado. Hay complicidades internas, intereses económicos, redes de protección y silencios convenientes que han permitido que la maquinaria funcione durante tanto tiempo. La comparecencia en la corte pone el reflector sobre un hombre, pero detrás de él hay toda una estructura que difícilmente desaparecerá con una sentencia.
Además, está el componente político internacional. La justicia, en estos casos, nunca opera en el vacío. Hay intereses, presiones y cálculos geopolíticos que influyen en cada paso. Estados Unidos, por ejemplo, no es un actor neutral en esta historia. Sus decisiones responden también a agendas propias, a estrategias regionales y a la necesidad de enviar mensajes claros en un tablero donde Venezuela ha sido pieza clave.
Eso no invalida el proceso, pero sí obliga a mirarlo con cautela. Porque cuando la justicia se entrelaza con la política, el riesgo de que se distorsione siempre está presente. Y en ese terreno, la línea entre la rendición de cuentas y el uso político de los tribunales puede volverse peligrosamente difusa.
Aun así, hay algo que no se puede ignorar: la imagen de Maduro en una corte rompe el mito de la invulnerabilidad. Durante años, el chavismo —y luego el madurismo— construyó una narrativa de resistencia absoluta, de poder inquebrantable. Esa imagen hoy tiene grietas. Y las grietas, en política, suelen ser el inicio de cambios más profundos.
La pregunta es si esas grietas serán suficientes. Porque la historia está llena de ejemplos donde procesos judiciales contra líderes no derivaron en transformaciones reales. Sin voluntad interna, sin presión sostenida y sin una alternativa política sólida, los cambios pueden quedarse en lo simbólico.
También está el factor del tiempo. Los procesos judiciales internacionales son largos, complejos y, muchas veces, inciertos. La expectativa de una resolución rápida es poco realista. Mientras tanto, Venezuela sigue enfrentando los mismos problemas estructurales que han marcado su deterioro.
Y ahí es donde la discusión debe ampliarse. No se trata solo de juzgar a Maduro, sino de entender qué viene después. ¿Quién reconstruye? ¿Cómo se restablecen las instituciones? ¿De qué manera se recupera la confianza en un país donde el Estado ha sido, durante años, instrumento de control más que de servicio?
La comparecencia en la corte es un momento importante, sí, pero no es la solución. Es apenas una señal de que, incluso en contextos donde la impunidad parece absoluta, existen mecanismos que pueden activarse. Limitados, imperfectos, pero existentes.
Lo verdaderamente relevante será lo que ocurra después. Si este episodio se traduce en una presión real para cambios internos, si fortalece a quienes dentro de Venezuela buscan una salida democrática, o si, por el contrario, termina siendo utilizado por el propio régimen para reforzar su narrativa de victimización.
Maduro, como otros líderes antes que él, apuesta a lo segundo. A convertir el juicio en tribuna, la acusación en bandera y la crítica en combustible político. No sería la primera vez que lo logra. Pero cada vez le resulta más difícil sostener ese equilibrio.
Porque la realidad, tarde o temprano, alcanza a todos. Y hoy esa realidad tiene forma de expediente, de audiencia y de un banquillo que, aunque lejano, representa algo que durante años pareció imposible: la posibilidad de rendir cuentas.
No es justicia aún. Pero tampoco es irrelevante. Es, en todo caso, el principio de una historia que apenas comienza. Y que, para bien o para mal, marcará el futuro de Venezuela y de toda una región que ha observado, demasiadas veces en silencio, el avance de una crisis que ya no admite excusas ni simulaciones.
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@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.