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Hay un punto clave en toda democracia: cuando la violencia deja de ser una excepción y empieza a verse como algo “normal”. No ocurre de golpe. No llegan los tanques ni se suspenden elecciones. Suele colarse poco a poco, disfrazada de discursos sobre orden, seguridad o patriotismo. Empieza cuando el abuso se justifica, cuando la brutalidad se explica, cuando la víctima pasa a ser sospechosa y el agresor termina convertido en héroe. Estados Unidos, hoy, parece haber cruzado esa línea.
No hablamos de hechos aislados ni de simples “errores”. Lo que está ocurriendo es algo más hondo y más inquietante: la normalización del terror de Estado como herramienta política. El miedo ya no es un efecto secundario, es el objetivo. El mensaje es claro y brutal: el poder puede alcanzarte cuando quiera, sin explicaciones y sin consecuencias.
El asesinato de Alex Pretti marca un antes y un después. No porque sea un caso extraordinario, sino porque es dolorosamente claro. Un hombre sometido, desarmado, acribillado por la espalda. No había peligro inmediato. No hubo resistencia real. Hubo una ejecución. Y lo más grave vino después: impunidad abierta, criminalización de la víctima y funcionarios que, sin pudor, llamaron “patriotas” a quienes dispararon.
Cuando un Estado no sólo tolera la violencia ilegal de sus agentes, sino que además la celebra, deja de proteger derechos y se convierte en un aparato de intimidación. La barbarie ya no se esconde: se presume.
Ese mismo patrón aparece, con variaciones igual de alarmantes, en otros casos que han sacudido a la opinión pública. El de Liam Conejo Ramos, un niño detenido de forma arbitraria y violenta, es imposible de maquillar. Un menor aterrorizado, separado de su familia, tratado como una amenaza. Las imágenes hablan solas. Son la postal de un poder que ha perdido todo sentido del límite. El mensaje es atroz: nadie es demasiado pequeño para ser usado como escarmiento.
La historia de Aliya Rahman completa el cuadro. Mujer, ciudadana, con discapacidad. Sacada a la fuerza de su vehículo, golpeada y humillada por agentes federales cuando iba a una cita médica. Su condición fue ignorada. Su dignidad, pisoteada. Su humanidad, negada. Y, como tantas veces, quedan las preguntas en el aire: ¿dónde está?, ¿quién responde?, ¿quién rinde cuentas? El silencio oficial dice más de lo que parece.
No sorprende que Minnesota se haya vuelto epicentro de una indignación que ya no puede llamarse marginal. Alcaldes que llaman a defender a su gente. Gobernadores que activan a la Guardia Nacional no para reprimir protestas, sino para proteger a la población de las propias fuerzas federales. Hace unos años era impensable. Hoy es rutina. Y no es un caso aislado: el miedo se extiende, estado por estado, comunidad por comunidad.
Frente a esto, la reacción del poder federal ha sido tan predecible como inquietante: negación, cinismo y hasta burla. El vicepresidente Vance, el secretario del rebautizado —y nada inocente— “Departamento de Guerra”, y la responsable de seguridad repiten el mismo estribillo: “lo hacemos para protegerlos, my fellow Americans”. ¿Protegerlos de quién? ¿De niños? ¿De mujeres con discapacidad? ¿De ciudadanos indefensos?
No hace falta ser psiquiatra para notar el deterioro del liderazgo. Basta mirar la conducta: pérdida de inhibiciones, estallidos de ira, desprecio abierto por la empatía y una incapacidad creciente para aceptar límites. Cada vez más, cualquier disenso se responde con violencia, sea verbal, política u operativa. Ya no se debate si es una estrategia; se discute hasta qué punto el descontrol personal del presidente se ha vuelto un riesgo real para su país y para el mundo.
Incluso aceptando la versión más indulgente —que todo se reduce a un narcisismo desbordado— la pregunta sigue siendo demoledora: ¿cómo puede una democracia permitir que alguien así concentre poder armado, agencias federales y capacidad de daño masivo sin contrapesos efectivos?
Mientras tanto, la maquinaria de distracción no se detiene. Groenlandia tapa al ICE. El ICE tapa los asesinatos. Los aranceles tapan el caos interno. Y más abajo quedan otras complicidades: la tolerancia a crímenes de lesa humanidad cuando conviene políticamente; la retórica estridente frente a algunos países, combinada con una pasividad que no evita la represión ni el sufrimiento. El patrón es evidente: se actúa sólo cuando hay ganancia. Todo lo demás es desechable, incluso la vida.
Habrá quien diga que exageramos. Es el argumento de siempre, el que suele escucharse justo antes del abismo. Los regímenes no se vuelven salvajes de un día para otro. Lo hacen cuando prueban la violencia y descubren que nadie los frena. Cuando comprueban que pueden ir un paso más allá sin pagar ningún precio.
Hoy la pregunta ya no es qué le pasa al presidente. La pregunta es qué pasa con quienes lo rodean y lo permiten. Con los líderes republicanos que callan por cálculo. Con los demócratas que reaccionan tarde y con timidez. Con los jueces que miran hacia otro lado. Con los mandos civiles y militares que obedecen sin límites. Con los líderes internacionales que prefieren no incomodar.
Porque cuando un gobierno llama patriotas a los asesinos, convierte a niños en enemigos y arrastra a mujeres indefensas en nombre de la seguridad, ya no gobierna: aterroriza.
Y la historia —que nunca falla— no absuelve a quienes, viéndolo venir, decidieron no hacer nada.
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@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.