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Venezuela está viviendo una de esas encrucijadas históricas que desafían nuestra imaginación política: la detención del presidente Nicolás Maduro, su traslado bajo custodia estadounidense a Nueva York para enfrentar cargos federales, la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina y la proclamada liberación de presos políticos. Sobre el papel, el proceso podría leerse como una transición radical; en los hechos, pareciera que nada cambia para la inmensa mayoría de los venezolanos. A primera vista hay movimiento, anuncios, declaraciones y voceros —pero a la hora de traducirlo en certezas para la gente de a pie, el resultado es desalentador, ambiguo y profundamente contradictorio.
Primero la excepcionalidad: la captura de Maduro. Pocas veces en la historia reciente un jefe de Estado ha sido detenido por fuerzas extranjeras para ser llevado a juicio en un tribunal de otro país. Este hecho, sin duda, redefine los paradigmas de soberanía y justicia internacional. Mientras en Estados Unidos se presentan cargos de narcoterrorismo, conspiración y tráfico internacional de drogas, en Caracas las calles y balcones de la oposición se llenan de discursos sobre esperanza y justicia largamente postergada.
Sin embargo, la euforia inicial por la salida forzada de Maduro se encuentra ahora con una realidad políticamente cruda. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano —bajo el mismo marco institucional que antes respaldaba al régimen chavista— nombró a Delcy Rodríguez presidenta encargada para “garantizar la continuidad del Estado” ante lo que calificó como una “ausencia forzosa” de Maduro. Una movida prevista constitucionalmente, quizás, pero en la práctica una transferencia de poder que deja intacta una estructura de poder que sigue siendo la misma que estuvo en el poder durante décadas.
Por otro lado, la administración del presidente Donald Trump ha jugado un papel decisivo y controversial. Trump ha elogiado la conducción de Delcy Rodríguez, ha vinculado la liberación de presos políticos a presiones estadounidenses y ha puesto sobre la mesa su visión de una Venezuela “bajo control temporal” hasta que se concrete una transición pacífica hacia elecciones libres. Para muchos analistas, la captura de Maduro es tan solo el primer acto de una dramatización política que no resuelve las raíces del conflicto venezolano. Por el contrario, puede agravar la percepción de injerencia externa y agrandar la brecha entre quienes ven en Estados Unidos un salvador y los que lo perciben como un nuevo atropello imperialista.
Sobre la designación de Delcy Rodríguez, conviene recordar que su trayectoria está profundamente ligada al aparato del chavismo. Fue vice¬presidenta ejecutiva y una de las figuras políticas más controvertidas del régimen. Su ascenso, redundante para quienes esperaban una ruptura total con el pasado, ha sido recibido con reservas incluso dentro de sectores opositores, que consideran que su papel político es más bien una continuación de la vieja guardia con nuevos ropajes.
El tema de la liberación de presos políticos —uno de los puntos más sensibles y humanitarios del conflicto— refleja con claridad esa dicotomía entre la letra y el espíritu del cambio. El gobierno interino de Rodríguez anunció la liberación de hasta 116 presos políticos, cifras que el propio Foro Penal y otras organizaciones no gubernamentales cuestionan, señalando que apenas una fracción de esas excarcelaciones se ha concretado. Y aunque algunos ciudadanos extranjeros han sido liberados —como varios italianos y españoles, gracias también a la diplomacia internacional—, cientos, incluso miles, de venezolanos siguen encarcelados bajo acusaciones políticas.
Aquí está el corazón de la incertidumbre de millones de venezolanos: no basta con anunciar gestos si la realidad cotidiana sigue manchada de arbitrariedad, injusticia y miedo. Familias que esperan noticias de sus seres queridos, activistas que fueron detenidos por simples expresiones de opinión y una oposición que, aunque reconocida internacionalmente, sigue fragmentada y vulnerable, son la prueba más palpable de que muchos cambios todavía no se sienten en las calles de Caracas, Maracaibo o Barinas.
Mientras tanto, la política exterior y diplomática se convierte en otro campo de tensiones. Gobiernos como el de España han pedido la liberación inmediata de presos políticos españoles en Venezuela, mientras otros actores internacionales insisten en la necesidad de una transición democrática inclusiva. Pero esa presión externa tiene el riesgo de convertirse en un discurso lejano, desligado de las realidades internas del país, si no se traduce en acciones inmediatas y verificables sobre el terreno.
Y en medio de este mosaico complejo, no podemos ignorar la voz de aquellos venezolanos que, exhaustos por décadas de crisis económica, migración masiva, inflación desbordada y fracturas sociales, ven con escepticismo las promesas de cambio. Para ellos, la política no es un juego de ajedrez entre élites y gobiernos externos, sino una cuestión de supervivencia. Cada día sin trabajo digno, servicios básicos funcionando o la posibilidad de reencontrarse con un familiar lejos por la diáspora, es un día más de desilusión. La pregunta que muchos se hacen —y que no ha encontrado una respuesta satisfactoria ni con Maduro en el poder ni con su detención— es si este cambio de circunstancias es real o solo un espejismo más en una larga historia de frustraciones.
Puede decirse, con honestidad, que la Venezuela actual está en una suerte de limbo político donde no hay retorno al autoritarismo pleno ni tampoco un avance claro hacia una democracia plena y estable. La figura de Delcy Rodríguez, aunque respaldada por organismos judiciales y militares, sigue siendo percibida por muchos como una extensión de lo viejo. La presión internacional, aunque significativa, afronta el reto de ser creíble sin convertirse en imposición. Y la liberación de presos, aunque simbólicamente importante, representa apenas una gota en un océano de sufrimiento humano que todavía no encuentra un cauce de justicia profunda.
En conclusión, la lección que deja la Venezuela de hoy es una crítica a las soluciones simples. Detener a un presidente, nombrar uno interino, liberar a decenas de presos o lanzar proclamas desde oficinas gubernamentales no reemplaza un proceso de reconciliación nacional, justicia, reformas institucionales ni un diálogo político inclusivo que dé esperanza y dignidad a millones de venezolanos. La verdadera transformación no puede ser una sucesión de apariencias y gestos mediáticos ante la comunidad internacional; debe ser un proceso genuino de reconstrucción interna, donde cada ciudadano sienta que su voz importa, que su libertad es respetada y que su futuro es suyo para decidirlo.
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@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.