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Con 25 años de edad, el abogado Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, miembro del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), pasó en 2015 una fría navidad y un angustiante fin de año recluido en un penal de Colima acusado de los delitos de despojo, robo calificado y privación ilegal de la libertad en agravio de directivos de la compañía Peña Colorada.
Olvidado por las autoridades estatales de Jalisco que negociaron solo la libertad de 33 indígenas nahuas detenidos también el 22 de julio del año pasado, Mosqueda Sánchez acaba de cumplir seis meses en prisión dentro de un proceso plagado de inconsistencias y absurdos.
Según el expediente 142/23015-S3, las 34 personas habrían llegado el citado día a las instalaciones de la compañía en las tierras que reclama el ejido Ayotitlán, para exigir pagos de adeudos pendientes de convenios por ocupación de dichas tierras.
Sin embargo, los empresarios requirieron la intervención de la policía de Colima –-pese a estar en Jalisco–, quienes detuvieron a los 33 indígenas y al abogado, a quienes en principio los habían acusado hasta de secuestro.
Tras la mediación del gobierno estatal jalisciense, fue alcanzado un extraño acuerdo mediante el cual se otorga “el perdón” pero sólo a los 33 nahuas y queda preso el litigante porque de acuerdo con el juez que lleva la causa, Abel Jaime Ramírez Ayala, Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez es considerado “autor intelectual” de los delitos de despojo, privación ilegal de la libertad y robo calificado.
Dentro de la defensa se tramitó el amparo 1202/2015 en favor de los 33 indígenas cuyo grupo está dividido. Un total de veinte aceptaron establecer acuerdos con la compañía minera para obtener “el perdón” o desistimiento, pero trece no aceptaron y estaría a punto de resolverse su situación legal.
El citado amparo causó estado y el juez debe otorgar un nuevo auto de formal prisión contra trece de los indígenas o declarar la libertad absoluta.
En el caso del abogado Mosqueda Sánchez, fue tramitado el amparo 1173/2015 cuya sentencia suscrita por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en funciones de juez, Nancy Adriana Salazar López, concluye:
“Con el material probatorio reseñado por el juez responsable no se acredita la probable responsabilidad de Eduardo Arturo Mosqueda en el caso de los delitos de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo”.
En su resolución, el juzgado federal expuso: “Se advierte que para arribar a esa determinación, (el juez Ramírez Ayala) seleccionó discrecionalmente aquellas pruebas o segmentos de éstas que perjudican al indiciado, lo que trajo como consecuencia que evidenció un verdad inclinada del contexto real de los hechos, con el único propósito de justificar su conclusión, lo que desde luego violenta en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales tutelados a través de las garantías individuales”.
Nancy Adriana Salazar añade que las pruebas reseñadas no son suficientes para establecer de manera probable que el día de los hechos Mosqueda Sánchez actuó en calidad de autor intelectual en las conductas de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo que se le atribuyen.
Fuentes consultadas revelan que el caso podría resolverse en tres meses más y debido a la falta de pruebas, es casi un hecho que Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez obtenga su libertad.
Sin embargo, los nueve meses que acumulará el joven abogado de 25 años y que ha sido motivo de denuncias por la violación de sus derechos humanos, quedarán como un ejemplo de una justicia selectiva y un tufo de revancha hacia una agrupación que ha puesta en jaque al gobierno estatal y federal en varios de sus proyectos.
