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Un estrujante editorial del Diario de Ciudad Juárez dirigido al crimen organizado donde pregunta: “¿qué quieren que hagamos?”, encendió la mecha en el país por un debate estéril sobre el papel de los medios. Pocos se dieron cuenta que la tregua entre prensa y el narco, ya tiene tiempo…
El dos de abril de 2005, Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial desapareció.
Había concertado una entrevista con unas fuentes que iban a darle buena información pero ya no se supo nada de él. Su familia por años ha esperado el milagro de ver abrirse la puerta y encontrar a su hijo de regreso, aunque en silencio también aguardan lo peor: solamente el cuerpo para darle sepultura…
El caso de Alfredo Jiménez que motivó un reconocimiento especial entregado a la familia por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), llevó a editores de la frontera norte reunidos en Hermosillo a tomar una decisión contundente: no realizar investigaciones relacionadas con el narcotráfico y en todo caso sólo publicar comunicados oficiales de la autoridad en la materia.
Fue el inicio de una tregua a la se fueron sumando periódicos y medios electrónicos de todo el norte del país, al grado que en Tamaulipas prácticamente se ha dejado de publicar balaceras, secuestros y enfrentamientos entre bandas que se disputan la plaza.
Un recuento difundido en las redes sociales Facebook y Twitter, permitió conocer que había un enfrentamiento armado por ejemplo en Reynosa ya que ningún medio publicó sobre el tema.
La autocensura por temor a represalias de los grupos criminales, fue la respuesta de la prensa ante el clima de violencia que campea en algunas partes del país.
El norte peligroso
Una investigación del Centro de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), acredita las condiciones peligrosas para ejercer el periodismo en la frontera y otras entidades.
Elaborado por Mike O’Connor, ex corresponsal en el país para CBS y el New York Times y ahora representante en México del CPJ, pudo recoger testimonios de periodistas que describen la difícil situación del gremio:
“El año pasado, los dos grandes cárteles de las drogas, que se disputan el control de Ciudad Juárez, transmitieron por las frecuencias de radio de la policía que matarían a cualquier periodista que llegara al lugar de una ejecución mientras aún permanecieran allí miembros de las bandas criminales.
Para la prensa, Ciudad Juárez está entre las localidades más peligrosas de uno de los países más violentos del mundo. Investigaciones del CPJ señalan que desde el año 2000, 28 periodistas han muerto asesinados, al menos 10 de ellos en represalia directa por su trabajo periodístico. Otros siete están desaparecidos. En noviembre de 2008, Armando Rodríguez, veterano reportero de policía, fue asesinado a balazos frente a su casa en Ciudad Juárez.
Dentro de esta cultura de impunidad, los periodistas de Ciudad Juárez indican que no hay razón alguna por la cual uno de ellos no sea el próximo en aparecer en de una lista de personas a eliminar por uno de los cárteles. La violencia y la intimidación han causado un daño perdurable en los medios de comunicación de esta ciudad y lo mismo que en otras partes de México. Aún y cuando el índice de asesinatos sube y baja, la autocensura, el sesgo en la cobertura y la manipulación de las noticias son el pan de todos los días. El gobierno federal se ha jactado sobre sus recientes avances en la seguridad en Ciudad Juárez, pero su responsabilidad no debe limitase a ofrecer seguridad; también debe garantizar los derechos humanos básicos, incluyendo la libertad de prensa.
La autocensura se impone
La víctima de ese día fue Oscar Urías. Yacía en la banqueta debajo de una cobija granate, al lado de una Ford pick-up negra, con el vidrio de la puerta del conductor hecho añicos a disparos. Comenzaban a llegar policías ministeriales de la ciudad, así como policías federales de uniforme azul, chalecos antibalas y rifles de asalto y soldados de uniforme verde y casco.
Prueba de que los periodistas aún consideran muy peligrosa la cobertura de muchas noticias se hizo evidente en la escena del crimen. Tomando en cuenta la importancia de la víctima, debió haber sido una nota de relevancia. Pero solo hubo siete periodistas presentes, en una ciudad con una población de aproximadamente millón y medio de habitantes, que tiene numerosos medios de comunicación.
Uno de los periódicos más importantes es Norte de Ciudad Juárez, que tiene una estricta política de no publicar nada que remotamente tenga que ver con los dos poderosos cárteles. La breve nota de Norte sobre el asesinato apareció en la página seis, originaba de la escasa información contenida en un breve parte policíaco: el nombre de la víctima, la cantidad de heridas, el calibre del arma y el hecho de haber encontrado 10 casquillos de bala. La nota ni siquiera mencionaba que la víctima era primo del dueño del periódico.
“Hemos aprendido la lección: para sobrevivir, publicamos lo menos posible”, apunta Alfredo Quijano, jefe de redacción de Norte, con relación a las prácticas de autocensura adoptadas tras el asesinato de Rodríguez en 2008. “No investigamos nada. Más aún, la mayor parte de lo que sabemos se queda en la libreta del reportero”. Todo esto ocurre en momentos en los que el dinero del narcotráfico fluye con facilidad en las campañas políticas, cuando se compran influencias en la policía o se los amenaza para no investigar y mientras los cárteles expanden sus operaciones al secuestro y la extorsión, señala Quijano.
La plantilla de El Diario también conoce sus límites. Cinco días antes del citado homicidio, el periódico había recibido un recordatorio de lo poco tolerantes que pueden ser los cárteles. El equipo editorial del periódico en Hidalgo del Parral, cuidad del sur de Chihuahua, se topó con un reportaje sobre lavado de dinero y El Diario pensó que la nota podría ser demasiado audaz. Viéndolo en perspectiva, los editores opinan que cometieron tres errores.
El primer reportaje identificaba al grupo criminal que presuntamente estaba involucrado en el ilícito. Mencionaba al Cártel de Sinaloa, que está en guerra con la banda de Juárez por el control del tráfico de drogas en la ciudad y la exportación de drogas a los Estados Unidos. Publicó el nombre del líder del grupo criminal en el área. En un segundo reportaje, el periódico mencionó a los bancos supuestamente involucrados en el lavado de dinero, uno en El Paso, cruzando la frontera en Texas y el otro en Los Ángeles. Fue entonces que recibieron la amenaza telefónica. Tenían un tercer reportaje listo para publicar, pero nunca lo imprimieron. En su lugar, cerraron las oficinas en Hidalgo del Parral y el personal se ocultó.
“Fuimos muy precavidos. Publicábamos solo una pequeña parte de lo que sabíamos”, señala Pedro Torres, subdirector editorial. “Intentábamos hacer una pequeña investigación y de inmediato se nos fueron encima”.
Armando Rodríguez, el reportero asesinado en noviembre de 2008, había recibido meses antes una amenaza de muerte por teléfono. Según periodistas de Ciudad Juárez, Rodríguez se había quejado con la Procuradora General de Justicia del Estado, Patricia González Rodríguez, encargada de las investigaciones por delitos estatales. La funcionaria le dijo que no podía brindarle protección. (La Procuradora General de Justicia estatal niega dicha conversación). Sus colegas señalan que Rodríguez revisó todos sus reportajes recientes y que no pudo encontrar nada que pudiera estar relacionado con la amenaza.
Tras el asesinato de Rodríguez, los medios de comunicación implementaron políticas para limitar los riesgos. La mayoría ya no publica las notas de policía firmadas. En un intento por aplacar la violencia de los cárteles, algunos le bajan el tono a su lenguaje, empleando términos como “sujetos armados” en lugar de “sicarios”, por ejemplo. Otros no identifican al cártel responsable de un asesinato, a menos que funcionarios gubernamentales señalen públicamente el nombre de la pandilla. En Norte, editan solamente datos escuetos. Muchos periodistas de la ciudad señalan que una televisora local trasladó sus operaciones a El Paso durante un tiempo, después de que sus empleados recibieran amenazas de muerte.
Los cárteles no solo restringen a la prensa de Ciudad Juárez; sino que también la manipulan. Edgar Román, director de noticias de Canal 44, señala que los grupos del crimen organizado sincronizan los asesinatos para que tengan cobertura en vivo en los noticiarios nocturnos. “Cometen asesinatos para que salgan en mi noticiero. Ya sea 10 minutos antes o mientras estamos al aire”, dijo. Los periodistas afirman que los cárteles buscan infundir miedo en la población de Ciudad Juárez, para que puedan ver las imágenes de sus enemigos asesinados en vivo por televisión. Un cártel quiere verse más siniestro que el otro, de modo que buscan que sus amenazas salgan al aire.
Román recuerda una noche del invierno pasado, cuando uno de los cárteles dejó un mensaje escrito en una manta afuera de su estación televisiva. El noticiero cubrió el hecho en vivo, pero no leyó el letrero al aire. De inmediato, la estación recibió una llamada amenazante exigiendo la lectura del mensaje. Temerosos de que algo ocurriera, los conductores parafrasearon el recado.
En Morelia, capital del estado de Michoacán, el dueño de una organización editorial con cobertura en todo el estado afirma que para estar a salvo de las represalias de los cárteles utilizan la misma estrategia de publicar solo notas escuetas, como lo hacen la mayoría de los medios en Ciudad Juárez. Hace cuatro años, en Acapulco, un reportero murió asesinado en la calle. Según algunos de sus colegas, el asesino era un sicario de alguno de los cárteles. En abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno para que proporcionara guardaespaldas a una reportera amenazada por el poderoso Secretario de Seguridad Pública Federal. En mayo, ocho sujetos con pasamontañas secuestraron a un reportero del estado de Durango en su casa, frente a su familia. Al día siguiente encontraron su cadáver. En Torreón, lugar donde lo enterraron, aparecieron mantas de uno de los cárteles advirtiendo a los periodistas que tuvieran cuidado, según informes de prensa.
Dos reporteros han huido del estado de Chihuahua hacia los Estados Unidos en el último año. Uno de ellos, Emilio Gutiérrez, solicitó asilo político y está a la espera de una audiencia en un tribunal de justicia para ver si se lo conceden. Escribió artículos que, asegura, enfurecieron al ejército mexicano. Los militares habrían enviado soldados a amenazarlo de muerte. Huyó con su hijo adolescente y estuvo detenido siete meses, pero lo liberaron en enero a la espera de la audiencia.
El otro es Jorge Luis Aguirre. Tiene una página Web de noticias en Ciudad Juárez, que cubre notas de política y policía en forma crítica y a veces irónica. La noche del velorio de Armando Rodríguez, un sujeto que le llamó por celular le advirtió que él era el siguiente. Huyó de inmediato a El Paso, Texas, con su esposa y sus tres hijos y espera solicitar asilo político.
Aguirre sigue trabajando sobre su página Web desde El Paso. Recientemente, mientras viajaba en carro a una conferencia de prensa, en una carretera cercana a la frontera y vio a Ciudad Juárez apenas al otro lado de un estrecho río, enumeró de las dificultades de empezar una nueva vida a los 51 años. Sin embargo, con los ojos hacia México indicó: “No puedo regresar. Me matarían”.
