El sexenio de Enrique Alfaro, al frente del gobierno de Jalisco entre 2019 y 2024, quedó marcado por una de las crisis de desapariciones y violencia más graves en la historia del estado. En esos seis años se localizaron 158 fosas clandestinas, haciendo de Jalisco el epicentro nacional de hallazgos de inhumaciones ilegales.
Lo que debía ser un periodo de fortalecimiento institucional terminó convertido en una etapa de hallazgos cotidianos y una tragedia que aún no se dimensiona del todo.
Durante la administración de Alfaro, los servicios forenses exhumaron miles de restos humanos. Solo en 2020 se recuperaron 544 cuerpos, en 2022 fueron 301, en 2023 alrededor de 299, y en los primeros meses de 2024 se sumaron 44 más.
La frecuencia del fenómeno revela una constante: mientras avanzaba el sexenio, la capacidad criminal para desaparecer personas y ocultarlas se mantuvo intacta, frente a un Estado incapaz de contenerla.
Si se revisan las cifras del periodo, en Jalisco se descubrió una fosa clandestina cada 10 u 11 días, equivalente a dos por mes. Esto ocurrió de manera sostenida durante todo el sexenio de Alfaro, lo que demuestra que la desaparición y el ocultamiento de víctimas no fueron hechos aislados, sino una práctica sistemática, ejecutada con total impunidad por grupos criminales asentados en la región.
Las excavaciones se concentraron principalmente en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Tlajomulco encabezó la lista con 68 fosas, seguido por Zapopan con 28, Tlaquepaque con 17, El Salto con 12 y Guadalajara con al menos 7. La localización reiterada de fosas en zonas urbanas durante el gobierno de Alfaro puso en evidencia que la violencia operaba incluso en corredores metropolitanos donde el Estado debería tener mayor presencia.
La magnitud de las fosas, muchas de ellas de carácter masivo, reflejó la expansión del crimen organizado a lo largo del sexenio. Varias contenían decenas de cuerpos, evidencia de desapariciones colectivas y de una maquinaria criminal que actuó sin freno. La capacidad de respuesta del gobierno estatal fue insuficiente: las autoridades no lograron disminuir la incidencia ni frenar la generación de nuevos sitios de inhumación clandestina.
La crisis de fosas estuvo directamente vinculada con la explosión de desapariciones en esos años. Al cierre del sexenio de Alfaro, Jalisco acumulaba más de 15 mil personas desaparecidas, lo que significa que cada día desaparecían entre 6 y 8 personas en el estado. Las familias denunciaron repetidamente la falta de coordinación institucional, los retrasos forenses y un sistema de búsqueda rebasado.
Pese a la gravedad, la impunidad fue la constante. Del universo de restos recuperados, solo una parte fue identificada. A lo largo del sexenio, la Fiscalía del Estado anunció inversiones y mejoras en infraestructura forense; sin embargo, la capacidad nunca alcanzó para procesar el volumen de restos localizados. Los colectivos de búsqueda se convirtieron en protagonistas, supliendo las omisiones gubernamentales con trabajo propio en campo.
La violencia que detonó esta crisis se fortaleció durante los seis años de Alfaro, marcada por disputas entre grupos criminales que utilizaron la desaparición como forma de control territorial. El gobierno estatal insistió en narrativas de contención y operativos, pero el número de fosas demostraba lo contrario: la estrategia no funcionó y el crimen avanzó incluso en zonas densamente vigiladas.
Las repercusiones sociales fueron profundas.
En los municipios más golpeados, comunidades enteras vivieron bajo el temor, muchas familias dejaron de denunciar y otras emprendieron búsquedas por su cuenta. Las fosas no solo evidenciaron la violencia, sino también la ruptura del tejido social, la falta de confianza en las instituciones y un duelo colectivo que todavía no termina.
El sexenio de Enrique Alfaro terminó dejando un rastro de miles de víctimas, familias en incertidumbre y un rezago forense que tardará años en resolverse. Entre 2019 y 2024 las fosas clandestinas se volvieron parte de la vida pública de Jalisco, un recordatorio permanente de que la violencia no fue contenida y de que el Estado, pese a sus discursos, no logró garantizar verdad, justicia ni seguridad.