En los últimos años Jalisco experimentó un crecimiento explosivo de las motocicletas: de poco más de 475 mil unidades en 2018 el padrón estatal escaló hasta rondar un millón de motocicletas a mediados de 2025. Ese incremento masivo —acelerado especialmente desde 2020 por el crecimiento de plataformas de reparto y la inflación del costo del automóvil— transformó el paisaje urbano y puso a las dos ruedas en el centro del debate público sobre movilidad, seguridad y regulación.
La dinámica reciente muestra ritmos diarios de incorporación preocupantes. Entre enero de 2024 y mayo de 2025 al parque estatal se sumaron alrededor de 178 mil motocicletas, lo que equivale a un promedio cercano a 345 unidades nuevas por día en ese período; otros conteos del mismo lapso arrojan promedios más conservadores de 241 motos diarias, según el método de cálculo y el tramo analizado. En cualquiera de los casos, la magnitud es clara: cientos de motocicletas nuevas inundan las calles cada jornada.
Hoy en Jalisco circula prácticamente una motocicleta por cada 12 habitantes en el estado; en números absolutos, el padrón oficial superó ya las 977 mil unidades a principios de 2025 y se aproxima al millón. La Zona Metropolitana de Guadalajara concentra la mayor parte de ese aumento, con municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque entre los que registran más altas cifras de matriculación y siniestralidad asociada.
El contraste con otras ciudades y países de la región ayuda a dimensionar el fenómeno. Colombia matriculó más de 815 mil motocicletas en 2024 y registra una proporción muy alta de motos por habitante en varias de sus urbes; Brasil produce más de 1.6 millones de motocicletas al año y declara decenas de millones de usuarios; Venezuela también muestra un mercado en expansión por el ensamblaje local, aunque con datos más fragmentados. La “moturbanización” es, por tanto, un fenómeno latinoamericano del que Jalisco forma parte, aunque con una intensidad propia por su crecimiento reciente.
El incremento de motos estuvo acompañado de un alza en los siniestros viales que involucran a estos usuarios. En 2023 Jalisco registró 91 muertes de motociclistas y los registros en el área metropolitana indican que, entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024, murieron 131 motociclistas en la ZMG. En términos de heridos, en los nueve municipios del AMG se contabilizaron 1,340 motociclistas lesionados en el periodo 2022-2024 (562 en 2022; 639 en 2023; 139 en la primera mitad de 2024).
Los patrones de conducta que predominan entre los motociclistas explican buena parte de la siniestralidad: circular entre carriles, exceso de velocidad, no usar casco o portar cascos no certificados, transitar por aceras o vías peatonales, maniobras temerarias y transportar niños sin medidas de seguridad son prácticas extendidas. Estudios locales y observatorios viales reportan que un porcentaje importante de motociclistas no porta casco certificado y que muchos vehículos circulan sin placas o con documentos apócrifos.
La legislación estatal —la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco y sus reglamentos municipales— establece obligaciones claras: uso de casco certificado, prohibición de transportar niños en ciertos tipos de vialidad o en motos de baja cilindrada sin las condiciones adecuadas, límites de circulación y requisitos de identificación y matriculación. Las infracciones se sancionan con multas, retención o traslado de la unidad a corralón y la obligación de acreditar la documentación para recuperarla; sin embargo, la aplicación efectiva es desigual y la fiscalización insuficiente frente al ritmo de incorporación de unidades.
Un problema recurrente es la falta de responsabilidad de quienes venden las motocicletas. Tiendas y ensambladoras a menudo entregan unidades sin gestionar la expedición de placas ni el registro en el padrón, y existe un mercado de motos con placas apócrifas o sin número de serie claro. Entre diciembre de 2024 y abril de 2025 las autoridades emprendieron operativos que concluyeron con la baja o aseguramiento de alrededor de 5 mil motocicletas por irregularidades en documentación o alteración de serie, una cifra que ilustra la dimensión del comercio informal.
Las consecuencias socioeconómicas y de salud pública son evidentes: más hospitalizaciones por traumatismos, mayor presión sobre servicios de urgencia, pérdidas económicas para familias y empresas, y una sensación de inseguridad que se alimenta tanto por la siniestralidad como por delitos cometidos en moto (robos y asaltos en circulación). La combinación de motos sin registro, conductores sin licencia y ausencia de casco certificado crea un riesgo colectivo que trasciende al usuario individual.
Sin un plan integral que combine fiscalización rigurosa, programas de educación vial, requisitos más exigentes para la venta y entrega de unidades, campañas masivas de prevención y una oferta real de transporte público eficaz, Jalisco corre el riesgo de que la explosión de motocicletas profundice su crisis de seguridad vial y movilidad. La respuesta debería incluir responsabilidad legal para vendedores, registro obligatorio previo a la entrega, programas de reconversión para repartidores y medidas de infraestructura que protejan a los usuarios vulnerables; de lo contrario, las cifras y las tragedias en las carreteras y avenidas seguirán acumulándose.