El gobierno estatal no cumplirá con la sentencia emitida por un tribunal para que reponga la licitación ilegal que convocó en 2022 para defender un crédito fiscal por más de 515 millones de pesos.
De acuerdo con la respuesta enviada al Juzgado Cuarto en Materia Administrativa, mediante oficio OPDSSJ/DJ/CONT/2284/2025 en el juicio de amparo indirecto 945/2024, la autoridad estatal detalla la imposibilidad del cumplimiento.
En el oficio firmado por José Luis De Lara Huerta, coordinador jurídico del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, se promueve la figura legal de “Incidente Innominado para determinar la Imposibilidad Material o jurídica para dar Cumplimiento a la Sentencia Amparadora”, para evitar incurrir en una desobediencia que lleve a los funcionarios a ser destituidos del cargo y consignados.
Las razones que esgrime la autoridad, es que no puede cumplir con la sentencia porque el crédito fiscal que motivó la licitación ya fue anulado y no puede reponer un procedimiento de adquisición de un servicio de defensa que ya no es necesario.
Dentro del cuerpo de la contestación, el abogado relata que el 20 de octubre de 2023 se declaró la nulidad del crédito fiscal 500-30-00-04-02-2022-02062 que dio origen a la licitación LCC-041-2022. Incluso agrega que la Secretaría de Hacienda pidió la revisión de la sentencia de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa según expediente 8339/22-07-02-2-OT, pero la resolución fue ratificada.
Según el amparo otorgado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa a la empresa Núñez López Consultores, S.C., quien pidió la anulación de la licitación por distintas irregularidades, el OPD Servicios de Salud Jalisco debería dejar sin efecto el fallo del 30 de septiembre de 2022 que le otorgaba un contrato por 17 millones 953 mil pesos a Monty Servicios Contables, S.C. para que defendiera al gobierno estatal del crédito fiscal fincado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El área jurídica de Salud Jalisco, expone que el crédito fiscal fue desechado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el 20 de octubre de 2023 y tras la revisión a la sentencia, fue ratificada el 14 de marzo de 2025.
Por este motivo, las necesidades del servicio para el cual fue lanzada la licitación LCC-041-2022 han dejado de existir y resulta imposible jurídica y materialmente restituir el proceso de licitación.
Abunda que ya no existe la causa válida o necesidad operativa para realizar nuevamente el procedimiento de adquisición en los términos del amparo, por lo que considera que se actualiza la imposibilidad jurídica y material de la ejecutoria de amparo.
Con tal de demostrar que tiene la razón, el coordinador jurídico incluyó en la respuesta como prueba a su favor, la demanda 4132/2024 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que la empresa interpuso contra el OPD Servicios de Salud Jalisco, luego que la dependencia incumplió el contrato OPDSSJ-DJ-223-2022 en el pago del 50 por ciento de los honorarios por la defensa ante el SAT del adeudo.
La Cuarta Sala Unitaria condenó al organismo el pasado dos de abril, a pagar ocho millones 976 mil pesos en virtud de que el despacho argumentó que por sus oficios consiguió anular el multicitado crédito fijado por la Secretaría de Hacienda.
Irónicamente, la dependencia decidió recurrir a la demanda de Monty Servicios Contables, S.C. donde sostiene que consiguió una sentencia “firme” que anula el crédito fiscal 500-30-00-04-02-2022-02062 por más de 515 millones de pesos fincado por el SAT.
Sin embargo, Salud Jalisco tampoco cumplió la sentencia ordenada en su contra, no ha pagado a Monty Servicios Contables, S.C. los casi nueve millones de pesos del contrato porque decidió apelar el fallo y pese a ello utilizó el caso en su beneficio.
La abogada María Catalina Núñez Cué, representante legal de Núñez López Consultores, S.C., en respuesta al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el juicio de amparo 945/2024, desmiente que las necesidades del servicio para el cual fue lanzada la licitación LCC-041-2022 han dejado de existir, ya que la sentencia emitida el 20 de octubre de 2023 no anuló la deuda, sino que fue para efectos de reponer el procedimiento.
Una revisión al expediente 8339/22-07-02-2-OT del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señala que fueron impugnadas las notificaciones y los requerimientos y en la sentencia se decide que la autoridad fiscalizadora se extralimitó en sus funciones al solicitar datos no contemplados en las leyes, por lo que deja sin efecto el oficio 500-30-00-04-02-2022-02062 que contiene el crédito fiscal.
No obstante, la misma sentencia aclara que la resolución no impide a la autoridad competente “ejercer sus facultades discrecionales, que ante la violación analizada no pueden ser vedadas” y expone que la autoridad hacendaria, si así lo considera, “deberá reponer el procedimiento”.
Y el Servicio de Administración Tributaria decidió reponerlo. En cumplimiento a la sentencia, según el expediente SAT-7S.2-2020-929 y en la orden PGM6300006/20 (CGR6300001/25) le notifica al OPD Servicios de Salud Jalisco el 27 de junio de 2025, el nuevo crédito fiscal según el oficio 500-30-004-02-2025-03967.
Sólo que ahora el monto ya no es de 515 millones, sino por 575 millones 597 mil pesos. En el desglose, 236 millones 131 mil pesos son por retenciones de salarios, servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles; 184 millones 950 mil pesos por recargos y 154 millones 515 mil pesos por concepto de multas.
De acuerdo con especialistas consultados, el crédito fiscal fijado en junio, podría alcanzar para el mes de septiembre en actualizaciones unos 580 millones de pesos.
En una manifestación realizada por la abogada María Catalina Núñez Cué de Núñez López Consultores, S.C. dirigida al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el juicio de amparo 945/2024, argumenta que es inexacto que hayan dejado de existir las necesidades del servicio que motivaron la licitación de Salud Jalisco para la defensa por el adeudo fiscal.
Pide al juzgado federal que solicite las constancias del crédito fiscal 500-30-004-02-2025-03967 del 27 de junio de 2025 y que requiera a las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informes sobre algún juicio contencioso promovido por el OPD Servicios de Salud Jalisco en contra de este oficio del SAT, para demostrar que no hay imposibilidad material ni jurídica para que la responsable cumpla con el fallo del amparo.
Por último, refiere que, en la resolución del amparo, se advierte que la reparación física y material no es imposible, pues la autoridad administrativa puede implementar mecanismos necesarios para indemnizar a la quejosa por los daños causados ya que, al no acatarle el fallo protector, se convalidarían las ilegalidades lo que es impensable en un estado de derecho.