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Aunque la más reciente auditoría practicada al Sistecozome arrojó numerosas irregularidades que motivaron su extinción, la realidad es que la marcha del organismo siempre ocurrió dando tumbos y no fue la única revisión que desnudó el desastre operativo y financiero.
Una auditoría realizada al período del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 28 de febrero de 2013 (antes de iniciar el 01 de marzo el gobierno de Aristóteles Sandoval), ya daba cuenta de los abusos cometidos por el ex director Lázaro Salas Ramírez en la administración de Emilio González Márquez.
Según el oficio DGP/02223/2014 del 28 de enero de 2014 dirigido al director Javier Contreras Gutiérrez, se informaba del daño patrimonial, desvío de recursos, “incompetencia, negligencia e ineptitud”, que propiciaron que el organismo esté en una “inminente quiebra financiera” y recomendaban acciones legales contra los responsables.
En el rosario de irregularidades, señalaba que Sistecozome no cobraba a Empresa Macrobús, S.A. casi cinco millones de adeudos; casi un millón de pesos en cheques devueltos; pagos a proveedores sin contrato y más de 13 millones de pesos de cuotas de Pensiones retenidas a los trabajadores pero no entregadas al citado instituto.
Además, figuran pagos a subrogatarios por un millón 200 mil pesos sin comprobantes; nueve aportaciones de subrogatarios por 400 mil pesos cada una sin recibo de por medio; 127 demandas contra el organismo; 113 demandas laborales pendientes y préstamo recibido por tres millones de pesos de la Secretaría de Finanzas para aumentos de sueldos que no fue utilizado en dicho concepto.
La cereza del pastel es el pago de estudios de doctorado en derecho para Lázaro Salas Ramírez, ex director general y Roberto Dávila Sánchez, ex director jurídico, así como un curso de inglés para diez personas por lo que se pagó 127 mil 615 pesos.
Pese a la evidencia, no se actuó contra los responsables y el desastre continuó con la nueva administración.
Otra auditoría practicada entre el 01 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2013 y entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, arrojó entre otras cosas lo siguiente:
Más de 200 ex trabajadores del Sistecozome que dejaron la empresa sin pagar 469 mil pesos; un millón 310 mil pesos de cheques devueltos; desorden en los inventarios en seis almacenes por más de ocho millones de pesos; más de 25 mil piezas faltantes y embargo del IMSS por cuotas no cubiertas por un millón 190 mil pesos, entre otras anomalías.
Y en la más reciente auditoría la Contraloría hace un recuento de irregularidades que fue determinante para que los diputados abrogaran la ley que dio vida al Sistecozome.
Según el reporte de la Contraloría DGP/5456/2016, la deuda histórica sumaba en agosto de 2016, 498 millones 529 mil pesos, de los cuales anteriores administraciones endeudaron al organismo con 230 millones 133 mil pesos, mientras que la actual administración acumuló deudas por 268 millones 396 mil pesos, que equivale al 54 por ciento del total.
El documento señala que las anteriores administraciones le generaron a Sistecozome pérdidas por 42 millones 602 mil pesos, en tanto que la actual administración, generó pérdidas por 441 millones 549 mil pesos.
El informe recomienda sancionar a los responsables del daño patrimonial y eso podría incluir al ex director Javier Contreras Gutiérrez.
Pero eso está lejos de suceder. En mayo de 2017, junto a su equipo directivo, fue indemnizado y en diciembre pasado, cuando se registraron cuatro precandidatos del tricolor a la alcaldía tapatía, el hombre que recibió los documentos de los aspirantes, fue Javier Contreras, en su carácter de presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI en Guadalajara.
