La avenida López Mateos, uno de los principales corredores viales de Guadalajara, vuelve a colocarse en el centro del debate público con una propuesta que parece más cercana a la ciencia ficción que a una política de movilidad sostenible: construir un paso subterráneo de 35 kilómetros de extensión.
El trazo iría desde la gasolinera Las Cuatas, en Tlajomulco, hasta la zona de Circunvalación División del Norte, prácticamente atravesando de sur a norte el área metropolitana. La obra se plantea como una alternativa para “desfogar” el tráfico, pero la magnitud del proyecto lo convierte en una idea de enormes riesgos financieros, técnicos y ambientales.
Un túnel urbano de esa dimensión sería uno de los más largos de América Latina y de los más costosos del mundo. Con base en proyectos similares, cada kilómetro de túnel puede costar entre 200 y 400 millones de pesos, dependiendo de los suelos y de la infraestructura necesaria para ventilación, seguridad e iluminación. Esto significa que un paso subterráneo de 35 kilómetros tendría un costo que oscilaría entre 7,000 y 14,000 millones de pesos, sin contar sobrecostos inevitables que suelen disparar las cifras finales.
Además del gasto descomunal, el proyecto tendría que enfrentar la realidad física de López Mateos: una avenida que se inunda cada temporada de lluvias. Las corrientes de agua que descienden desde el sur convierten a esta vialidad en un cauce natural, lo que haría que el hipotético túnel sufriera filtraciones constantes, riesgo de colapsos y cierres prolongados durante los meses de tormentas. Habría que invertir en bombas de gran capacidad y en sistemas de drenaje avanzados, encareciendo aún más la obra.
El impacto en tiempos de traslado tampoco está garantizado. Estudios de movilidad demuestran que las obras que buscan “desfogar” avenidas principales solo tienen un efecto temporal, ya que inducen a un mayor uso del automóvil. Esto significa que al principio podría haber un flujo más ágil, pero en pocos años volvería a saturarse, pues más personas optarían por usar su coche confiadas en la existencia del túnel.
El costo social y económico también es considerable. Una obra de estas dimensiones obligaría a cierres parciales prolongados en López Mateos, generando caos vial durante los años de construcción. Los negocios, colonias y usuarios de esta vía verían afectada su vida diaria sin certeza de que el beneficio final sea duradero. Guadalajara ya experimentó con pasos elevados y túneles en otras zonas, que resolvieron de manera parcial y temporal el tráfico, pero no detuvieron el crecimiento del parque vehicular.
A nivel internacional, existen ejemplos similares que muestran los riesgos de este tipo de proyectos. El túnel de Boston, conocido como Big Dig, terminó costando más del triple de lo proyectado y generó décadas de endeudamiento. En México, túneles urbanos de menor tamaño, como los de Monterrey y la Ciudad de México, han enfrentado problemas de filtraciones e inundaciones constantes, que obligan a cierres periódicos y altos costos de mantenimiento.
El impacto ambiental también es un punto de crítica. Una obra subterránea de esta magnitud requeriría remover millones de metros cúbicos de tierra y alterar acuíferos en una ciudad que ya padece estrés hídrico. Además, enviaría un mensaje contrario a las políticas de movilidad sustentable que buscan priorizar el transporte público y la reducción del uso del automóvil.
Plantear un paso subterráneo de 35 kilómetros bajo López Mateos no solo es un desafío financiero casi imposible de sostener, sino que parece una apuesta condenada a reproducir los mismos errores de las “soluciones” viales de décadas pasadas: mucho gasto, alto impacto, beneficio efímero. Si antes se calificó como una locura levantar un segundo piso sobre esta avenida, la propuesta de hundir un túnel debajo parece aún más desproporcionada y sin rumbo frente a los verdaderos retos de movilidad que enfrenta Guadalajara.