La Recomendación General 3/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) fue emitida en marzo de 2018 como respuesta al incremento de desapariciones en el estado, que en ese momento ocupaba el tercer lugar a nivel nacional.
Se emitió con el objetivo de que el Estado y las instituciones involucradas generaran acciones para atender este fenómeno, el cual constituye una grave violación a los derechos humanos que afecta directamente a las personas desaparecidas, a sus familiares y seres queridos, así como a la comunidad en general.
A siete años de su emisión, la desaparición de personas continúa siendo un fenómeno sistemático en México y en Jalisco, lo que exige mantener la atención prioritaria en esta agenda.
A la fecha, se estima que existen poco más de 133 mil víctimas directas1 de desaparición en nuestro país y más de 15 mil2 en el estado, sin considerar que diversos organismos y organizaciones de la sociedad civil han señalado un sub registro de la cifra.
Jalisco se mantiene como epicentro de esta problemática a nivel nacional, ante lo cual se requiere una respuesta integral por parte de todas las autoridades e instituciones del Estado mexicano encargadas de la seguridad y la protección a los derechos humanos.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto, y con la convicción de que las autoridades federales, estatales y municipales deben sumarse y hacer uso de todas las herramientas para enfrentar esta problemática de manera integral, colocando en el centro la dignidad de las personas, su derecho a no ser desaparecidas, a la búsqueda y localización, así como a la reparación del daño, la CEDHJ presenta este documento que da cuenta de los avances alcanzados en la aceptación y cumplimiento de la Recomendación General 3/2018, así como de los desafíos que persisten en la protección y garantía de los derechos de las víctimas y sus familias.
Contexto y alcances de la Recomendación General
La Recomendación fue dirigida a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a la Fiscalía General del Estado; al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVJ) y a los 125 ayuntamientos del estado.
Entre los principales puntos recomendatorios destacan:
• Fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación mediante la creación de áreas especializadas, con personal capacitado, presupuesto suficiente y equipo adecuado.
• Homologar protocolos de búsqueda con estándares nacionales e internacionales para garantizar la eficacia y rapidez en la localización de personas.
• Proporcionar atención integral a víctimas y familias, incluyendo servicios médicos, psicológicos, legales y de apoyo económico.
• Mejorar la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno mediante mecanismos claros y eficaces de colaboración.
• Impulsar reformas legislativas para armonizar la tipificación penal de la desaparición con tratados internacionales y reconocer plenamente los derechos de las víctimas indirectas.
A la fecha, esta Recomendación se encuentra aceptada por todas las autoridades estatales a las que fue dirigida y por 109 ayuntamientos. Cabe señalar que 16 ayuntamientos no se han pronunciado aún sobre esta Recomendación.
En cuanto a los avances de cumplimiento generados en los ayuntamientos, se observa, entre otras acciones, la implementación de cambios en prácticas administrativas, así como la elaboración y puesta en marcha de políticas públicas orientadas a atender la problemática de las desapariciones.
De manera particular, destaca el municipio de Guadalajara, que cumplió con los puntos recomendatorios y cuyo expediente fue archivado el 30 de octubre de 2023
También es importante mencionar que presentan avances significativos los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. En lo que respecta a los municipios fuera del área metropolitana, se encuentran Autlán de Navarro, Cocula, Ocotlán y Puerto Vallarta, los cuales han mostrado progresos en el cumplimiento de las medidas.
No obstante, los avances alcanzados hasta el momento siguen siendo limitados y reflejan una marcada disparidad entre los municipios. Esta diferencia responde, en gran medida, a las particularidades de cada contexto local, tales como la disponibilidad de recursos, las capacidades institucionales, la continuidad de las administraciones y la voluntad política para dar seguimiento a las recomendaciones.
La defensoría ha documentado la actuación deficiente de las autoridades en la investigación del delito, la falta o insuficiencia de acciones efectivas de búsqueda y localización, así como la re victimización secundaria que han enfrentado los familiares de las personas desaparecidas.
La CEDHJ mantiene el seguimiento puntual a la Recomendación General 3/2018, así como a las 125 Recomendaciones particulares emitidas a los ayuntamientos en el año 2021 (8 a la 132/2021) y a las emitidas recientemente. En ellas persisten fallas institucionales que requieren atención urgente.
Las Recomendaciones deben asumirse como una herramienta esencial que impulsa el trabajo colaborativo. En la medida en que autoridades y todos los sectores de la sociedad reconozcan la importancia de sumar esfuerzos, tiempo y voluntad, será posible avanzar hacia respuestas más efectivas.
No obstante, la persistencia de la desaparición de personas como un fenómeno sistemático exige redoblar esfuerzos, cerrar brechas de cumplimiento y mantener a las víctimas y a sus familias en el centro de toda acción pública.